El 26 de diciembre de 2019, en el caserío Planes del Ranchador, del cantón Llano Largo, municipio y departamento de Santa Ana, Erick González murió por disparos hechos por policías, quienes dijeron que fue un enfrentamiento.
Personal de la División de Laboratorio Científico (DPTC) fue a la escena. Cuando ya habían buscado evidencias según el protocolo, un subcomisionado apareció en la escena y dijo que había una pistola en un lugar donde la DPTC, incluyendo los fiscales asignados, ya habían buscado, encontrando solo un teléfono celular y unos audífonos.
Resultaba imposible no haber visto el arma de fuego. El mismo fiscal había buscado en el lugar.
Vecinos con quienes El Diario de Hoy conversó afirmaron también que Erick no andaba armado y que vieron cuando un policía colocaba un arma de fuego. En la escena solo había cinco casquillos del calibre 5.56 mm.
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Ante la negativa de miembros de la DPTC de levantar el arma como evidencia, se la pusieron a un menor de edad que fue capturado en ese mismo hecho, consignan documentos a los que El Diario de Hoy tuvo acceso. El menor recuperó su libertad a los pocos días, según vecinos de la colonia Jordán.
Además de los documentos, versiones de vecinos dicen que no hubo enfrentamiento, sino una persecución al final de la cual mataron a Erick.
Un caso más…
El 10 de enero de este año, en la colonia El Milagro, municipio de El Congo, al mediodía ocurrió un enfrentamiento entre policías y pandilleros resultando tres de estos muertos y dos policías heridos.
De acuerdo con fuentes policiales y vecinos, este sí fue un enfrentamiento. En una pared de bloques de cemento está una serie de agujeros hechos tal vez por una ráfaga.
Casi por 24 horas los residentes inmediatos al sitio del tiroteo fueron obligados a encerrarse en sus casas mientras la
División de Policía Técnica y Científica recolectaba evidencias a lo largo de unos 800 metros entre el lugar donde inició el enfrentamiento y donde quedó el cuerpo de uno de los tres pandilleros.
La DPTC peinó toda la escena. Les llevó casi 24 horas recoger todas las evidencias. En ese enfrentamiento participó el subinspector Aníbal Nolasco.
Sin embargo, tres días después, el 13 de enero, llamaron de nuevo a la DPTC porque frente a la pared que aún tiene marcas de la balacera estaba un fusil.
Lo raro es que a tres o cuatro metros de donde estaba el arma, el día del enfrentamiento se había fijado evidencias. ¿Cómo no ver un fusil? Es más, el mismo 13 de enero, en la mañana, un grupo de policías había andado fotografiando grafitis de pandillas y estuvo justamente en ese mismo lugar. No había nada.
Pero a media tarde, en la DPTC cayó una llamada en la que se les ordenaba que fueran a recoger una arma de fuego que no habían visto el día de la escena. Cuando llegaron, allí estaba el subinspector Nolasco, a pesar de que por haber participado en el enfrentamiento debía estar resguardado en la subdelegación de El Congo, donde era el jefe de investigaciones.
Cuando los de la DPTC preguntaron cómo habían hallado el arma, Nolasco dijo que un bolo les había avisado, luego dijo que una amiga; posteriormente, un sargento dijo que él andaba patrullando el lugar y que uno de los soldados que lo acompañaban había hallado el arma. En todo caso, no daban el nombre del bolo, de la amiga ni del soldado.
Los de la DPTC se negaron a levantar la supuesta evidencia si no había alguien que se hiciera cargo de haberlo encontrado. Al final fue el sargento quien firmó como que él lo halló. El fusil fue levantado como evidencia no sin antes dejar constancia de que el día del enfrentamiento no había tal arma en el lugar, como querían hacer ver tanto el sargento como los subinspectores Nolasco y Palma, este último, jefe de la subdelegación de El Congo.
PDDH investiga acoso laboral a policías que denunciaron
Algunas veces sucede que, en la PNC, negarse a ser parte de un delito y, aún más, denunciar a un superior, tiene sus costos.
Haberse negado a recoger una arma de fuego que querían implantar en la escena de un crimen, disfrazado de enfrentamiento donde murió Erick González (el 26 de diciembre de 2019) y negarse a aceptar que fueron negligentes por no haber visto un fusil en la escena de un verdadero enfrentamiento (el 10 de enero de 2020) afectó al equipo de la DPTC que procesó ambas escenas.
Diversos documentos a los que se ha tenido acceso indican que la Procuraduría de Derechos Humanos, oficina de Santa Ana, está investigando el caso.
La coordinadora nacional de delegaciones, Ana María Delgado, confirmó que la investigación está en su fase investigativa y que muy pronto la institución podría emitir una resolución.
De acuerdo con Delgado, la investigación es por la vulneración de los derechos de seguridad personal y acoso laboral.
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Según la funcionaria, la Fiscalía General de la República y la Inspectoría General de Seguridad Pública ya tienen conocimiento de los hechos, pues para su investigación han debido solicitarles informes.
Otras fuentes de El Diario de Hoy afirmaron que también esas instancias tienen conocimiento de los casos cuya denuncia dieron pie al acoso laboral y a la vulneración de la seguridad de al menos un integrante del equipo de la DPTC que procesó ambas escenas.
De acuerdo con documentos agregados a las investigaciones a los que se tuvo acceso, el encargado del equipo de la DPTC, con entre 15 y 20 años de experiencia en esa división, fue trasladado a una subdelegación del departamento de Santa Ana, a realizar tareas de seguridad pública.
Previo a su traslado, un alto jefe policial lo llamó a su oficina para recriminarle su actitud en el caso del falso tiroteo donde mataron a Erick González, el 26 de diciembre.
En el documento consta que un comisionado lo reprendió diciéndole que su deber era recoger las evidencias en una escena, no emitir juicios de valor.
Sin embargo, en ese mismo caso, los fiscales que llegaron a la escena se percataron de que, claramente, se quería alterar la escena colocando una arma de fuego tipo pistola en donde ellos mismos habían ayudado a buscar evidencias a la DPTC.
En el caso del verdadero tiroteo, las fuentes policiales dicen que no comprenden por qué se quiso hacer ver que ese fusil había sido utilizado en ese hecho, implantándolo tres días después.
Para las fuentes policiales, y también para la PDDH, en ambos casos podría haber vulneración de derechos hacia otras personas que podrían estar siendo procesadas por ambos incidentes.
El Diario de Hoy intentó conocer la versión del subinspector Nolasco pero no fue posible a pesar de haber hecho el trámite a través de la oficina de prensa de la delegación de Santa Ana.