El régimen del sandinista Daniel Ortega en Nicaragua ha emprendido una persecución fiscal en contra de los medios de comunicación que no son afines a su gobierno y que cuestionan las políticas implementadas en ese país centroamericano.
El pasado 11 de septiembre el Canal Nica Visión, S.A., empresa operadora de Canal 12, uno de los dos medios de televisión que no son afines al régimen orteguista fue embargado por la Dirección General de Ingresos representada por la Procuraduría Auxiliar de Finanzas, Isabel Ramírez Laguna, por orden del juez Luden Martí Quiroz García, según denunció la jefa de prensa de Canal 12, Carolina Valle.
El embargo se realizó a los bienes de la empresa Nica Visión, S.A., por un monto de 21 millones de córdobas que equivalen a unos 600,000 dólares de los Estados Unidos. Según informó el Canal 12 por medio de un video informativo, el juez tercero de ejecución de embargos de Managua se presentó a las oficinas y estudios centrales de la televisora a realizar el embargo.
“Condeno el intento de silenciar a Canal 12 de Nicaragua por parte del régimen de Ortega. Utilizando una forma cada vez más recurrente de censura indirecta en Nicaragua...”.
Según la empresa el proceso es producto de “un reparo arbitrario e ilegal sobre nuestras declaraciones de Impuestos sobre la Renta de los años 2011, 2012 y 2013, actuando de manera excesiva e ilegal, el juez embargó, además, la totalidad de los bienes personales de nuestro administrador Mariano Valle Peters, por el momento nuestros abogados están analizando dicho embargo y sus alcances y posteriormente la dirección del Canal 12 estará dando más detalles”, dijeron.
Entre los bienes confiscados dentro de las instalaciones de la empresa de televisión están la estación principal del Canal 12, vehículos, antenas, repetidoras y demás equipos.
Actualmente el Canal 12 y el Canal 10 son las únicas televisoras independientes al gobierno que desde que estalló la crisis socio-política en Nicaragua en abril de 2018 han venido resistiendo atropellos, acoso, difamaciones y ahora la confiscación de sus bienes materiales con procesos judiciales irregulares.
Contra el Canal 10, uno de los que tienen mayor audiencia en el país, las autoridades judiciales han comenzado a remover el caso para solicitar un reparo de 110 millones de córdobas.
Posición de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia
“Terrorismo fiscal”Los embargos y supuestos reparos de impuestos millonarios a bienes de empresarios de televisoras opositoras reflejan una “política de terrorismo fiscal”.Hechos se dan un perÍodo preelectoralSegún la Alianza Cívica no hay señales de las reformas electorales que prometió el gobierno de Ortega en diciembre de 2019, “nublándose la certidumbre de las elecciones de 2021”.
Según medios nicaragüenses, Canal 12 ha sido sometido a acoso desde que en 2018 fue obligado por el Instituto de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) a dejar de transmitir los programas “Danilo Lacayo En Vivo”, y “Esta Noche y Esta Semana”, dirigidos por uno de los más férreos periodistas opositores del régimen sandinista, Carlos Fernando Chamorro.
Esta situación fue considerada como un acto de “censura” en contra de los programas de televisión de debates y entrevistas que desarrollaba uno de los principales medios independientes de la televisión nicaragüense.
Desde entonces, y según fuentes de medios locales, el Canal 12 también estaba siendo auditado por la DGI, por ser uno de los medios que se dedicó a informar sobre las protestas contra el régimen de Ortega desatadas en abril de 2018 que dejaron a su paso decenas de muertos y presos políticos, por lo que asumen que el embargo es una especie de “represalia política” por su línea editorial.
El Relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, no se ha quedado callado ante esta situación que atenta en contra de la libertad de prensa y de expresión, por lo que condenó el embargo por parte del gobierno sandinista.
“Condeno el intento de silenciar a Canal 12 de Nicaragua por parte del régimen de Ortega. Utilizando una forma cada vez más recurrente de censura indirecta en Nicaragua. Las inspecciones fiscales y de hacienda para perseguir a medios independientes y someterlos a sanciones desproporcionadas”, manifestó Lanza en su cuenta de Twitter este fin de semana.
En enero de 2019 la Policía también mantuvo sitiada las instalaciones del Canal 12, ubicadas en la residencial Bolonia. En esa fecha, y según denuncias de los periodistas del canal, los policías llegaron y se apostaron a un costado del edificio del canal para requisar a los trabajadores y preguntar si tenían armas.
En Nicaragua, el embargo ha sido repudiado por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh). Según este organismo, Ortega aplica una “agresiva política fiscal para reprimir y silenciar a las voces independientes”. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia también declaró Alerta Nacional Política ante la escalada represiva del gobierno de Ortega y Rosario Murillo contra cualquier voz disidente en Nicaragua.
En un comunicado emitido ayer explican que “sigue implacable la persecución contra periodistas independientes, con acusaciones falsas y juicios amañados de una justicia partidaria, que hay embargos y supuestos reparos de impuestos millonarios a bienes de empresarios, que reflejan una política de terrorismo fiscal por parte del régimen”.