Hace más de dos años, cuando todavía era candidato presidencial, Nayib Bukele, prometió a todo el electorado la creación de una institución que investigara los casos de corrupción viniera de donde viniera.
“Lo hemos dicho claro y fuerte: puede ser del partido en el que estamos afiliados o del partido que sea, quien sea, la CICIES tiene que actuar contra el corrupto”, era la voz alzada de Bukele, un mes antes de que ganara las elecciones presidenciales.
Esta fue una de las promesas incluida en el plan quinquenal para su mandato 2019-2024 y un gran atractivo para quienes esperaban un cambio de gobierno.
PROYECTO DE LEY AGUA
Desde hace más de una década, los gobiernos anteriores han relegado el aprobar una normativa que permita a las personas tener acceso a agua limpia y sin costo. El gobierno se comprometió con la ciudadanía a diseñar una ley que responda a ese clamor. El proyecto de ley fue enviado a la Asamblea hace poco, pero al decir del presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, harán una comisión ad hoc, que escuchará las opiniones de los diferentes sectores sociales, pero advirtió que no llegarán a decirles qué hacer. Esto aparenta traer un proceso que no dará cabida a los consensos tal como lo exigen las organizaciones que velan por el derecho al agua.
FALTAN REFORMAS A REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA
Esta fue una de las principales promesas de la bancada de Nuevas Ideas desde antes de tomar posesión el 1 de mayo. A la fecha no se conoce que la Comisión Política tenga en mente reformas al Reglamento Interno del Congreso. Lejos de eso, esa comisión mandó a archivar todos los expedientes relativos a enmiendas de la normativa interna, incluidas varias que estaban en estudio relativas a mejorar la elección de funcionarios de segundo grado. El presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, dijo que reducirían las comisiones de trabajo legislativas, pero han añadido una más.
FRENÓ EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN PARA SUS FUNCIONARIOS
Dos años después de haber creado la CICIES en un convenio firmado con la OEA, el presidente de la República, Nayib Bukele, disolvió esa entidad, aduciendo que ya no podían tener confianza en el organismo. Esto, poco después de que la comisión remitió a la Fiscalía casos de posible corrupción en el gobierno actual. Antes de esa acción, Bukele envió a la Asamblea una ley que da inmunidad a los funcionarios de su gobierno señalados por la Corte de Cuentas de manejos irregulares en las compras de insumos médicos para la pandemia con fondos públicos.
SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN TODO EL PAÍS
Esta fue una de las 10 promesas del presidente Nayib Bukele en su programa de gobierno quinquenal. Sin embargo, no se ha efectuado, pese a la insistencia de que la Asamblea Legislativa le autorice dos préstamos: uno de $91 millones para la II fase del Plan Control Territorial que ya fue ratificado por la actual legislatura y otro de $109 millones para la III fase que se prevé sean ratificados la próxima semana. Esta semana, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro y el ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, llegaron a justificar el uso de esos recursos.
Pero dos años después, sus promesas se han esfumado y contrario a reforzar las instituciones para el combate a la corrupción, las ha eliminado de un plumazo.
Bukele rompió el convenio de creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), con la Organización de Estados Americanos (OEA), antes de que se completaran sus dos años de gobierno.
El detonante del rompimiento con la OEA fue supuestamente la incorporación del exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, de ARENA, como asesor del Secretario General de la OEA, Luis Almagro.
Sin embargo, poco después y mediante una respuesta que recibió el Centro de Asesoría Legal Anti Corrupción en El Salvador (ALAC), de solicitud de información, se conoció que entre enero y abril de 2021, la CICIES había enviado a la Fiscalía nueve avisos relacionados con delitos de corrupción, entre los que destacan cuatro de negociaciones ilícitas, omitiendo informar la tipificación del resto y que, a diciembre de 2020, informaron de tres avisos sobre el mismo delito.
Esto sin contar que la Fiscalía tenía en curso más de 17 expedientes, desde noviembre de 2020, en que allanó los Ministerios de Salud Pública y de Hacienda, haciendo las pesquisas sobre contratos irregulares otorgados a empresas ligadas a funcionarios del gobierno y sus familiares y a compañías extranjeras que no se dedican al abastecimiento de insumos médicos.
El exfiscal, Raúl Melara, dijo el año pasado que tenía una gran cantidad de investigaciones sumamente amplias por el manejo de la pandemia. Melara fue separado de su cargo el 1 de mayo de 2021, como un acto de estreno de la nueva legislatura junto a la destitución de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional.
“Solo en época de la pandemia se abrieron más de 17 expedientes, a raíz de avisos y de denuncias que presentaron, pero esas se han ido ampliando. Esos avisos, esas denuncias primero hay que individualizar los hechos para determinar si hay delito y si los hay, quiénes son los responsables”, afirmó Melara a finales de 2020 en la Asamblea, cuando fue a dejar un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía.
