Obras en la presa El Chaparral detenidas desde hace 26 días por protestas

Pobladores dicen que solo les han construido tres de las 19 obras que prometieron. Desde el 18 de julio no permiten el paso a empleados de la autónoma ni de empresas constructoras. Se intentó obtener la posición de CEL sobre este caso pero hasta el lunes continuaban de vacaciones

Gumercindo Ramos y Eusebio Sorto explican el motivo por el que desde el 18 de julio han cerrado el paso hacia la presa El Chaparral. Foto EDH / Lissette Lemus

Por Jorge Beltrán Luna

Ago 13, 2019- 06:30

La construcción de la presa hidroeléctrica El Chaparral está afrontando un nuevo contratiempo: Habitantes del cantón San Antonio Las Iglesias, de San Luis de la Reina, mantienen bloqueado el paso a empleados de la Cel (Comisión Ejecutiva del Río Lempa) y de las constructoras.

El bloqueo comenzó el pasado 18 de julio. Varias piedras de regular tamaño, pedazos de madera y conos reflectivos están a lo ancho de la calle. Una pancarta explica el asunto: “Exigimos el cumplimiento de las obras sociales prometidas por Cel”.

 

Pobladores del cantón San Antonio Las Iglesias, del municipio San Luis de la Reina en San Miguel, han bloqueado el acceso de trabajadores al área en protesta por la falta de construcción de obras sociales en la zona que, según dijeron, CEL les había prometido

 

Día y noche, un grupo de hombres está atrás de la barricada y solo permiten el paso de los pobladores, transporte público y vendedores ruteros. La protesta es pacífica, dicen, pero por las dudas, tienen a la mano algunos garrotes.

La obstaculización de paso será levantada hasta que haya muestras concretas de que las obras prometidas les serán construidas, aseguran.

“El objetivo del cierre es impedir el acceso a personal de Cel y de empresas constructoras. Nos habían dicho que nos harían un pozo, dijeron que ya tenían la carpeta técnica, pero hasta el momento no han hecho nada”, dijo Carmelo Hernández, uno de los líderes de la comunidad de San Antonio Las Iglesias.

“No le estamos exigiendo a Cel nada más que cumpla con las 19 obras que nos prometieron”, afirmó Gumercindo Ramos, presidente, desde hace cuatro años, de la asociación comunal del referido cantón.

Por su parte, Eusebio Sorto, síndico de esa asociación, explicó que desde el pasado 2 de marzo “se rompió la mesa de diálogo” que la comunidad tenía con Cel y a través de la cual se estaba gestionando la construcción de las 19 obras.

Se gestionó la posición de CEL ante este problema y la inutilización del Proyecto Habitacional El Chaparral, pero la unidad de comunicaciones respondió que aún continuaban de vacaciones.

La construcción de la presa sobre un tramo del río Torola, en San Luis de la Reina, San Miguel, comenzó en 2008 por la empresa italiana Astaldi. Inicialmente se presupuestó un costo de $219 millones con el que generarían 68 megavatios para beneficiar a unas 25,000 familias.

En mayo de 2010, Astaldi propuso un rediseño de la obra alegando que tras el paso de la tormenta Agatha, los cimientos de un cerro se movieron, afectando la construcción. Pese al incumplimiento del contrato, en 2012 Cel hizo un trato directo con Astaldi para finalizar el contrato y le dio $108.5 millones.

Hasta mayo de este año, en la construcción de la presa se había invertido unos $470 millones con un avance del 70 %, según la Cel.

El tiempo se acorta

La preocupación de los habitantes de San Antonio Las Iglesias es que se han enterado de que la presa ya tiene un avance de un 80 % y que en unos 18 meses estaría concluida.

Hasta el momento, de los 19 proyectos, dicen que solo les han cumplido con la construcción de una clínica comunal, con la introducción de electricidad a 85 casas y la construcción de una cancha techada en la escuela de la comunidad.

No es la primera vez que esa comunidad recurre a cerrar el acceso principal a la zona de construcción. A principios de octubre de 2018 hicieron una protesta similar debido a la construcción de una calle en la que no se estaba respetando los acuerdos alcanzados.

Ese proyecto lo han dejado inconcluso, pues faltan 1.5 kilómetros por construir. Para la comunidad, esa calle es muy importante, porque además de ser la calle principal, también conecta con un tramo del río Torola, a donde los lugareños van a divertirse, pues el sitio turístico original quedó dentro del proyecto de la presa El Chaparral.

Entre las obras que Cel les ofreció, los vecinos de San Antonio tienen una prioritaria: la perforación de un pozo de agua y la construcción de un tanque de captación.

Aseguran que son 400 familias las que serían beneficiadas con ese proyecto que se vieron en la obligación de incluirlo porque sospechan que debido a la construcción de la presa, el que tenían ha reducido el agua.

Gumercindo Ramos asegura que el pozo que abastecía a 300 familias disminuyó su producción en un 65 % en tan solo ocho años, debido a las constantes explosiones que pudieron haber desviado las venas de agua, a lo cual se le podría sumar los miles de árboles que fueron talados para dar paso a la construcción.

“Si nosotros nos ponemos a hacer eso (construir el pozo), está bueno, pero ellos no van a tener acceso desde el casco urbano a la zona de construcción”, advirtió Carmelo Hernández. Añadió que, ante una negativa de Cel, cerrarían indefinidamente el paso por la calle para cuya construcción usurparon terrenos sin que les reconocieran un pago.

Proyecto de 80 casas luce sin habitantes 10 años después

Desde hace aproximadamente 10 años, un complejo habitacional que Cel construyó para alojar a familias cuyas viviendas estaban en el área que anegaría el embalse de la presa El Chaparral, luce vacío. Nunca ha sido habitado por familia alguna, según explicaron vecinos del cantón Lomas de Copante, en el municipio de Carolina, departamento de San Miguel.

Se le llama Complejo Habitacional El Chaparral y fue construido a tres kilómetros de la zona urbana de Carolina y a otro tanto del río Torola. Cada casa cuenta con un amplio patio engramado, con agua y acceso a energía eléctrica.

El tiempo y el abandono pasan factura a las casas, algunas de ellas lucen techos rotos, basura y hasta heces de ganado en los corredores.

De acuerdo con documentos oficiales, la Cel paga año con año, entre 30 mil y 40 mil dólares para dar mantenimiento a las edificaciones. Por ejemplo, en 2013, según el Contrato 155-2, se pagó $37,178.10, en “Obras para el Mantenimiento de Drenajes del Complejo Habitacional El Chaparral”.

A ese gasto hay que sumarle el de la vigilancia privada que Cel ha pagado durante los 10 años anteriores. El domingo psado, El Diario de Hoy comprobó que hay por lo menos dos vigilantes privados custodiando el puñado de casas.

 

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