Los nuevos desplazados por hambre y violencia

Golpeados y expulsados de sus lugares por la guerra en los 80, ahora sufren por los embates de la pandemia, la naturaleza y la violencia delincuencial.

Policía advierte sobre estafa de medicamentos covid. Foto EDH

Por El Diario de Hoy

Jun 14, 2020- 22:30

Tras corneados, apaleados. La guerra los golpeó por 12 años y poco a poco fueron recuperándose. Han sufrido los rigores de la pandemia y las cuarentenas, los destrozos de las recientes tormentas tropicales y la para ellos eterna pesadilla de las pandillas.

Están a lo largo y ancho del país, son los protagonistas de los nuevos éxodos internos. Sin embargo, siguen invisibilizados a los ojos de las autoridades del Estado y del mundo, pese a que una ley especial obliga a las instancias estatales a brindarles atención y protección por su particular condición de vulnerabilidad.

Las acciones de estructuras de crimen organizado no han disminuido en los territorios. Sigue la extorsión y la amenaza para quienes no pagan la cuota impuesta por las pandillas, a lo que se agrega que se han visto forzados a salir de sus comunidades por las restricciones de movimiento y trabajo de la cuarentena.

En municipios con bajos índices de delincuencia en departamentos como Chalatenango, Cabañas y La Libertad familias desplazadas que han podido reubicarse de sus localidades de origen no han recibido apoyos en alimentos ni el bono distribuido por el gobierno durante los actuales periodos de emergencia debido a que aún no se cuenta con un censo específico conforme mandata la Ley aprobada a principios de este año.

Doña Gloria (nombre ficticio) tuvo que huir de su comunidad porque su hijo fue testigo del asesinato de unos familiares por las pandillas. Su hijo menor tuvo que salir del país en cuanto terminó el servicio funerario de sus parientes y ella asumió la responsabilidad de cuidar a un hijo adolescente parapléjico y dos hermanos con discapacidad intelectual.

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Organizaciones humanitarias como Cristosal han apoyado su reubicación con la instalación de un pequeño negocio de venta de productos básicos y un molino. Esto ha permitido a Doña Gloria articularse en la comunidad y cooperar mutuamente con sus vecinos. Sin embargo, la prolongada cuarentena domiciliar le ha impedido proveerse frecuentemente de productos para vender y la población en la comunidad también ha perdido su capacidad de compra, reduciendo drásticamente los medios de sobrevivencia del grupo familiar.

“Lo que más me preocupa son las medicinas y la comida especial que debo darle al niño, que no puede comer productos que no sean preparados especialmente”, dice Gloria, quien sufre de hipertensión y diabetes, cuyos medicamentos también debe garantizar.

“Un médico de una iglesia me ha ayudado porque en la clínica publica no hay ya los anticonvulsivos para mi hijo… No quiero ni pensar lo que sucedería si me alcanzara esta enfermedad de coronavirus. Soy la única que cuida de toda mi familia. Ellos quedarían desvalidos. Me muriera yo y se morirían ellos. No hay quien quiera cuidar al niño porque le dan convulsiones…yo debo cuidarme y para eso necesito siempre tomar mis medicinas, pero son muy caras…trabajo echando y vendiendo tortillas, pido a los vecinos que me compren productos nuevos para tener surtida la tienda y mantengo todo limpio para que el virus no entre a la casa…no podría salir adelante si la tienda no funciona, no hay ningún programa de gobierno que apoye con proyectos para que yo pueda trabajar dignamente y sostener a todos los que dependen de mi”.

Una situación parecida vive Doña Marta (también nombre ficticio). Tiene bajo su responsabilidad un hijo y dos nietas. Su esposo vende en la calle ropa usada y ella cose ropa en uno de los municipios del Gran San Salvador. Unos pandilleros empezaron a acosar a una de sus nietas y la familia se vio obligada a dejar su casa en una zona semi-rural donde trabajaban en un pequeño cafetín propio. Ahora, alquilando un pequeño espacio céntrico en la ciudad, habían logrado un puesto de venta municipal que fue cerrado por las medidas de cuarentena. Días atrás fueron notificados por las autoridades que ladrones entraron a los lotes municipales y robaron la mercancía de varios puestos y bodegas, incluyendo sus productos.

Durante la emergencia, Doña Marta dejó de vender ropa y se ha dedicado a coser mascarillas de protección hechas con retazos de tela y vende verduras en la calle pese a que es prohibido hacerlo. “No puedo no salir, no tenemos que comer y si no vendo algo en la calle los niños van a sufrir”, dice ella, “Antes tuvimos atención psicológica en el municipio, pero ahora ya cambiaron de profesionales y los nuevos no nos atienden. Yo paso mucha angustia y los niños pasan encerrados en este cuarto donde también he tenido que embodegar la mercancía para que no me la vuelvan a robar. No hemos recibido ningún bono de gobierno ni tampoco alimentos que han repartido”, aseguró.

Ella dice que con la ayuda que le han dado las organizaciones humanitarias podrá pagar el alquiler del cuarto y comprar productos que si están autorizados para venderse como alcohol gel y limpieza. “Pido a Dios que esto pronto termine. Yo estoy acostumbrada a luchar, a salir adelante, nos hemos sobrepuesto del miedo y a pesar del sacrificio estamos en un lugar menos inseguro, pero tenemos que sobrevivir y encerrados no podemos hacerlo y ahora con estas lluvias las cosas aún están peor”, expresó.

