El mismo día que el dictador nicaragüense, Daniel Ortega, lanzaba el grito de “el pueblo armado jamás será aplastado”, durante la conmemoración del 42 aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista, el presidente salvadoreño Nayib Bukele anunciaba que duplicaría la cantidad de elementos que actualmente tiene la Fuerza Armada.
Su justificación: la seguridad ciudadana. “La @FUERZARMADASV tendrá 40,000 elementos, sumado a lo que tendrá la @PNCSV, habrá una persona brindando seguridad por cada pandillero. Así vamos a ganar esta guerra contra las pandillas”, dijo Bukele.
Según el mandatario, el aumento de 1,000 soldados cada tres meses en los próximos cinco años es parte de la fase cuatro del Plan Control Territorial que supuestamente se viene ejecutando desde junio de 2019, cuando asumió la presidencia.
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Bukele dijo que con los 20,000 nuevos soldados que serán incorporados en los próximos cinco años, se tendrá el suficiente recurso humano para vencer a las pandillas.
“Con esta Fase del Plan Control Territorial nos garantizará tener suficiente capital humano para poder vencer a las pandillas en sus territorios”, afirmó.
“El autoritarismo necesita actores armados para reprimir los brotes de descontento y aferrarse al poder. Por eso es peligroso ese paso de Bukele. No tiene nada que ver con control territorial”.
La acción anunciada por Bukele no es nueva. Aumentar militares en las calles en labores de seguridad ciudadana, es una estrategia que se viene implementando desde hace 17 años, a lo largo de cinco períodos presidenciales.
El Plan Mano Dura
“Este día 23 de julio he instruido a la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada a que conjuntamente rescaten estos territorios y pongan bajo las rejas a los líderes de estas pandillas”, dijo el fallecido presidente Francisco Flores, flanqueado por el entonces director de la Policía Nacional Civil, Ricardo Menesses, y el ministro de Defensa, general Juan Martínez Varela.
Esa era la reacción gubernamental a la conmoción social que había causado el crimen contra una mujer cuya cabeza fue abandonada dentro de un maletín en una banca de la Plaza Libertad, en el Centro Histórico de San Salvador.
“Por ley, la seguridad interna corresponde a la Policía. En todo caso, lo ideal sería aumentar la cantidad de policías y no de militares. Esto es peligroso e ilegal ese paso que se está dando”.
El Plan Mano Dura fue lanzado en la colonia Dina, bastión de la pandilla 18, a cuyos miembros las autoridades achacaban el descuartizamiento de Rosa N. cuyo nombre real nunca se supo.
Por ese crimen fueron capturados varios miembros de la pandilla 18, incluyendo Carlos Ernesto Mojica Lechuga, alias Viejo Lin, pero la Fiscalía y Policía, no lograron probarles el delito y fueron absueltos.
En ese entonces, el actual ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, era el jefe de la División Elite contra Crimen Organizado (DECCO) de la Fiscalía General, mientras que el actual titular de esta última institución, Rodolfo Delgado, era coordinador de esa división.
Para entonces, en puestos clave de la PNC estaban los actuales subdirectores Douglas Omar García Funes, Héctor Mendoza Cordero, Pedro Baltazar Rodríguez y Mauricio Arriaza Chicas, entre otros que actualmente ocupan puestos de dirección en la corporación policial.
No se les acabo la fiesta
En los últimos días de agosto de 2004, cuando Elías Antonio Saca se había convertido en presidente de la República, fue lanzada el Plan Súper Mano Dura.
“¡Se les acabó la fiesta!”, sentenció Saca aquella tarde de agosto, cuando lanzó su estrategia de seguridad pública que comprendía, según dijo, poner en las calles a 14,000 efectivos entre policías y militares.
Para entonces se estimaba que en El Salvador había unos 17,000 pandilleros. “El plan Súper Mano Dura garantiza que los delincuentes y malacates ahora sí se queden en la cárcel”, enfatizó.
Sin embargo, las pandillas siguieron multiplicándose y los homicidios continuaron en escalada.
En el último año de gobierno de Saca, éste promulgó un decreto con el que se le daba legalidad a la presencia de militares en tareas de seguridad pública. Desde diciembre de 2008, ese decreto se ha venido revalidando por 13 años.
