René Portillo Cuadra: “No haremos parches sino un sistema electoral confiable”

¿Se eliminará el voto cruzado? ¿Cómo será el sistema para el voto en el exterior? ¿Periodos de alcaldes? Los diputados tienen mucho trabajo por hacer para las elecciones que vienen de 2021.

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Foto de referencia / EDH/ Archivo

Por Luis Andrés Marroquín

2019-09-02 8:50:19

El ascensor que lleva a la cuarta planta del edificio de la Asamblea Legislativa opera casi vacío. Una vez arriba, la sensación es que, si llega a temblar, este inmueble se cae, con solo ver lo averiado de sus paredes. El diputado René Portillo Cuadra aparece de traje, listo para la plenaria del día y en su celular trae consigo la lista de las 10 reformas que pretenden realizar al sistema electoral salvadoreño, antes de diciembre venidero. La pregunta es casi obligada, en el sentido si no temen por un sismo estando acá. “Solo lo ocupamos muy ocasionalmente. La ventaja de este edificio es que ya se desalojó todo y todo el peso que tenía ya se le quitó”, responde. El “terremoto” del que no se escapan los diputados es el que se viene con las elecciones de 2021, donde se votará por una nueva Asamblea Legislativa, el Parlamento Centroamericano (Parlacen) y por 262 alcaldes. El también presidente de la Comisión de Reformas Electorales en la Asamblea ríe por la símil, pero es consciente que el tiempo se acorta para preparar estas elecciones.

¿Están pensado en algún tipo de reformas para mejorar no solo el proceso, sino que también el conteo de las elecciones?

“Tenemos una agenda de consenso de todos los partidos políticos de diez puntos. Uno de ellos es la reforma al escrutinio preliminar a la forma de conteo, esto significa introducir tecnología mínima, tanto a la hora de contar los votos en las Juntas Receptoras, como al momento de hacer el escrutinio final. Esto pasa por proponer la adquisición de tecnología, como, por ejemplo, los escáners cuenta votos de Corea, (que) ya fueron utilizados la primera vez, pero solo en dos departamentos, San Salvador y La Libertad, dando buenos resultados. El escáner cuenta votos es uno de los mecanismos tecnológicos más baratos y más efectivos, no solo porque permite contar y sumar en tiempo real las papeletas de votación, sino que también porque automáticamente va sumando y va transmitiendo al Tribunal toda la data de lo que se va contando en tiempo real”.

¿Se habla de unos $10 millones?

“Es correcto. Los escáners cuenta votos andan valiendo unos $2,500 cada uno. Si son 9,000 Juntas Receptoras de Votos y si asumimos que se pondrá uno en cada centro de votación, estamos hablando de unos tres mil escáners, por unos $7.5 millones”.

¿Hay consenso para aprobar ese dinero, por que uno de los grandes problemas de elecciones pasadas fue de presupuesto limitado?

“Totalmente de acuerdo, y ese es uno de los consensos a los que todos hemos llegado, que sí es necesario la adquisición de tecnología. El problema se da, que si bien es cierto que la Asamblea aprueba el presupuesto, quien lo elabora es el Órgano Ejecutivo, el presidente de la República y el Consejo de Ministros. Entonces, para que por lo menos $7.5 millones sean invertidos en tecnología mínima, se necesita que en el presupuesto que se elabora este año, vayan estos $7.5 millones, porque no se van a adquirir un mes antes de las elecciones. Estos escáners cuenta votos permitirían contar el voto cruzado, que es una de las complejidades que tiene esta votación. Segundo punto de la agenda, tiene que ver con la regulación de la propaganda electoral. Hemos visto una debilidad que, en el día de las elecciones y tres días de ellos, a pesar que hay silencio electoral, las vallas fijas, las vallas electrónicas, los mupis, los autobuses todavía andan circulando con banderas, lemas, emblemas y rostros de los candidatos, cuando en realidad ya es prohibido. Esta fue una de las observaciones que nos hizo la Unión Europea y que hemos retomado. Este tipo de propaganda fuera de tiempo la vamos a regular. Así como también vamos a regular que los colores de los partidos políticos no se utilicen dentro de los centros de votación”.

