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Nueva ley abre puerta a actos de corrupción en compras del Estado

Abogados advierten que evade transparencia, sana competencia y controles que ya dicta la Lacap.

Por Katlen Urquilla | May 06, 2021- 23:00

El Ministro de Salud, Francisco Alabí, ha sido señalado por actos de corrupción en compras de insumos médicos en pandemia, además de que ha puesto reserva a información relacionada a compra de vacunas. Foto EDH / archivo

Además de blindar a los funcionarios del gobierno de Nayib Bukele cuestionados por compras con dinero público durante la pandemia, la nueva ley de salud aprobada por la Asamblea “Bukelista” también permitirá saltarse la ley que rige las compras estatales evadiendo controles, reglas de transparencia y de sana competencia.

Así lo explica el abogado José Marinero, quien es especialista en derecho administrativo y presidente de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), al señalar que el artículo 8, literal “a” de la nueva ley permite al Ministerio de Salud y a todos los miembros del sistema integrado de salud pública (incluyendo el ISSS) saltarse la Lacap (Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública) y contratar al margen de esa normativa.

“El problema con eso es que tiene tres dimensiones: se aparta de las reglas de transparencia, de la sana competencia y de los controles que tiene la Lacap. Eso de por sí es una cosa impresionante”, apunta el abogado.

Además cuestiona que en la nueva ley no se dejan reglas alternativas para rendir cuentas sobre el uso de fondos públicos en las compras estatales, lo que deja abierto el camino a hechos de corrupción porque les permitirá comprar “de dedo” a quienes quieran.

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“Esto lo que está haciendo es abriendo la puerta a comprar de dedo a familiares, amigos, a quien sea”, señala Marinero.

Su afirmación es porque en la redacción de la ley aprobada el miércoles por la bancada de Nuevas Ideas y diputados aliados no deja cerrojos contra los actos de corrupción en las compras estatales en el marco de la pandemia.

“No hay ninguna disposición en esta ley que tenga reglas de transparencia, que tenga una obligación de integridad ni de competencia. De hecho son adquisiciones directas, de dedo. Deja de ser de interés público y se mezcla con el interés privado de los que están adquiriendo estos recursos o de aquellos a los que se les está adquiriendo insumos para la pandemia”, remarca el abogado.

Agrega que, según lo aprobado, basta con que las instituciones públicas tengan un “pliego de términos y condiciones”, que no se dice cómo se harán ni cómo se entregan o cuándo, para dar el contrato.

Una investigación periodística reveló que Alejandro Zelaya, cuando fungía como viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda, era socio de Rogelio Cabrera, representante legal de la empresa SYGM Asesores, la cual vendió al gobierno de Bukele 300,000 protectores faciales por un monto de 750,000 dólares. Foto EDH / Francisco Rubio

“Con lo cual perfectamente los pueden pactar con el proveedor y que encajen con el producto que está ofreciendo, incluso hasta podrían definir los términos y condiciones un minuto antes de la firma del contrato. Esa es una práctica de corrupción en las adquisiciones públicas conocida internacionalmente y en este caso con la nueva ley eso queda legitimado”, sostiene.

Para el abogado Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, en la nueva ley el oficialismo está “limitando, restringiendo o eliminando los controles” que se aplicarán durante una emergencia.

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“Es una medida para aparentemente tener agilidad en la toma de decisiones, pero en realidad lo que están haciendo es dar vía libre para que puedan realizarse transferencias o utilización de fondos públicos sin observar mayores reglas. Y esto sin duda afecta el tema del correcto uso de los fondos. Puede propiciar corrupción”, señala.

Protección de hechos pasados
Escobar y Marinero además critican el efecto retroactivo de la ley, ya que eso implica proteger a personas señaladas por hechos de presunta corrupción ocurridos antes de la aprobación de la nueva normativa, cuando la Constitución solo permite ese beneficio en materia penal.

“El tema acá es que el orden público podría ser asegurar la provisión de las medicinas, no proteger a las personas que puedan participar de esos procesos, porque entonces también se está abriendo la ventana para la corrupción”, explica Escobar.

Marinero considera que la retroactividad de la nueva ley “es para subsanar ilegalidades que se hicieron” en las compras anteriores de insumos para la pandemia. “Lo que se está consolidando es una ley para la impunidad de hechos de corrupción”, afirma.

Escobar agrega que se beneficia a quienes han sido señalados por un manejo irregular de fondos públicos en la pandemia y a eso se suma que el fiscal impuesto es afín al gobierno y ha dicho que va a revisar el tema CICIES, “entonces hay poco margen para que pueda investigarse cualquier acto de corrupción”.

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