El viernes 6 de septiembre, la canciller Alexandra Hill, firmó junto a la Organización de Estados Americanos (OEA) una carta de intenciones para establecer una Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), que de momento queda adscrita al Ejecutivo.
En su artículo 1.1., la carta firmada entre ambos establece que las partes, Gobierno y OEA, “manifiestan su intención de establecer una CICIES, y se comprometen a firmar un convenio con ese propósito dentro de los tres meses siguientes a la suscripción de esta Carta de Intención”. Este convenio, añaden, deberá cumplir los procesos legales correspondientes de cara a entrar en vigor en el país.
Si bien las atribuciones y competencias de la CICIES no han sido definidas, el acuerdo que dé vida a esta comisión podría requerir aval legislativo si pretende asignar funciones como conducir investigación independiente y facultades de sumarse como querellantes a procesos penales promovidos por la Fiscalía.
Sin embargo, si solo se pretende establecer una comisión presidencial de cooperación técnica, esto podría funcionar sin aval legislativo y sus facultades serían muy limitadas.
Pese al plazo de tres meses para formalizar el convenio, las partes abrieron la puerta a cooperar para prevenir el delito y apoyar investigaciones. Según Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana (AC), esto supone una contradicción, pues una institución cuyas competencias no han sido definidas no puede empezar a operar. “Cómo va a operar si no está legalmente constituida”, cuestionó.
Según la carta de entendimiento, otros aspectos a definir serán las atribuciones y el mandato de la comisión; cómo cooperará con el Gobierno; la inmunidad y privilegios que gozarán sus miembros; y su financiamiento, entre otros detalles.
“No hay aún una CICIES”
Ayer, el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) afirmó que “no hay en El Salvador aún una CICIES” pese a que se anunció que funcionaría antes de los 100 días de gobierno.
Su presidente, José Miguel Arévalo, explicó a este medio que solo “se ha adquirido es un compromiso de establecerla” y añadió que “no hay, ni habrá CICIES como se prometió en el Plan Cuscatlán, y que imite las experiencias de Guatemala y Honduras hasta que no haya un convenio formal con la OEA o la ONU y que sea ratificado por la Asamblea Legislativa”.
Por su parte, Escobar añadió que sin aval legislativo la comisión tendría facultades muy limitadas y que con base a lo anunciado el viernes, podría limitarse a fortalecer procedimientos internos en el Ejecutivo. Sin embargo, advierte que la carta de entendimiento “termina reconociendo que debe someterse al proceso de ratificación legislativa de convenios que establece la Constitución”.
Claudia Ortiz, de Funde, considera que el documento “es una carta de intención bastante vaga que lo único que deja claro es que se firmará un convenio dentro de 3 meses para establecer la CICIES y cuáles son los principios que van a tener que primar en ese convenio”.
Ortiz lamentó que la carta no sea contundente en definir el alcance de la CICIES y recordó que sigue pendiente aclarar el rol de la ONU, dado a que la semana pasada un vocero de esta institución dio a conocer que el Gobierno también solicitó apoyo para una comisión.
