Si bien Nayib Bukele contará con apoyo de la mayoría legislativa a partir del 1 de mayo, debe entender que está frente a un “mandato para la eficiencia del Estado” y no ante la oportunidad de “llenar los cupos de instituciones democráticas ni tampoco para ejercer el poder en contra del orden constitucional”.
Así lo señaló la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) en relación a un análisis de cómo será el ejercicio del poder político en la próxima legislatura cuando el ejecutivo tenga el suficiente apoyo.
Al respecto, Fusades detalla que no se sabe con certeza cómo será, pero da pautas de como debería ser a partir de nuestra Constitución.
A través de un comunicado, Fusades publicó un análisis donde expone que la novedad que ocurrirá en el país no es que el presidente tendrá mayorías suficientes para reformar leyes secundarias.
Sino en que “los apoyos legislativos al presidente, Nuevas Ideas y GANA, son suficientes para nombrar a titulares de instituciones de control” así como en que no se espere que haya vigilancia por parte de la Asamblea sobre el Ejecutivo.
Bajo este panorama, Fusades plantea que la Constitución establece mecanismos para que las decisiones políticas no se concentren en una sola persona o institución, sino que, estén sometidas a control.
“La Constitución prevé un proceso claro para su reforma, señalando cláusulas inmodificables y establece que determinadas funciones solo pueden ser realizadas por instituciones y personas independientes de los partidos políticos. También prevé la garantía de los derechos fundamentales de todas las personas, incluso las minorías políticas”, detalla el comunicado.
En ese sentido se enfatiza que lo anterior debe ser respetado, de tal modo que el ejercicio del poder no implique la transformación del sistema para impedir el libre ejercicio de los derechos políticos, las libertades de asociación, expresión y demás libertades civiles, y en general, para anular la posibilidad de alternancia en el ejercicio del poder.
También señala que en una inconstitucionalidad del 2017 de la Sala de lo Constitucional se dijo que “ existe una prohibición a los poderes públicos de emitir actuaciones que desmejoren el goce o ejercicio de un derecho fundamental”.
En esa ocasión la Sala agregó “que dado a que el Estado está obligado a brindar protección a los derechos fundamentales y por ello, a mejorar su situación, simultáneamente asume la prohibición de suprimir derechos fundamentales existentes o sus niveles de protección”.
Con eso aclara que la prohibición de que se desmejoren tales derechos está ligado al principio de constitucionalidad, así como a la Constitución como límite normativo al poder, y además a los tratados de derechos internacionales sobre derechos humanos a los cuales El Salvador está adherido.
Límites al poder de Bukele
Basado en eso, Fusades afirma que el ejercicio del poder político encuentra un límite que precisamente en los derechos fundamentales de los cuáles no pueden regularse desmejoras aún con mayorías.
Esto incluye la prohibición de regímenes de excepción injustificados, así como la responsabilidad de elegir funcionarios en instituciones de control sobre la base de idoneidad, el mérito y que estén desvinculados de partidos políticos.
En el análisis se explica que dicho freno al Gobierno tiene una dimensión ética, en la medida en que los derechos fundamentales son expresiones y requisitos de la dignidad humana, y por otro lado, este límite al ejercicio del poder tiene una naturaleza jurídica exigible nacional e internacionalmente.
Por otra parte, recalca también que el tener mayoría en el poder no les habilita a destituir arbitrariamente a los funcionarios que ejercen los cargos ni a realizar otro tipo de maniobras de presión en contra de su independencia.
Otro aspecto importante es que pese a las mayorías legislativas, no es posible omitir el proceso de reforma a la Constitución establecido en la misma, ni cambiar contenidos para afectar regresivamente los derechos fundamentales, las disposiciones sobre el territorio nacional o modificar el sistema político democrático, la forma de gobierno republicana y presidencialista, o cambiar la alternabilidad en la presidencia.
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En el escrito se dice que no se les exime del respeto de las decisiones judiciales, debido a que “el papel de los jueces es precisamente defender los derechos de quien esté en posición de abusar de ellos”.
Tampoco se les habilita a manipular las normas sobre el sistema electoral, a fin de generar ventajas indebidas para quienes coyunturalmente gozan de las mayorías.
El análisis de Fusades concluye enfatizando que “las actuaciones en contra de la ley y la Constitución acarrean responsabilidades individuales para los funcionarios que las realicen”.