Necesidades son múltiples

La Directora de Programas de Cristosal, Celia Medrano, explica que desplazados internos que adolecen de enfermedades crónicas como diabetes y estados graves como cáncer e insuficiencia renal no están siendo atendidos en el sistema público de salud. Al llegar a las diferentes unidades se les dice a las personas que solo se atienden a afectados por COVID 19 o que no hay medicamentos, pese a que la normativa de emergencia nacional especifica que este tipo de enfermedades debe continuar atendiéndose en los centros del sistema de salud. Personas con VIH están perdiendo sus citas médicas puesto que están fechadas en días en que no tienen autorización de salir conforme su número de identificación como lo han establecido decretos ejecutivos.

Los números telefónicos publicitados para la atención de este tipo de casos y reprogramación de citas simplemente no funcionan, nunca responden.

La esperanza parece lejana también para Juan (nombre ficticio), joven a quien los pandilleros golpearon e hirieron de gravedad cuando lo interceptaron después de varios intentos de agredirlo por negarse a colaborar con ellos en la comisión de hechos delictivos. El tuvo que huir del lugar donde vivía, estudiaba y trabajaba. Se reubicó en una comunidad cercana pero lejos de las amenazas. Su padre murió hace pocos meses afectado por un cáncer y su madre padece de diabetes. Juan estuvo apoyando a un señor que le alquilaba su vehículo para realizar viajes con pasajeros, pero por las medidas de confinamiento no puede transportar clientela. Ha estado sin trabajar en los últimos dos meses y se encuentra desesperado. Nos entrega una escueta hoja de vida y nos dice que esta dispuesto a asumir cualquier tipo de trabajo aunque gane poco. Ha dejado de estudiar desde que se desplazó y necesita trabajar.

Estas familias están viviendo niveles fuertes de angustia. Son gente trabajadora acostumbrada a luchar día a día con la adversidad y han sabido afrontar los difíciles hechos de violencia que han vivido. No merecen el abandono desde las instancias del Estado que por ley y como titulares de deberes están obligados a garantizar el ejercicio pleno de sus derechos, dice Medrano.

“Organizaciones de sociedad civil y derechos humanos no podemos ni debemos sustituir los deberes que corresponden al Estado”, plantea Medrano, “si asumimos desde un enfoque de co-responsabilidad, de hecho la mayoría de casos han sido referidos a Cristosal por instancias estatales; sin embargo, es urgente que se activen las instancias competentes como la Dirección de Atención a Víctimas y se articulen mecanismos de coordinación interestatales específicos durante las emergencias que se están viviendo en el país para brindar asistencia, atención y protección a los desplazados internos por violencia en El Salvador…”.

Ganan sentencias, pero siguen invisibles

Con el acompañamiento de organizaciones los desplazados internos por violencia reivindicaron su derecho a una debida atención y protección. Ganaron sentencias de la Corte Suprema de Justicia y medidas cautelares decretadas por la Sala de lo Constitucional e instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como una Ley específica para su atención y protección.

La Ley aprobada y vigente deposita en la Dirección de Atención a Víctimas del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública la responsabilidad de atender a desplazados internos, aun en un contexto de emergencia y condiciones extraordinarias. Sin embargo, la estructura de la DAV ha sido orientada y ajustada a las medidas gubernamentales decretadas por el gobierno, como la administración de los llamados centros de contención y cuarentena, así como albergues y logística relacionada con emergencia por la tormenta tropical “Amanda”.

Familias desplazadas que han contado con apoyo de organizaciones humanitarias para reubicarse en otras localidades diferentes a las de sus comunidades de origen pudieron reinsertarse mediante el impulso de pequeñas iniciativas productivas que facilitaron su integración comunitaria.

Con la administración de pequeñas tiendas para venta de productos varios, manufactura de ropa, servicios de fontanería o cosmetología, panaderías, puestos de venta de comida, molinos, granjas para crianza de animales y siembra de hortalizas o granos básicos, los grupos familiares estaban generando condiciones para su autonomía y nuevos arraigos.

Sin embargo, casi cuatro meses de medidas extraordinarias de restricción a libertades de movilización, decretos de cuarentena domiciliar y mecanismos de distanciamiento social marcados por COVID19 han imposibilitado el desarrollo de actividades comerciales y productivas que han afectado drásticamente grupos desplazados internos sin que éstos se encuentren como prioridad en las acciones gubernamentales.

Debido a que no se cuenta con un registro nacional específico de personas desplazadas por violencia establecido por la Ley vigente, las familias desplazadas no han recibido bonos económicos que el gobierno ha entregado, así como han quedado afuera de la distribución de canastas de alimentos porque no aparecen en los censos municipales en las localidades donde están reubicadas.

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Uno de los derechos más gravemente afectado es el derecho a recibir atención médica de calidad, ello pese a que la Ley especial establece claramente que en situaciones de emergencia, a los desplazados internos les asiste el derecho de recibir atención médica prioritaria.

Durante la guerra de los años 80, miles fueron desplazados de sus lugares de origen, incluso a países vecinos como Honduras. La firma de la paz les dio un respiro en 1992. Ahora los nuevos desplazados esperan una nueva paz. (Trabajo en conjunto con la organización humanitaria Cristosal).

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