En agosto de 2020, un reportaje de Associated Press reveló que el gobierno de El Salvador había contratado al cabildero Robert Stryk y su empresa Sonoran Policy Group para levantar la imagen del presidente Nayib Bukele en Estados Unidos. El acuerdo en cuestión estaba firmado por Peter Dumas, director del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) y suponía un costo de $450,000 de fondos públicos.
Sin embargo, en ese momento la presidencia afirmó que el contrato no había sido aprobado por Bukele, por lo que se canceló.
Este sábado, Associated Press reveló que Stryk sí ha mantenido el contrato con el gobierno salvadoreño, contradiciendo la versión del gobierno de Nayib Bukele que afirmó que se había cancelado el acuerdo de servicios de cabildeo.
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De acuerdo a informes enviados al gobierno de Estados Unidos, la firma Sonoran Policy Group ha mantenido su trabajo, haciendo llamadas a congresistas y ha cobrado hasta el momento $214,000 en pagos del OIE, aun cuando Bukele dijo que ya no existía este servicio.
Sonoran reportó al Departamento de Justicia de EE. UU. que organizó llamadas con seis asesores legislativos del bando republicano en las que participó Dumas en su calidad de funcionario salvadoreño. Entre esas, estaban conversaciones con asistentes de los congresistas Kevin McCarthy, líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes del Congreso, y Rick Crawford, quien está en la comisión de Inteligencia.
De hecho, un día después de una de esas llamadas, Crawford colocó un tuit expresando su apoyo a “amigos y socios” en la lucha contra la corrupción como Bukele.
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Estos contratos se firmaron en momentos en que se conocía cada vez más el carácter autoritario del gobierno de Nayib Bukele, lo que llevó a que influyentes congresistas de ambos partidos en Estados Unidos firmaran cartas condenando sus ataques a la prensa, a la oposición y su desmantelamiento progresivo de la democracia.
Seis meses antes del contrato, en febrero Bukele comandó una toma armada de la Asamblea Legislativa. También en febrero, dijo en una reunión de gobernadores del BID que si los asistentes extranjeros vivieran en El Salvador, también quisieran quemar vivos a los políticos del país. En abril, desafió sentencias de la Sala de lo Constitucional y siguió ordenando que se hiciera capturas ilegales de salvadoreños que presuntamente violaran la cuarentena, y privilegió la respuesta militar sobre la médica a las etapas iniciales de la pandemia. En agosto, bromeó que si fuera dictador ya hubiera mandado a fusilar a los magistrados de la Sala de lo Constitucional.
Estos y muchos más hechos le han ganado duras críticas de que debilita la democracia y prepara al país a un autoritarismo con claros abusos de poder e indicios graves de corrupción. Para evitar ese daño a su imagen, lejos de apartarse de esas críticas, optó por contratar cabilderos en Washington, para limpiar su cara ante su socio principal, Estados Unidos, que en ese momento era indiferente a sus abusos.
Desde el 20 de enero, sin embargo, con la administración Biden, parece avecinarse un rol más crítico de la Casa Blanca ante los visibles abusos de poder de Bukele y su acoso sistemático a los opositores.