¿Pero esto ya está restringido?

“La regulación iría por especificar la prohibición de qué no se puede utilizar en el día del silencio electoral y tres días antes de las elecciones. No se pueden utilizar y se deben tapar o retirar las vallas electrónicas, las vallas fijas, los mupis, la propaganda que se suele poner en los buses y en los autobuses del transporte colectivo, precisamente porque esa parte no está regulada de manera específica. Eso, por un lado, la otra debilidad que hay es que el Tribunal Supremo Electoral está manejando un sistema sancionatorio débil. Un sistema sancionatorio le es más fácil al partido pagar la multa y seguir violando la ley”.

¿De cuánto serán esas multas?

“No sabemos cuánto vamos a proponer de multa. Lo que sí tenemos claro, es que no se va a permitir que el sistema sancionatorio siga con una debilidad donde sea más barato pagar la infracción que cumplir la ley. El otro punto de la propaganda electoral que vamos a introducir que no está regulada en la ley, es que toda la prohibición extemporánea, la propaganda ilegal está referida a los partidos, no a los candidatos. Ahora vamos a ser responsable al partido, pero también al candidato. La sanción irá directamente al candidato”.

¿Cuál es el cuarto punto de consenso?

“Crear una unidad especializada de control del financiamiento de los partidos políticos y mejorar la legislación sobre su financiamiento. Es un punto bien sensible, porque parecería casi ilógico que los partidos queramos regularnos. Pero es una necesidad social. La población está pidiendo que los dineros de campaña sean dineros lícitos, sean dineros obtenidos de manera transparente, que se sepa quién es el donante del partido y en qué se utiliza el dinero. Tanto la deuda pública, es decir el dinero que el Estado le da a los partidos, como también la obtención de dinero privado”.

¿Pero volvemos a lo mismo, que es preferible pagar una sanción baja a realizar una revelación de esa naturaleza?

Precisamente son las debilidades de la ley que hay que corregir. La ley regula unas multas tan bajas que si un partido político por ejemplo recibe dos millones de dólares de un donante privado y la multa será de $25,000, prefieren pagar la multa, tomar los dos millones y no decir quién se los dio. Eso es lo que hay que tratar de evitar.

¿Quinto punto?

“Tiene que ver con el sistema de votación. Hemos analizado que, en el sistema de votación, la adjudicación del valor del voto cruzado contradice la Constitución. ¿En qué sentido? En el voto cruzado, el valor que se le asigna a cada marca es de por ejemplo en San Salvador un veinticuatroavo, porque como son 24 candidatos, yo puedo votar hasta por 24 candidatos y marcar 24 caras de diferentes partidos y lo que se le asigna a cada marca es un veinticuatroavo. La Constitución dice que el voto es directo, igualitario y secreto, entonces la unidad del voto se rompe con el voto cruzado. Lo malo no es que usted tenga la opción de marcar varios candidatos, lo que riñe con la Constitución es el valor que le da a cada marca, porque usted estaría fraccionando la unidad del voto”.

Es complicado, ¿pero no han pensado en eliminar el voto cruzado?

“Es una discusión que la tenemos, pero que ningún partido político apoya. La solución no la sé, porque es parte de uno de los temas de agenda que vamos a discutir. Estamos conscientes que el voto cruzado viene a complejizar, en lugar de facilitar el escrutinio. Pero también reconocemos en el voto cruzado un avance democrático en nuestro sistema”.

Foto EDH/ archivo

¿El sexto punto de la agenda?

