La pandemia del COVID-19 y los estragos provocados por las tormentas tropicales que han azotado al país han servido al Gobierno y candidatos a alcaldes de diferentes partidos para promover un clientelismo político, es decir a obtener votos a cambio de la entrega de ayuda, la cual es financiada con dinero del Estado, préstamos internacionales y cooperación externa.
Con ello no solo se obtiene un lucro electoral, sino que se violan las leyes, se promueve la inequidad de las elecciones y se da la malversación de fondos, según el estudio “¿Lucro electoral en tiempos de crisis?”, realizado por el Departamento de Estudios Políticos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Social y Económico (Fusades).
Estas prácticas, al ser examinadas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), podrían derivar en campañas adelantadas con la que se viola la normativa electoral. Por ello, la organización considera que urge una reforma electoral que castigue explícitamente la promoción personal de los funcionarios públicos y que se investigue y sancione oportunamente a quienes transgredan la normativa referente a la regulación de la propaganda electoral.
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Como parte de la investigación, la institución analizó la entrega de ayuda que ha dado el partido Nuevas Ideas, impulsado por el gobernante, Nayib Bukele, y la alcaldía de San Salvador, dirigida por Ernesto Muyshondt, en el contexto de la crisis sanitaria y de las tormentas Amanda y Cristóbal e identificó posibles patrones de lucro electoral.
Fusades destaca que ante la ocurrencia de desastres naturales y pandemias se acelera la profundización de las desigualdades sociales y económicas y la respuesta de las autoridades se vuelve inminente.
El accionar gubernamental implica el reparto de ayudas que alivien las necesidades de los afectados, lo que a su vez se convierte en una tentación para hacer un uso indebido de los recursos estatales, sobre todo cuando ocurre en época electoral y cuando los funcionarios o sus colaboradores directos aspiran a un cargo de elección popular.
Bajo este escenario la personalización de las ayudas favorece la identificación de quien la entrega, reafirma la relación de poder y busca la promoción positiva de su imagen junto con el probable rédito electoral.
Durante la campaña electoral, el ventajismo oficial favorece el uso abusivo de los fondos del Estado y de las municipalidades para promover las candidaturas a cargos de elección popular propuestas por el partido de Gobierno, así como la reelección de alcaldes, aunque no militen en el oficialismo.
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Para Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) de la Fundación Nacional para el Desarrrollo (FUNDE), el clientelismo político “es un transe entre necesidades o intereses del electorado versus lo que el político puede ofrecer”.
Según el experto, donde se puede ver bien marcada esta relación es en las comunidades, ya que los habitantes pueden llegar a “transar” con la alcaldías una lámina a cambio del voto o ciertos intereses que la ciudadanía no podría ver satisfechos de no ser por este tipo de intercambios.
“Ahí es donde se abre una puerta a la corrupción porque, hoy por hoy, el discurso parece ser que justificamos esos transes sin importar el medio con que se obtengan las cosas que se van a entregar al electorado. Pareciera que no importa si entregamos las canastas básicas o paquetes agrícolas aunque estos provengan de un proceso que estuvo alineado con algún acto de corrupción”, opina Sandoval.
Estas prácticas establecen condiciones desiguales en la competencia, que transgreden el marco legal y que buscan influenciar en la voluntad de los electores, según Fusades. La actuación de los funcionarios no representaría ninguna ventaja si la ayuda se distribuyera a través de canales institucionales, sin promocionar al funcionario.
“Cuando la entrega de bienes persigue posicionar y crear estructuras clientelares basadas en el manejo indebido de fondos públicos y en información poco transparente, perjudica al sistema democrático y resta legitimidad al proceso electoral”, señala el estudio.
Promueven su imagen con entrega de alimentos
Nuevas Ideas lleva como aspirantes a diputados y alcaldes a varios funcionarios del Gobierno. Según la organización civil, todos han expresado su deseo de apoyar el proyecto del gobernante desde el Órgano Legislativo y el concejo municipal capitalino, lo que muestra el vínculo entre el partido y el Ejecutivo.
