El refuerzo presupuestario que solicitó el gobierno a la Asamblea de $4.3 millones para el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), ha encendido las alarmas entre los abogados defensores de derechos humanos y especialistas en transparencia y combate a la corrupción.
El pasado 14 de junio de 2021 ingresó a la Asamblea una solicitud de refuerzo presupuestario por un monto total de $30 millones, de los cuales, $4.3 millones van para gastos de Inteligencia del Estado, según se desprende de la pieza de correspondencia recibida por el pleno el martes pasado.
En ese documento se detalla un refuerzo del gasto para el OIE para el rubro de Inteligencia del Estado de $3 millones; para Protocolo del Estado $559,000; y para Seguridad del Estado $756,000, haciendo un total de $4.3 millones.
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El gobierno justifica este refuerzo presupuestario mediante la modificación del Gasto de la Nación de 2021, debido a que en un decreto legislativo del 23 de diciembre de 2020, la anterior legislatura hizo una disminución de las asignaciones de la Presidencia de la República y de sus oficinas adscritas por $53.4 millones.
Esto ocasionó un déficit en los gastos operativos y de funcionamiento, dice la propuesta de reforma solicitada por el Secretario Jurídico de la Presidencia, Conan Castro.
Sin embargo, la disminución se debió a los ajustes que hicieron los diputados de la anterior legislatura para aprobar el presupuesto General de la Nación de 2021 sin tener que incurrir en más adquisición de deuda.
A criterio de dos abogados expertos en derechos humanos y transparencia, esta redirección de fondos puede tener un trasfondo oscuro para no rendir cuentas de los dineros que maneja la Presidencia de la República; y para profundizar “el seguimiento” a periodistas y personas defensoras de los derechos humanos.
“El aumento del presupuesto del OIE evidencia la resistencia a transparentar los gastos de Casa presidencial que se ejecutan a través del OIE, lo que implica que, en tiempos de persecución política, fondos públicos sean utilizados para la compra de tecnología que les garantice mayor seguimiento y control, tanto de los periodistas como de los defensores de derechos humanos, incómodos por sus señalamientos frente a las actitudes opacas y violatorias del gobierno”, afirmó la abogada Ruth Eleonora López.
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Además, dijo que la falta de transparencia de estos fondos permite la compra de voluntades, contrataciones irregulares o incluso pago a grupos criminales. “Nada de esto es posible saberlo bajo el actual esquema”, reiteró López.
Esta inyección de más recursos al OIE suena sospechoso, dice la abogada, tras las declaraciones recientes del Ministro de Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, quien en una entrevista con la radio YSKL mencionó que están “dando seguimiento” a periodistas que, según el funcionario, hacen “apología del delito”.
La última acción que evidencia también la “censura” a los medios de comunicación en temas relacionados a homicidios es la resolución del Juzgado Primero de Paz de Santa Ana, al ordenar a la Revista Factum retirar la noticia que publicó el 12 de junio de 2021 sobre el asesino de Chalchuapa.
La Fiscalía argumentó que se brindan detalles de los crímenes cometidos cuando el caso tiene reserva. La noticia de la revista Factum se tituló “Asesino de Chalchuapa confiesa cómo mataron a trece víctimas en el último caso”. La Fiscalía señaló que lo hizo del conocimiento del juez tomando en cuenta el artículo 57 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres.
Roberto Burgos, catedrático universitario en derechos humanos, dice por experiencia propia que conocer el gasto del OIE es monumentalmente difícil, incluso, la misma Corte de Cuentas de la República ha encontrado tropiezos para fiscalizar esa entidad.
“En el caso del OIE parece un agujero negro, en el cual se invierte mucho y se da a conocer muy poco”, señaló Burgos. Recuerda que existe una sentencia de la Sala de lo Constitucional de 2018 que señaló que los principios de democracia y transparencia también aplican para el OIE y que tampoco está fuera del alcance del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
De acuerdo a Burgos, con estas acciones se está dejando a El Salvador en una situación similar como la que está viviendo Nicaragua, pero que aún es tiempo de rectificar.
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“Ya habíamos superado estas etapas de guerra, donde la sección dos, del Estado Mayor con el antiguo aparato de Inteligencia del Estado estuvo involucrado en violaciones de derechos humanos”, recordó Burgos.
Agregó que el imponer censura a los periodistas y señalar que el gobierno los “monitorea”, ya que eso se hace desde el OIE, es una “cosa equivocada”, que habría que indagar por qué se invierte en el OIE una cantidad millonaria que no se sabe en qué lo va a gastar.
También dice que preocupa que el OIE se haya convertido desde las administraciones anteriores del gobierno, en el último reducto de la opacidad y el secreto absoluto en materia de fondos públicos, una situación que aprovechó también el expresidente Antonio Saca, ahora preso por corrupción.