“Tiene que ver con el voto en el exterior para alcaldes y diputados. Hay una sentencia de la Sala que nos obliga a legislar que los hermanos en el exterior tengan la oportunidad de elegir a alcaldes y diputados, y diputados del Parlacen también, como se hace para presidente de la República. Esta discusión es realmente compleja. Aquí sí hay voces en contra y voces a favor de legislar, porque se necesita no solo una ley para facilitar el voto en el exterior. Aquí lo más delicado es que se tiene que implementar es un reempadronamiento en el exterior. Se tiene que implementar tecnología para que la persona pueda votar a través de una computadora, a través de un teléfono, de que el voto pueda ser por escrito o epistolar, es decir a través de correspondencia. Enfrenta otro problema, de legitimidad: El hecho de ser salvadoreño en el exterior le da derecho a votar, pero ¿en qué municipio? ¿De donde él es originario? ¿De donde él vive? ¿De donde él vivió? ¿De donde es su familia? ¿De donde él tributa? O ¿a dónde él va a votar?”.

¿Usted cree que llegan a tiempo?

“Nos hemos propuesto como meta que a diciembre de este año tiene que estar aprobada la mayor cantidad de reformas de todo este proceso”.

Tiene que ser así porque también otra sentencia de la Sala no permite reformas electorales un año antes de elecciones.

“Es correcto. Por eso nos hemos trazado a diciembre, para que las reformas no se estén discutiendo en momentos electorales o pre electorales”.

¿Estas reformas que analizan vienen por recomendaciones del TSE por lo que dicen los partidos, por lo que dice la Comunidad Europea o por quién?

“Importante la pregunta. Las reformas se dan porque nuestro sistema electoral no es confiable de acuerdo a la opinión de la población. Cuando, por ejemplo, se dan un conteo en el 2015 que dura un mes y retrasa hasta la toma de posesión de los diputados de San Salvador y La Libertad, cuando otra vez en la siguiente elección 2018 se da una falla en el sistema, que confunde los códigos y los votos, y equivoca nombres de diputados, a los perdedores los da ganadores y a los ganadores perdedores. La población no confía en un sistema a donde al mes se viene a saber quién ganó y quién perdió. Es la necesidad de tener un sistema electoral confiable lo que nos ha impulsado a tener un proceso de reforma integral, porque aquí no vamos a hacer parches, aquí lo que queremos hacer es un sistema electoral confiable que permita que el ciudadano sepa que el voto que él va a ir a dar, va a ser respetado y va a ser contado”.

¿Séptimo punto?

“Tiene que ver con la separación de funciones en el TSE. Estos puntos no tienen un orden de importancia, pero si lo tuvieran, el primero fuera la separación de funciones jurisdiccionales de las administrativas del TSE. Tenemos un Tribunal nombrado por los partidos políticos, entonces el Tribunal se vuelve juez y parte, porque los tres partidos mayoritarios tienen derecho a proponer un magistrado y la Corte Suprema a proponer dos. Pero mayoritariamente el Tribunal es partidario”.

¿El octavo punto?

Es el tema de la homologación de los periodos electorales. El país gasta cada tres años un promedio de $35 millones invertidos solo en elecciones. Esos 35 millones que se podrían ocuparse para salud, educación, seguridad, etcétera. Los periodos electorales deben ser unificados de tal manera que en las mismas elecciones se pueda votar para alcaldes, diputados y presidente. Si el periodo del presidente es de cinco años y los de alcaldes y diputados son de tres, una de las propuestas es, o que se lleven a cinco años todos los periodos o que se elija solo presidente para cinco años y que haya una elección de medio término, es decir que una sea de cinco años y la otra sea de tres”.

¿La novena reforma en discusión?

Darle autonomía presupuestaria al Tribunal. Ya la ley regula de que el Tribunal es autónomo en lo técnico, en lo financiero y en lo administrativo. Solo es un enunciado, pero cuando nos vamos al contenido de la ley, quien resulta imponiendo el presupuesto sigue siendo el presidente de la República. Y la última reforma, la décima, que estamos discutiendo es darle iniciativa de ley al Tribunal Supremo Electoral, que tenga la potestad de proponer reformas al sistema legal”.

¿Cree que la elección de 2021 podría ser un “terremoto” electoral?

“Precisamente por eso la tecnología: No hay otra opción, o se ocupa o se ocupa, o se invierte o se invierte. Pero no hay opción de no ocupar tecnología mínima, tanto en las Juntas Receptoras de Votos como en el escrutinio preliminar y en el escrutinio final”.