El magistrado del TSE, Noel Orellana, considera que se debe reformar la ley para obligar a todos los funcionarios del Ejecutivo a dejar sus puestos desde el momento en que resultan electos como candidatos a cargos de elección popular, porque con cualquier acto que hagan, directa o indirectamente, se aprovechan de su investidura para hacer campaña política a su favor.
Algunas de las medidas implementadas por el Gobierno para mitigar las carencias ciudadanas en la pandemia fueron el pago diferido de facturas de servicios básicos; la entrega del subsidio de $300 para hogares; el pago de $150 mensuales a empleados gubernamentales que trabajan en la crisis y la distribución de canastas alimenticias.
Al respecto, Fusades analizó la actividad de la cuenta de Twitter de Nuevas Ideas y registró, entre el 17 de mayo al 10 de junio, 89 tuits relacionados con la entrega de paquetes alimenticios. De estos el 58% son de contenido propio y el 42% son retuits de otras cuentas pertenecientes a instancias de la Presidencia y las de algunos funcionarios. Independientemente del origen del tuit, el 87% del contenido está vinculado con la entrega de alimentos; el resto se refería a la promoción de la imagen de algún funcionario, incluido Bukele.
“Entre las publicaciones de contenido propio de la cuenta de Nuevas Ideas el 88% se refieren a la propaganda partidaria a partir de la entrega de paquetes que hace el Gobierno con fondos públicos. A través de estas acciones, Nuevas Ideas utiliza el programa de alivio temporal del Ejecutivo como una herramienta para promover su imagen institucional y para asociarse como ejecutores de la ayuda entregada”, manifiesta el estudio.
En algunos de los tuits también se observa una tendencia a relacionar la entrega de la ayuda en la figura del gobernante. “La personalización de los programas podría configurar una estrategia para crear intercambios clientelares de ayuda por votos”, sostiene Fusades.
Sobre las entregas realizada por la alcaldía de San Salvador, Muyshondt anunció que para enfrentar la pandemia y la emergencia por las lluvias entregarían implementos de limpieza, bolsas con alimentos y realizarían jornadas médicas.
Fusades manifiesta que los datos publicados por la alcaldía indican que se erogaron $2 millones en compras para la emergencia por COVID-19. El gasto de la emergencia también incluyó $4,820 destinados a la impresión de adhesivos para colocarlos sobre las bolsas solidarias, bombas fumigadoras y botes de alcohol gel.
El estudio de Fusades destaca que, al revisar la cuenta de Twitter de la comuna se observan imágenes de esos productos con la calcomanía: “CON NETO #SSESTUYO”.
“En cuanto a la inversión de recursos, el alcalde afirmó que, al 18 de junio, ‘se han invertido cerca de cuatro millones y medio en atención a ambas emergencias’, sin embargo, no es posible contrastar esta información con datos duros de la alcaldía sobre cada una de las acciones ejecutadas”, explica la organización.
Entre el 14 de marzo y el 10 de junio de 2020, en la cuenta de la Alcaldía de San Salvador se contabilizan 297 publicaciones relacionadas con la atención a la pandemia COVID-19 y con las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal.
“Las fotografías publicadas en la cuenta de Twitter de la alcaldía de San Salvador son una muestra de la amplia promoción de la imagen del alcalde y del uso de su nombre con fondos públicos. De cara a las elecciones de 2021, en el que la papeleta de votación de los concejos municipales incluirá el nombre y la foto del alcalde, además de la bandera del partido por el que compiten, lo anterior podría inclinar la competencia a su favor, en una clara inequidad respecto al resto de competidores”, expone Fusades.
Estas acciones se enmarcan dentro de un año preelectoral y podrían constituir infracciones a los tiempos de campaña autorizados en la Constitución y en el Código Electoral. La fuente destaca que si bien la pandemia y los estragos por las tormentas demandan acciones de la municipalidad para paliar las carencias y daños, estas no deben incluir elementos que propicien un uso indebido de los recursos en beneficio particular del funcionario.
“A pesar de que las actividades no piden el voto de forma directa sí constituyen espacios en los que hay una propaganda a favor del edil…El uso de fondos del gobierno local con fines electorales es claramente una falta, que no solo limita las obras públicas sino también desequilibra la competencia electoral a favor del candidato oficial”, dice la investigación.