En junio de 2009, Mauricio Funes tomó posesión como presidente de la República. En la celebración del Día del Soldado en 2010, anunció el incremento de militares en tareas de seguridad.
Pero el 20 de junio, la pandilla 18 cometió una barbarie en pleno centro de la ciudad de Mejicanos al incendiar un microbús con todos los pasajeros y conductor en su interior y luego ametrallarlo, causando 17 muertos y otros tantos quemados o heridos de bala.
Funes respondió entregando a los militares, el control de las prisiones donde habían altos cabecillas de pandillas.
Dos meses después, en septiembre, las pandillas paralizaron gran parte del país tras amenazar a transportistas. A pesar de despliegues de militares, en municipios como Soyapango, el gobierno no pudo neutralizar la amenaza.
El incremento de militares en seguridad pública fue notorio durante el gobierno de Funes, que desplegó militares en las prisiones y puestos fronterizos.
Pero en marzo de 2012, El Diario de Hoy y El Faro revelaron que el Gobierno había trasladado a decenas de cabecillas de pandillas del penal de máxima seguridad, conocido como Zacatraz, a penales de menor seguridad. Era parte de una tregua avalada por su gobierno, de la mano del entonces ministro de Seguridad, David Munguía Payés.
Funes dejó la silla presidencial con bajos índices de homicidios pero con aumento en casos de desaparecidos. Todo era producto de la tregua que había permitido durante su mandato.
En junio de 2014, Salvador Sánchez Cerén asumió como presidente de la República. Durante el gobierno de Funes fungió como vicepresidente. Mientras tanto, Munguía Payés continúo como ministro de Defensa a pesar de los fuertes señalamientos de ser el orquestador de la tregua con las pandillas durante el mandato de Funes.
En el 2015, la tasa de homicidios alcanzó la cifra de 103 por cada 100,000 habitantes. Era evidente que incrementar policías y militares en las calles no había dado resultado.
El 3 de marzo de 2016, 11 personas fueron masacradas en una zona rural de San Juan Opico. Fue perpetrada en territorio controlado por la Mara Salvatrucha (MS-13) pero las investigaciones determinaron que fue ejecutada por la pandilla 18 de Quezaltepeque.
Cuatro días después, Sánchez Cerén montó una conferencia de prensa en la que declaraba la guerra a las pandillas.
Ese mismo año, en abril, fueron creadas dentro de la PNC, la FES (Fuerza Especializada de Reacción de El Salvador) y la FIRT (Fuerza de Intervención y Recuperación Territorial). También fue anunciada la creación de batallones de reacción inmediata como parte del Plan El Salvador Seguro.
Dos años después, Sánchez Cerén anunció la creación de la Unidad Táctica Especializada Policial (UTEP). Pero el control territorial de las pandillas siguió intacto.
En junio de 2019, Nayib Bukele asumió como presidente de la República. Si bien los índices de homicidios han disminuido, la cantidad de desaparecidos ha aumentado según cifras de la Fiscalía.
El 3 de septiembre de 2020, el periódico El Faro reveló, mostrando documentos fehacientes, que Bukele llevaba más de un año negociando con las pandillas.
Una amenaza, opinan expertos
Para Douglas Farah, presidente de IBI Consultants y experto en temas de seguridad regional, la acción anunciada por Bukele es una militarización ilegal de la seguridad interna, estrategia que nunca ha dado resultados positivos.
“El autoritarismo necesita actores armados para reprimir los brotes de descontento y aferrarse al poder. Por eso es tan peligroso este paso de Bukele. No tiene nada que ver con control territorial pero sí mucho que ver con control político”, afirmó.
Por su parte, militares en retiro que recientemente ejercieron funciones clave dentro de la Fuerza Armada, consideran que es grave, peligroso e ilegal que Bukele póngala seguridad pública en manos de los encargados de la seguridad nacional. “Por ley, la seguridad interna corresponde a la Policía Nacional Civil, en todo caso, lo ideal sería aumentar la cantidad de policías y no de militares”, indicó un general.
“Me parece que es más una estrategia para tener más soporte a su poder. Además, existe un tratado en el que se establece que debe haber un balance de fuerzas entre los Ejércitos de Centroamérica. El anuncio del presidente podría generar desconfianza en países vecinos”, explicó otro militar.