Nayib Bukele ya no tiene quien lo defienda. Al menos no con argumentos sólidos. Llevar policías y militares al Salón Azul de la Asamblea Legislativa ha alejado a algunas personas que le daban un voto de confianza al presidente de la República.
Con las acciones del pasado domingo, el mandatario mostró un tinte de autoritarismo que no se había visto en El Salvador en varias décadas. Hay gente que sigue avalando las acciones del mandatario, pero estos son funcionarios de gobierno o del círculo cercano del mandatario.
Al margen de estos grupos, parece haber un consenso entre académicos, profesionales del derecho y observadores nacionales e internacionales de que Bukele cruzó ayer una peligrosa línea.
Uno de ellos, acaso el más importante de los actores que el lunes se pronunció, fue el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson. “No apruebo la presencia de la Fuerza Armada en la Asamblea”, dijo. Además, el diplomático añadió que los avances del país solo se mantendrán “si todas las ramas del gobierno trabajan de manera independiente, respetan el estado de derecho, mantiene el rol no político de la Fuerza Armada y la PNC, y promueven la estabilidad”. Antes de estos eventos, públicamente se había mostrado cercano al mandatario y le respaldó en múltiples ocasiones.
Las palabras de Johnson van en línea del artículo 211 de la Constitución que estipulan que la Fuerza Armada es “apolítica y no deliberante”, algo que la Sala de lo Constitucional validó ayer al admitir un recurso: “Esto supone que el uso de la fuerza armada no puede emplearse con fines políticos, partidistas u otro fin que no sea constitucionalmente legítimo”, dijo el máximo tribunal constitucional.
El gesto de poder de Bukele le trajo críticas en otros actores: el presidente del Legislativo, Mario Ponce, llamó a instancias como la ONU y la OEA a activar mecanismos para dar seguimiento a la crisis “generada por el Ejecutivo”. El diputado pecenista se habían mostrado dispuesto a colaborar con el mandatario en ocasiones anteriores, pero en vista de la violenta toma del Congreso, añadió que “existió un intento de golpe de estado al Órgano Legislativo” y hasta retiró del Salón Azul la silla donde Bukele se sentó “a orar”.
Militarización genera alarma
La estampa de militares en el Congreso “no es un nuevo estilo millennial de hacer política”, dijo Kevin Casas, prestigioso académico y exvicepresidente costarricense. “Esta es la política más vieja que hay en Latinoamérica y no la queremos de vuelta”, manifestó.
Estas palabras fueron replicadas por otros observadores que vieron con miedo las acciones de Bukele. El director de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, sostuvo que “usar la religión en política es una de las formas típicas de los autócratas”. Esto, pues Bukele manifestó haber discutido con Dios su incursión militar.
En el Congreso de EE. UU., esto no pasó desapercibido. El senador demócrata Patrick Leahy dijo que esta intimidación recuerda los tiempos en que las diferencias se dirimían con violencia y lo calificó de inaceptable por ser “un gobierno que quiere ser socio de los Estados Unidos”. Eliot Engel, que dirige el comité de relaciones exteriores de la Cámara de Representantes de ese país, manifiesta que “el Ejército no debería ser usado para resolver disputas entre el presidente y el Congreso” y advirtió a Bukele que los ojos del mundo están en él.
Carlos Fernando Chamorro, periodista nicaragüense que ha sido víctima de persecución por la dictadura orteguista, también reaccionó de manera contundente: “este es el momento más bajo que la democracia salvadoreña ha vivido en tres décadas”.
El presidente Bukele no tiene quien defienda ese abuso de poder con argumentos sólidos. Con los eventos del domingo, pareció dilapidar gran parte de su capital político. Al menos ese que le ganaba admiración internacional. En línea de lo advertido por Kevin Casas, detrás de la imagen millennial se esconden las prácticas más antiguas y podridas de abuso de poder en la región.