El exdirector de Odebrecht en Perú Jorge Barata confirmó la existencia del “Club de la construcción”, formado por empresas asociadas para adjudicarse obras a cambio de sobornos, contó ayer el fiscal peruano Germán Juárez, integrante del Equipo Especial del caso Lava Jato.
“De manera genérica, (Barata) ha señalado a algunas empresas que conformaban el grupo del ‘Club de la Construcción’. Incluso, ha señalado que Odebrecht también pertenecía a este club”, indicó el fiscal después del interrogatorio llevado a cabo en la sureña ciudad brasileña de Curitiba.
El fiscal expresó que la primera parte de las diligencias de este jueves ha sido más corta porque el exdirector solo respondió acerca de lo que le constaba.
Barata “no todo el tiempo estuvo en el cargo de superintendente de Odebrecht en el Perú” y, cuando llegó al país andino, “ya existía ese ‘Club de la Construcción’”, relató el fiscal.
“La diligencia ha sido más corta, porque han sido preguntas más puntuales, ya que ya había declaraciones anteriores de funcionarios y lo que ha hecho es corroborar algunos datos”, añadió Juárez.
Aunque no precisó el nombre de las compañías que conformarían dicho “club”, el fiscal aseguró que el interrogatorio de ayer “ha avanzado” y “más que todo corroboró la información de otros empleados de Odebrecht que ya habían declarado”.
Añadió que Barata igualmente admitió que el exgobernador regional de Cusco Jorge Acurio Tito “pidió un soborno del 3 % del valor referencial de la obra ‘Vía de Evitamiento’”.
En el marco del acuerdo de colaboración firmado con el Ministerio Público peruano, los interrogatorios a Barata comenzaron el martes con preguntas sobre los aportes ilegales de Odebrecht a campañas de diversas figuras políticas del Perú.
En la ocasión, también fueron tratadas las acciones llevadas a cabo por el expresidente peruano Alan García, quien se suicidó el pasado 17 de abril antes de ser arrestado, acusado supuestamente de favorecer determinados contratos de Odebrecht en el Metro de Lima.
En la jornada también lo interrogaron sobre los arbitrajes de contratos del Ministerio de Transporte y movimientos en la banca privada de Andorra de Odebrecht.
El pasado 16 de febrero, los fiscales peruanos firmaron en Sao Paulo un acuerdo en el que Odebrecht se dispuso a entregar documentos “valiosos” y a pagar 610 millones de soles peruanos (unos 185 millones de dólares) al Gobierno del país andino por los sobornos realizados.
Revela identidad de implicados
El jefe de la Fiscalía peruana para el caso Lava Jato, Rafael Vela, se mostró satisfecho por los avances a partir de los aportes de Barata, quien “respondió a todas las preguntas” y entregó nombres que eran manejados en clave para no ser detectados por las autoridades.
Barata decodificó este martes en Brasil los alias usados dentro del sistema que controlaba las tramas de corrupción de la empresa en Perú.
“En esa dimensión, (…) el señor Barata ha dado una explicación de las rutas del dinero y de los pagos referidos”, afirmó Vela a la prensa al dejar, durante un intervalo, la Procuraduría de la República de Brasil en el estado de Paraná.
El fiscal, quien se negó a ofrecer detalles sobre las confesiones de Barata para evitar perjudicar las investigaciones, también recalcó su “absoluta satisfacción” con las declaraciones del brasileño radicado en Perú en la segunda jornada de interrogatorios.
El día anterior, Barata ya había contestado a preguntas del Ministerio Público y de los abogados de defensa de los investigados y confirmado que Odebrecht aportó dinero a campañas políticas de Alan García, además de Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski, Ollanta Humala, Lourdes Flores Nano y Susana Villarán.
Según el portal peruano IDL Reporteros, que cita declaraciones de Barata, Odebrecht le entregó $31 millones en sobornos a Toledo.
Sobre el proceso de “homologación” de la colaboración de Barata con la Justicia peruana, Vela explicó que este sigue en trámite y que, como garantía para acogerse a los beneficios de delación, el exejecutivo deberá entregar próximamente “4,000 folios de información proveniente” de los sistemas “My Web Day” y “Drousys”.
A través de esos sistemas, la constructora brasileña implicada en escándalos de corrupción en varios países latinoamericanos solicitaba, procesaba y controlaba las operaciones para el pago de soborno.