El Organismo de Mejora Regulatoria (OMR) inició, este 2 de mayo, la implementación del Registro Nacional de Trámites, a través de un proyecto piloto en seis ministerios del Estado con el objetivo de evaluar la legalidad de 30 trámites en cada uno de ellos y eliminar los que sean innecesarios o no tengan base legal.
Los ministerios en los que se inició este plan piloto son Hacienda, Economía, Educación, Obras Públicas, Cultura, y Agricultura y Ganadería.
“En promedio, el OMR ha identificado que cada trámite gubernamental cuenta con 11 requisitos. El proyecto piloto tiene como objetivo analizar y verificar la legalidad de los requisitos de los trámites. Si un requisito no tiene base legal, el ministerio correspondiente deberá proceder a su eliminación”, explicó Jaime Campos, director ejecutivo del OMR.
También señaló que en caso de considerarse aún necesario dicho requisito, cada ministerio deberá aprobar una regulación que lo respalde.
La tarea de cada ministerio será evaluar y cuestionar cada uno de los trámites y los requisitos que exijan a particulares si es que están fundamentados por ley, si realmente son necesarios o pueden simplificarse o incluso anularse, esto con el afán de ser ágiles, eliminar costos, eliminar tiempos y eliminar cualquier ventana o espacio que pueda dar lugar a corrupción.
Luego, esa legalidad que argumente cada institución debe ser verificada por el OMR antes de proceder a su inscripción en el Registro Nacional de Trámites, con el efecto de que proceso que no esté inscrito no puede ser exigido a las personas.
Costos
El OMR ha identificado que solo en los 14 ministerios del Ejecutivo existen 835 trámites, divididos a su vez en 2,240 modalidades. Una modalidad de trámite consiste en requisitos diferentes que son solicitados para un mismo trámite. Por ejemplo, en la emisión de pasaporte, que es un solo trámite, pueden existir diversas modalidades si el solicitante es una persona mayor de edad o bien un niño, niña o adolescente.
El costo que los 835 trámites gubernamentales genera a la sociedad es de $407 millones anuales, es decir, el 1.7 % del PIB.
“La legalidad de los requisitos de todos estos trámites debe ser verificada por el OMR antes de proceder a su inscripción en el Registro Nacional de Trámites, con el efecto de que trámite que no esté inscrito no puede ser exigido a las personas.
Para ello, la Ley de Mejora Regulatoria otorga un plazo de 24 meses contados a partir de su vigencia; pero en principio, el OMR ha decidido iniciar la implementación de esta herramienta con el proyecto piloto, a fin de generar información suficiente para emitir posteriormente lineamientos de carácter general y proceder así a la inscripción de todos los trámites estatales”, informó el director del OMR.
Existen varias formas de simplificar los trámites, como digitalizarlos, eliminar requisitos, ampliar los plazos para las personas cumplan con sus requisitos o reducir los tiempos de respuesta de las entidades públicas.
Campos explicó además que todas estas acciones están contempladas para los planes de simplificación de trámites que han firmado hasta el momento 11 ministerios del Ejecutivo.
Campos proyecta que en lo próximos días se sumen los de Justicia y Seguridad Pública y Relaciones Exteriores. Únicamente estaría pendiente para firmar su respectivo plan de simplificación, el Ministerio de Trabajo.
La meta trazada para el bienio 2019-2020, con el apoyo de Fomilenio II, es que se reduzcan en un 20 % los costos por la tramitomanía, lo que equivale a $80 millones anuales.
Excepciones
Toda esta evaluación para la regulación de trámites está alineada con la Ley de Mejora Regulatoria (LMR) que entró en vigor el 9 de abril.
Sin embargo hay excepciones, por lo tanto no se aplicará la normativa sobre el Presupuesto General del Estado, presupuestos especiales y presupuestos extraordinarios.
Tampoco en la emisión de regulación del sistema financiero que corresponde ejercer al Consejo Directivo y al Comité de Normas del Banco Central de Reserva, salvo cuando lo solicite un ente supervisado por contravenir, dificultar o atrasar la aplicación de las normas legales, los principios de esta Ley o se recaiga en lo previsto en la Ley de Procedimientos Administrativos, en lo que respecta al silencio administrativo; tampoco en tratados, convenciones y acuerdos internacionales;
Esperan crecer en competitividad
Para el sector privado, exportadores, importadores, inversionistas, constructores la tramitomanía (exceso de trámites) y la excesiva burocracia han sido y siguen siendo un dolor de cabeza, por lo que con la entrada en vigor de la LMR las expectativas es que el país pueda crecer en competitividad, haciendo más ágiles los trámites del comercio y los proyectos.
Según el estudio que hizo anteriormente el OMR, el trámite más costoso en tiempo y requisitos es el de las importaciones definitivas de mercancías, que se realiza en aduanas, y es parte de los que siempre han señalado los exportadores e importadores que les resta competitividad debido al tiempo u otros obstáculos que se imponen en los puestos fronterizos a discreción
Para la presidenta de la Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio (Cifacil), Carmen Aída de Meardi, una de las medidas clave para la aplicación de la Ley y el desempeño del OMR es la capacitación de los servidores públicos, ya que muchos de ellos actúan de forma arbitraria y obstaculizan el trabajo para los empresarios.
Sin embargo, espera que con la evaluación, simplificación y eliminación de trámites y requisitos innecesarios el país pueda reducir la tramitonamía y disminuir la excesiva burocracia que siempre ha estancado el comercio y las inversiones en El Salvador, concluyó la presidenta.