Con 56 votos a favor y 26 en contra, la Asamblea Legislativa aprobó durante la madrugada del martes la Ley de Regulación para el aislamiento, cuarentena, observación y vigilancia por COVID-19 propuesta por el gobierno y, aunque los diputados incluyeron algunos cambios, sigue sin atender los lineamientos de la Sala de lo Constitucional de llevar a centros de contención solamente a quienes se considere hay sospechas de tener el coronavirus, según diputados del FMLN y abogados.
Esto porque el artículo 9 de la normativa faculta a las autoridades a llevar a cuarentena controlada a una persona que incumpla el confinamiento aún si no presenta síntomas de la enfermedad.
“Si de la evaluación de la persona que hubiere sido sorprendida incumpliendo la cuarentena domiciliar, a que se refiere el presente artículo, resultare que no presenta síntomas de ser portador del COVID-19, el personal médico del Ministerio de Salud determinará su traslado a un Centro de Contención, o cuarentena domiciliar, por haber estado expuesto a contraer el COVID-19”, reza el artículo 9.
Al respecto, la abogada Marcela Galeas determinó que el Gobierno está poniendo a los ciudadanos en una situación complicada por llevar a una persona que puede estar sana a un sitio de retención donde sí haya infectados con COVID-19.
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“Es un exceso, una arbitrariedad y podría ser una configuración de delito. La situación se está complicando con el Gobierno porque nos está poniendo a los ciudadanos en una situación de sometimiento a tortura y tratos inhumanos, básicamente el delito de lesiones dice que aquel que contagiara dolosamente configura tal acción y aquí se está cumpliendo esta situación, porque alguien que no es Covid-19 positivo y va a un centro de cuarentena obligatorio donde sí hay pacientes coronavirus positivo, básicamente lo están condenando al contagio. Es bien peligroso”, dijo Galeas.
ARENA sí logró que una vez se haya determinado un caso como sospechoso pueda ir a cuarentena a un centro de confinamiento por 15 días y no 30 como proponía el gobierno en el decreto original.
También se estableció incluir que dentro del término de 12 horas de la detención de alguien que incumpla la cuarentena se le hará la evaluación individual.
Dip. Rodolfo Parker: El Ejecutivo tiene un límite para aplicar las medidas dictadas por el Legislativo, como la Ley de Emergencia que emitimos. Ahora los centros de contención se convirtieron en zonas de contagio, y la Sala Cnal. señaló violación a DDHH, que no se subsanan. pic.twitter.com/7RmAyqBfqw
— Asamblea Legislativa (@AsambleaSV) May 5, 2020
ARENA también pidió que se agregara que “En ningún caso podrá llevarse a personas a un centro de retención donde haya personas comprobadamente positivas a la enfermedad COVID-19”.
Los cuestionamientos a la ley fueron sobre todo del FMLN.“¿Le vamos a delegar si está infringiendo o no a una persona de seguridad? El principal foco de contaminación del país ha sido la mala estrategia de contención”, se quejó la efemelenista Rina Araujo.
La jefa de bancada del FMLN, Nidia Díaz, también se opuso desde un primer momento al proyecto de decreto enviado por el Ejecutivo, cuando aún no se habían realizado cambios, en su mayoría propuestos por ARENA.
“No estamos de acuerdo con eso, incumple los parámetros de la Sala que establece que la privación de libertad debe ser el último recurso. Lo que se busca acá es una ruta a los centros de contención”, dijo Díaz.
Durante la discusión del anteproyecto en la Comisión Política de la Asamblea, el diputado independiente Leonardo Bonilla, sugirió que la Asamblea aprobara un nuevo Estado de Excepción, pues dejó entrever que esa ley se trataba de algo similar.
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“Mejor aprobemos una nueva ley de excepción y no una ley que podría estar (violentando la Constitución)”, dijo.
Ante eso, los areneros René Portillo Cuadra y Margarita Escobar rechazaron que lo que se estaba discutiendo se trataba de un régimen de Excepción.
“Aquí no hablamos de régimen de excepción, de estado de sitio ni de cierre total, estamos regulando y ordenando la cuarentena que está vigente. Debe ser de acuerdo a los parámetros de la Sala de lo Constitucional”, dijo Margarita Escobar.
“Ninguno de los acá sentados avalaría un régimen de excepción. Esta ley sirve para regular y ordenar la cuarentena, que es diferente. No aprobaría ninguna ley que restrinja derechos constitucionales”, dijo René Portillo Cuadra.
El decreto enviado por Casa Presidencial proponía tipificar como delito el incumplimiento de la cuarentena, es decir, equipararlo al artículo 338 del Código penal, que establece la desobediencia de particulares, que establece una pena de 1 a 3 años de cárcel. ARENA pidió eliminarlo y así determinó la Asamblea.
Luego de acordado artículo por artículo el decreto enviado por Casa Presidencial, Mario Ponce cerró la sesión plenaria y abrió una nueva pasada la 1 de la madrugada con el objetivo de avalar la emisión de los $1,000 millones adicionales solicitados por el Gobierno.
Las excepciones de la cuarentena domiciliar en todo el territorio
La nueva ley establece cuarentena domiciliar en todo el país, pero da excepciones de quienes sí pueden circular que son los rubros establecidos en los decretos ejecutivos 19 y 21.
Se establece la cuarentena controlada o domicliar. pic.twitter.com/SCL16BX5Z9
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ARENA sí incluyó que los laboratorios privados puedan hacer pruebas de COVID-19, así como los hospitales privados y que puedan atender a los pacientes de la enfermedad.
También se incluyó a la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Fiscalía, el Tribunal Supremo Electoral, pues no estaba incluida en el decreto original. El decreto original incluía al sector público relacionado con la lucha contra la pandemia, los encargados del cuido de niños y mayores, así como los periodistas.
Se incluyó además al sector agropecuario y trabajadores independientes del mismo sector. Se incluyó al sistema financiero, las AFP, seguros privados y servicios de seguridad privados y proveedores del sector alimenticio.
El diputado del PCN, Antonio Almendáriz, intentó que se incluyera entre los rubros a operar a los talleres mecánicos, pero la moción no tuvo el apoyo suficiente para incluirla en la ley.
ARENA incluyó además un inciso en el cual el ministerio de Salud pueda ir avalando la apertura de nuevos sectores de la economía dependiendo de la situación sanitaria.
Se estipula que el presidente tenga la potestad de poder decir qué otros rubros de la economía pueden laborar. “El órgano Ejecutivo mediante acuerdo del ramo de Salud según sea necesario podrá incluir otros sectores de la economía que podrán abrirse de forma gradual”, se incluyó.
“Según se vaya dando la estrategia se vayan aperturando otros rubros, nos da parámetro que será el ejecutivo que hará las autorizaciones”, justificó el diputado de GANA, Guillermo Gallegos.
“Es decir ir garantizando la apertura de los negocios”, dijo el arenero René Portillo Cuadra.