La huella dactilar, los viajes al exterior, los estudios superiores, los medicamentos que sumistra el Estado a un ciudadano, los impuestos que paga, las infracciones de tránsito que comete, las transacciones comerciales que hace una persona. Todos estos son datos personales que están dispersos en diferentes instituciones públicas y privadas y por ahora hay algunas leyes que los regulan, pero en el futuro estarán resguardadas por un ente específico y el ciudadano podrá decidir con quién las comparte y con quién no.
Podrá reclamar si se hace un uso indebido de ellas o si se les da tratamiento sin su consentimiento. Esta información estará regulada por la Ley de Protección de Datos Personales.
“Nuestros datos personales están ahí a cuenta de terceros. Desde una consulta médica, pasando a una transacción comercial, ahí se manejan datos personales. Deben existir esas garantías de entidades públicas y privadas dedicadas al manejo de la información”, consideró el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar en su comparecencia a la comisión de Economía de la Asamblea, en el inicio del debate sobre el anteproyecto de esta ley.
El funcionario se refiere a instituciones o inclusive empresas, como el en el caso de los Documentos Únicos de Identidad (DUI) y de las licencias de conducir, a quienes el Estado les ha concesionado la emisión de tales identificaciones que contienen datos personales sensibles. También se refiere al Instituto Salvadoreño del Seguro Social, a los hospitales, a los consultorios médicos privados, al ministerio de Hacienda, a Aduanas o Migración.
“La gente tiene que estar consciente de la información que genera. De que le pertenece y si la quiere compartir o no”. Así de contundente fue el Secretario de Innovación y Tecnología, Vladimir Handal, durante su ponencia frente a los diputados de esa comisión, que analiza dos anteproyectos presentados respectivamente por ARENA y el FMLN en junio.
René Cárcamo, el comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), expuso un caso curioso que tramitó en el pasado respecto a los datos personales: la entidad conoció un caso en el cual un ciudadano no podía acceder a un ascenso porque en sus antecedentes le aparecía un récord sobre un delito del que fue acusado en los años 80, y del cual ya había sido rehabilitado.
“Tenemos casos como las constancias de antecedentes penales y policiales. Nos encontramos con personas que no pueden acceder a un trabajo porque les aparece un delito del cual ya fueron rehabilitados”, ejemplificó Cárcamo.
Por eso, los tres funcionarios coincidieron en que es importante legislar al respecto.
“La ciudadanía no tiene regularizados (sus derechos ARCO, internacionalmente aceptados) de esa forma tan amplia: el acceso a obtener información sobre sí mismo que se encuentre en bases de datos públicas y privadas. La rectificación: solicitar rectificar un dato. La cancelación, cuando no son necesarios para el fin que se presente solicitar. La oposición, que regula el derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas”, explicó Cárcamo.
Consenso
Hay consenso entre todos los partidos políticos y las instituciones por ahora vinculadas al tema, de que se debe legislar en torno a los datos personales. De aquí a fin de año se espera recibir a otras 33 instituciones que tienen que ver con datos personales.
También hay coincidencia en que el reto, puesto que ambos anteproyectos tienen conceptos similares y están acordes con las normativas internacionales, es definir qué información personal estará sujeta a esta normativa y qué entidad, ya sea el IAIP o la Defensoría del Consumidor como proponen FMLN y el ARENA respectivamente, la resguardará o si creará una nueva entidad, como lo propuso el Secretario de Innovación, para estos fines.
“Esperamos darle al país el próximo año una ley con estándares internacionales sobre protección de datos personales y hábeas data”, aseguró la presidenta de la comisión de Economía, Margarita Escobar.
En enero de 2020, un equipo técnico iniciará la redacción del articulado final de la nueva Ley de Protección de Datos Personales.