Roberto Burgos es un abogado de profesión pero más que todo un férreo luchador por la transparencia en la función pública. Ha militado en algunas organizaciones sociales enfocadas en el área de transparencia, la lucha anticorrupción y la rendición de cuentas, hoy es un especialista independiente.
Al empeño de Burgos se debe el descubrimiento de varios casos emblemáticos como el relacionados a conocer de las declaraciones patrimoniales de tres expresidentes y los gastos de la Asamblea en regalos, fiestas y compras de obras de arte en la era Sigfrido Reyes.
En esta entrevista lamenta que las batallas ganadas en materia de acceso a la información pública durante una década vaya en franco retroceso por el cierre de espacios y ataque al periodismo investigativo. Dice que en esto también hay un reparto de culpa, entre ellos que ciertos sectores que antes abanderaron este derecho cayeron en la comodidad.
VER: Asamblea elige magistrados de la Corte Suprema en proceso viciado
¿Cómo estamos en libertad de expresión?
En El Salvador este ha sido un derecho incómodo siempre. Antes de la guerra, el cierre de periódicos o de las radios cada vez que se daba un golpe de Estado esto era una práctica de manual de los gobierno golpistas... ahora estamos comenzando a ver un franco retroceso. No es que antes los gobiernos de ARENA o del FMLN se preocuparan por garantizar una absoluta libertad de expresión, de hecho creo que hemos pasado de formas mas sutiles de censura, a formas de ataque al periodismo y a las personas que lo ejercen, los periodistas enfrentan muchos riesgos... fuimos pasando a los gobiernos, particularmente del FMLN, en los que, como recordará comenzó a hacerse común eso de “yo no compro El Diario de Hoy” tampoco los otros matutinos, comenzó a darse un mensaje de desprecio y de franco límite de lo que el gobierno trazaba de lo que podía ser aceptable o no de los medios.
Hemos llegado a un discurso de odio de la administración de Bukele contra el periodismo y contra muchos periodistas, lo cual lamentablemente está teniendo un efecto multiplicador cuando este discurso es adoptado muy alegremente, principalmente por sus funcionarios; y de allí pasa a lo que yo llamaría la clase operativa de la administración pública. Ahora ve usted a oficiales de Policía agrediendo a periodistas, como pasó con Jorge Beltrán Luna; veo también a un Órgano Judicial que se está prestando, por temor quiero pensarlo yo, a actos de censura previa como ha ocurrido en el caso de la revista digital Gato Encerrado y revista Factum.
Ese discurso de odio lo vemos dirigido a periodistas o al periodismo considerado no afecto al régimen, no al que divulga lo que este quiere.
Yo quizás soy un poco más radical en ese asunto, yo creo que el que incomoda a esta administración es el periodismo, y lo otro que no incomoda no es periodismo, se han convertido en agencias de relaciones públicas, empezando con los medios que la Presidencia está controlando... un periodismo que investiga y quiere saber la verdad de lo que está sucediendo, que no solo contrasta fuentes sino que también se compromete a hurgar en la realidad, un periodismo de este tipo siempre va a ser problemático. De allí esos epítetos que se utilizan de ‘plumas pagadas’ y además deja mucho que decir un presidente de la República, que con base en la Constitución tiene entre sus atribuciones la de mantener la armonía social.
TAMBIÉN: Excomisionados del IAIP ven retroceso de 10 años en Transparencia
A este periodismo también le están cerrando puertas, se le niega información oficiosa, estamos viendo intentos de reforma a la LAIP...
Es un plan sistemático de no solo callar a cualquier voz que sea disidente o crítica con el actual gobierno y sus aliados, sino también desmontar lo que ha sido la razón de ser de un estado de Derecho y es el control, que pocas veces no se explica, de que hay una organización del poder público y esta organización significa controlar al poder, transparentarlo y que hay una garantía de los derechos de las personas. Con el cierre de espacios de información lo que están logrando es que exista menos información disponible para que sea procesada por el periodismo, por ejemplo, sino también cerrar las vías para que cuando esa información se conozca, la ciudadanía tenga que tomar la decisión de involucrarse en asuntos públicos... tiene un efecto dominó. El cierre de espacios comenzó cuando a pocos días de haber asumido el señor Bukele, en reunión de Consejo de Ministros acordó declarar otra vez secreto absoluto a todo lo relacionado al Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) a pesar de que en febrero de 2018 la Sala de lo Constitucional en un proceso de amparo de exempleados del OIE consideró que en aspectos administrativos, este organismo tiene que someterse a los principios de democracia y transparencia.
Otro acto fue querer a infiltrar el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) que era un ente autónomo y contralor, con comisionados que fueran afines a su administración y más adelante terminó comprometiendo al expresidente del IAIP, a inicios de 2019, porque se comprobó que había filtrado las solicitudes de acceso a la información a Casa Presidencial, investigación que sigue en manos de la Fiscalía... Y puede ver una cooptación, una captura del IAIP a través de la alteración de dinámica de las ternas, de las elecciones, de retirar a comisionadas tan importantes para la causa de la transparencia como Liduvina Escobar y designar comisionados partidarios que incluso han sido candidatos de Nuevas Ideas...
