Los diputados de ARENA, FMLN, PCN y PDC aseguran que el Gobierno del presidente Nayib Bukele ha contado con miles de millones de dólares para hacer frente a la pandemia y para pagar las obligaciones de funcionamiento del aparato del Estado.
Por esa razón, los legisladores afirman que Bukele “miente” y “quiere engañar a la población” afirmando que no tiene recursos financieros, tal como lo hizo ver este martes en una entrevista telefónica realizada por el Noticiero El Salvador, medio oficial del gobierno.
“El expresidente del Banco Central de Reserva nos vino a decir aquí, que de ingresos ordinarios han tenido $3,228 millones y de ingresos extraordinarios $3,300 millones, ¿cómo se permiten estos funcionarios seguir diciendo que no han recibido ni un centavo partido por la mitad?”, cuestionó el diputado Rodolfo Parker, del PDC.
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Y añadió que ahora Bukele habla que la Asamblea solo le ha autorizado $300 millones, “pero realmente son más de $3,000 millones en ingresos extraordinarios” y cuestiona “cómo los gastaron”.
Los diputados quieren despejar esas dudas con el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya; el ministro de Salud, Francisco Alabí; y el de Agricultura, Pablo Anliker, pero ninguno de los tres ha querido atender la convocatoria hecha por la comisión especial que investiga el uso de fondos públicos para la pandemia.
Zelaya fue llamado con apremio la semana pasada por su resistencia a llegar a la comisión especial, pero el director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, justificó la inasistencia e ignoró el mandato de la Asamblea.
Ante esto, los diputados de la comisión especial explicaron la semana pasada que analizarán si interpelan a Zelaya, mientras que a Alabí acordaron llamarlo con apercibimiento judicial para el otro miércoles.
Según el diputado René Portillo Cuadra, de ARENA, los funcionarios prefieren ser interpelados porque ese proceso les permite “decir lo que quieran”. En cambio en las comisiones especiales por ley, si faltan a la verdad cometen delito y hasta pueden ser desaforados e ir a prisión. (Ver más en página 4).
Gobierno cuenta con más de $1,400 millones
El impago del Gobierno del Fondo para el Desarrollo Económico y Social (Fodes) a las alcaldías no tiene asidero legal ni tampoco es verdad lo que dice Bukele y el ministro de Hacienda, reiteró Ponce.
El titular del Órgano Legislativo desmintió al mandatario, tanto en el monto de préstamos que faltan por aprobar en la Asamblea de fondos para la pandemia, como en el hecho de que el Ejecutivo alegue que no tiene recursos para honrar el pago del Fodes.
“Se han venido a decir un montón de cosas, parte es verdad y parte es mentira. Aquí se vino a decir que había una petición del Ejecutivo equivalente a $1,070 millones, eso es mentira, lo que está pendiente y lo que se tiene en estos archivos es el equivalente a $350 millones, los otros préstamos que se han anunciado, ni siquiera los han ingresado al Legislativo, pero los anuncian”, aseveró Ponce.
El presidente de la Asamblea aclaró que de los $2,000 millones en préstamos que el Gobierno solicitó de acuerdo al decreto legislativo 608 aprobado en marzo pasado, que eran fondos para atender el COVID-19, lo único que los diputados tienen pendiente de ratificar son $350 millones.
Ese monto corresponde a tres créditos: uno de $250 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y dos de $50 millones. De estos, uno es con el BID y otro con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Ponce también desmintió a Bukele, ya que el gobernante aseguró el martes por la noche que por la falta de asignación del dinero de dichos empréstitos, El Salvador está pagando intereses.
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“No es cierto. Ese dinero no ha entrado al Banco Central de Reserva. No es cierto, usted paga intereses a partir de la ratificación, cuando el dinero ya lo recibió”, aclaró el presidente del Legislativo.
Recalcó que el dinero que falta por aprobar de los $2,000 millones no es porque la Asamblea no los haya aprobado, sino porque el Ejecutivo no los ha llevado a los diputados para que estos lo analicen y los aprueben, ratifiquen y asignen los recursos.
Antes de que a la Asamblea llegue la propuesta de un préstamo, el Gobierno debe negociar previamente con los bancos la factibilidad del crédito. Una vez hay un acuerdo del Gobierno con el organismo financiero, el ministerio de Hacienda lo lleva a los diputados para que le autoricen negociarlo en primera vuelta con 43 votos y luego se ratifica con 56 votos.
En el caso de la deuda para la pandemia en el decreto 608 se estableció que las aprobaciones serían de tres rondas, la tercera deberá ser con mayoría calificada y es para asignar los recursos a la partida específica en el presupuesto general, ya sea como gasto ordinario o extraordinario.
Pago de salarios llega tarde
El secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, informó ayer que el traslado de fondos para cancelar salarios de empleados y diputados se hizo desde ayer por la mañana, confirmando el anuncio de Bukele del martes por la noche, algo que fue certificado por Ponce.
Sin embargo, el titular de la Asamblea lamentó que el pago se haya hecho tarde. El Ejecutivo se demoró 17 días para transferir los recursos alegando que no tenía fondos, a pesar de que los diputados insisten en que tiene más de $1,400 millones de deuda flotante que es para subsanar el gasto del Estado cuando los ingresos han mermado.
Portillo Cuadra fue más allá con respecto a los argumentos de Bukele, de que los diputados se quejan a pesar de que solo “un día” se había pasado del pago de sus salarios.
“Qué pena que el presidente de la República no sepa en qué fecha le pagan a los empleados y servidores públicos, no sepa siendo un mandatario en qué fecha les pagan y afirme él que sólo un día se había retrasado en el pago, esto no se lo cree ni él mucho menos la gente. Está claro que es una medida de presión para que la Asamblea le siga aprobando más préstamos, siga endeudando al país y no venga a rendir cuentas a esta comisión”, valoró Portillo Cuadra.
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Por su parte, Yanci Urbina, del FMLN, también recordó que en septiembre el gobierno colocó $645 millones en Cetes, y no quería pagar los salarios y tampoco cancela el Fodes a las alcaldías.
“En dos semanas se gastaron $645 millones que colocaron en Cetes y ya no tienen disponibilidad para cumplir con sus obligaciones, no hay que tenerle miedo a la rendición de cuentas”, sopesó Urbina.
Ponce apuntó que el impago a los alcaldes no debería darse porque esos fondos no provienen de deuda, la ley dice que son de ingresos corrientes netos, subrayó.
“El gobierno no debería deberle a los alcaldes porque el presupuesto se conforma de sus ingresos, IVA, Renta y otros ingresos, sobre eso es lo que se tendría que haber distribuido, no hay justificación alguna para no entregar”, reflexionó Ponce.