Uno de los casos fue el de “Koky” Aguilar, expresidente del Fondo Ambiental de El Salvador (Fonaes). Una investigación del periódico digital “Salud con Lupa” reveló que el Ministerio de Salud adjudicó a Insema, una empresa de Aguilar, un contrato por $250,000 para proveer máscaras de protección facial por el COVID-19, y que además las vendió a un sobreprecio del 121%.
Después de eso, Bukele anunció la separación del cargo a Aguilar y aseguró que pediría a la Corte de Cuentas de la República y a la CICIES investigar el caso.
“En vista de la información que ha salido en diversos medios, de una compra que el Gobierno habría hecho a una empresa de un funcionario, siendo esto una posible violación a la Ley de Ética, he ordenado la separación del cargo de Koky Aguilar, como presidente del Fonaes. Y solicitaré dos auditorías especiales, cada una independiente de la otra”, tuiteó Bukele en su cuenta oficial, citando a la Corte de Cuentas y a la CICIES.
Luego añadió: “Si las auditorías encuentran algún indicio de corrupción, yo mismo enviaré la denuncia a la Fiscalía, para que sean procesados los responsables”, aseguró Bukele.
A la fecha no se sabe si la Fiscalía lo investiga, ya que el nuevo titular, Rodolfo Delgado, impuesto el 1 de mayo por la Asamblea dominada por el oficialismo, ha mostrado afinidad con el gobierno y parece haber dejado de lado todo caso que involucre a funcionarios actuales.
La Corte de Cuentas también sigue auditorías que ya están en juicio de cuentas y en la elaboración de los informes finales, según expresó el titular de la entidad contralora, Roberto Anzora, el viernes pasado.
En estos exámenes de auditorías, la CCR encontró evidencias de posibles anomalías en las compras hechas por Agricultura para las canastas alimenticias e irregularidades en las adquisiciones del Ministerio de Salud Pública y de Obras Públicas en la construcción del Hospital El Salvador.
En el caso del exministro de Agricultura, Pablo Anliker, este renunció al cargo el mismo día en que fue nombrado viceministro del ramo, en abril de 2021. Luego, el 28 de mayo fue removido y Bukele nombró a Lily Pacas en ese cargo.
Bukele no dio explicaciones del por qué removió a Anliker, uno de los ministros más señalados por el manejo de fondos durante la pandemia.
Sus prioridades son préstamos
Contrario a la pasividad con la que el mandatario ha tomado el tema de la corrupción que señala a funcionarios de su Gabinete; desde el 1 de mayo hay un ritmo acelerado del partido Nuevas Ideas en la Asamblea por aprobar préstamos millonarios, reorientaciones y reformas de decretos para inyectarle liquidez al presupuesto de 2021.
Tras desmantelar a la Sala de lo Constitucional y a la Fiscalía el 1 de mayo- dos de los principales organismos contralores del Poder Ejecutivo- Nuevas Ideas aprobó cuatro días después una ley que otorga inmunidad a los funcionarios señalados por compras irregulares durante la pandemia.
Los diputados del oficialismo argumentaron que el COVID-19 implica muchos retos y riesgos, por lo que el artículo 4 de la normativa establece que las personas o entidades “que operan en el sector de la salud gozarán de inmunidad ante demandas y denuncias judiciales o administrativas, así como estarán exentas de cualquier responsabilidad civil, penal o comercial u obligación de indemnizar que surja por, o que esté relacionada con cualquier producto o servicio para tratamientos médicos”, usados para combatir la pandemia.
Además, la “Ley para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de salud pública ocasionados por la pandemia de COVID-19”, permite que todas las instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud hagan contrataciones directas fuera de la Ley de Compras y Adquisiciones de la Administración Pública (LACAP).
Las modificaciones al Reglamento Interno de la Asamblea anunciadas por el presidente de ese Órgano de Estado, Ernesto Castro, tampoco se han realizado ni proyectos como el sistema de video vigilancia a nivel nacional para reforzar la seguridad, ofrecido por Bukele como parte de su programa quinquenal.
Castro dijo que entre las reformas que harían está reducir las comisiones de trabajo legislativas, pero lejos de eso, armaron una más, la comisión especial que indaga el traslado de fondos públicos a organizaciones no gubernamentales. Pese a que criticaron, de la anterior legislatura, las comisiones especiales para interpelar a funcionarios del gobierno de Bukele; la semana pasada dos extécnicos de la Asamblea recibieron un interrogatorio extenso de diputados de Nuevas Ideas en la comisión que indaga a las ONG, con actitudes similares a las que usaban algunos exlegisladores que ellos mismos cuestionaban.
Todas las iniciativas encaminadas a reformar el Reglamento de la Asamblea que estaban en estudio, entre ellas, mejorar el proceso de elección de candidatos a funcionarios de segundo grado, fueron desechadas.
Los diputados han regresado al archivo de sus respectivas comisiones legislativas más de 300 expedientes de leyes que estaban en discusión.
masacre de Chalchuapa muestran la vulnerabilidad de los salvadoreños frente al crimen organizado. Foto EDH / Archivo