¿Esta cooptación también ha llegado al Órgano Judicial, luego del golpe del 1M. ¿Esto podría afectar el trabajo de la sección de Probidad?
Cuando yo comencé a hacer solicitudes para conocer como ciudadano las declaraciones de patrimonio de expresidentes allá por agosto de 2015, de Francisco Flores, Antonio Saca y Mauricio Funes, quería comprobar tres cosas: que las declaraciones de patrimonio se presentaban con datos incompletos; que a estas declaraciones Probidad no les estaba aplicando auditorías a las que estaba obligada; y difundir los contenidos de esas declaraciones patrimoniales y resultados de esas auditorías.
Este experimento me llevó casi un año de lucha, los primeros que se negaron fueron la misma sección de Probidad y unos magistrados, al final se pudo conocer la información. Pero este logro fue un avance ciudadano. Ya en 2017 hubo un retroceso cuando el pleno de la Corte comenzó a reservar información de Probidad, con excusas de que dar a conocer datos de este tipo podía poner en riesgo a los funcionarios; cuando se les comenzó a dar oportunidades a los investigados a presentar adendas cuando eso no está en la ley. Algunos tienen razón al criticar que solo con el diputado Reynaldo López Cardoza se cumplió el proceso rígido que está en la ley y que casos como el de Ana Vilma de Escobar pasó meses justificando millones de dólares...
Luego vinieron otros sucesos que dejaron en duda la imparcialidad de la misma sección cuando incluso su jefe de Probidad se postula como candidato a magistrado y era apoyado por alguien tan tristemente célebre como el diputado Guillermo Gallegos, cuestionado de sobra incluyendo sus viajes; allí está la historia para mi del declive de Probidad.
Y ya no se ve el trabajo de Probidad.
No es que haya una sección de Probidad que esté en peligro, eso viene en decadencia desde 2017, y creo que esta nueva Corte Suprema de Justicia impuesta le va a dar el tiro de gracia. Ya las declaraciones de patrimonio y cualquier información relacionada como auditorias es información reservada.
Claudia Ortiz: “Lo único que debemos aceptar es que la transparencia crezca y no al contrario”
¿Usted ha ganado batallas y otras las ha perdido, cómo se siente al ver la afectación al derecho de acceso a información pública?
Yo comencé a hacer solicitudes de información allá por 2008 a la Asamblea Legislativa, haciendo uso del articulo 18 de la Constitución que establece el derecho a formular peticiones de manera respetuosa o decorosa, lo que se llama el derecho a petición y respuesta; y en el articulo 13 de la Convención Interamericana de DD. HH. que no lo conocía nadie en la Asamblea pese a ser ley de la República.
¿Que cómo lo veo yo tras una década de recorrido con triunfos y derrotas?, que hemos vuelto al punto de partida; algunos se han dado cuenta hasta ahora de que es un derecho que ya está agonizando cuando en realidad lo han matado desde hace tres o cuatro años. No solo los que estaban más interesados en privilegiarse en el secreto de estado que garantiza la impunidad, sino debido a la pasividad de una parte de la sociedad civil que no fue capaz de trasladarle a la ciudadanía en su conjunto la importancia de este derecho, ciudadanía que obviamente está más preocupada por su reto de existencia cotidiana que en ejercer este derecho, pero que había que acompañar en este proceso de acceso a la información, de divulgación de resultados , de movilización e indignación y libre expresión. Ese derecho comenzó a morir hace años.
¿Qué hacer para recuperar lo perdido?
Todos tenemos que reconocer nuestras culpas y a estas alturas comenzar esta lucha como hace una década, porque el derecho de acceso a la información sigue estando allí, lo que pasa es que vamos a tener que ir a reinvindicarlo fuera del país, posiblemente ante el relator de libertad de expresión de la OEA o ante la CIDH, no sabemos a dónde nos pueda llevar esto. Lo que yo me pregunto es si va a haber ciudadanos que reinvindiquen ese derecho ciudadano.
¿Tenemos suficientes pruebas que respalden una futura denuncia en esas instancias?
Tenemos elementos de sobra... tenemos una serie de precedentes de una riqueza tan profunda en materia de derecho de acceso a información pública que es evidente que se ha roto sin justificar esa ruptura de criterios y nos permite demostrar que se ha incumplido uno de los principios más importantes de los derechos humanos y es la progresividad... La mejor rendición de cuentas no es la que se organiza alrededor de ramos de flores, refrigerios gratis y camarógrafos estatales, es la que se organiza en torno a la respuesta que cada día le da un oficial de información a un peticionario de información. Allí construimos la república y la democracia.