Nayib Bukele despide vía Twitter a más familiares de dirigentes del FMLN

Abogados dicen que el mandatario no puede obviar el debido proceso al cesar personal. Quienes acaten orden de un tuit sin seguir el trámite legal correspondiente se exponen a demandas. Expertos añaden que un mensaje de Bukele en una red social no tiene efectos legales.

Foto EDH/ Marcela Moreno

Por Eugenia Velásquez

Jun 06, 2019- 06:30

La vorágine de órdenes de despidos de funcionarios relacionados con el FMLN continuaron ayer por parte del presidente Nayib Bukele. Ante esto, abogados expertos en lo laboral y constitucional conTwittersultados por El Diario de Hoy coincidieron en que si bien Bukele puede ordenar por Twitter a los funcionarios de gobierno destituir a empleados que considere conveniente, no lo exime de cumplir con lo establecido en las leyes que rigen las contrataciones de los servidores públicos.

“Si bien conocemos órdenes vía Twitter, entiendo que habrá un proceso de despido respetando garantías. De lo contrario, no sería raro que los funcionarios de estas instituciones se enfrenten a demandas judiciales”, explicó Henry Orellana, doctor en derecho y especialista en Derecho Administrativo.

Bukele ha dado órdenes por medio de su cuenta de Twitter de destituir a alrededor de una veintena de funcionarios públicos a quienes relaciona como familiares del expresidente Salvador Sánchez Cerén, de varios dirigentes del FMLN y ex funcionarios públicos del gobierno saliente.

Orellana auguró que los afectados por los despidos se defenderán ante los tribunales, ya que no pueden ser destituidos “de la noche a la mañana”, dado que la ley les otorga derechos que han sido reconocidos por la jurisprudencia de las Salas de lo Constitucional y de lo Contencioso, aún cuando éstos se traten de “cargos de confianza”.

Dice que el Máximo Tribunal emitió sentencias en 2009 y en 2012 para regular despidos de funcionarios del aparato del Estado.

El jurista reconoce que los cambios de gobierno traen consigo que los llamados “funcionarios de confianza” depongan sus cargos, por lo que sus destituciones casi son de facto, pero los puestos técnicos y otros que no son clasificados en ese rango revisten de estabilidad laboral y hay normativas que rigen el proceso a seguir para cesarlos.

Hasta en despidos cuya causa sea nepotismo, es decir contratos de familiares de funcionarios públicos se debe seguir el debido proceso. “No se puede prejuzgar”, dice Orellana. Para ello, explica, hay una regulación en la Ley de Ética Gubernamental que concluye bajo investigación si en realidad procede la destitución por la falta de “nepotismo”.

José Rodezno, otro abogado especialista en la parte laboral reitera que los funcionarios públicos que acaten la orden emitida por Bukele solo por tuit y sin mediar el proceso de ley se someterán a demandas judiciales por violar las leyes laborales que aplican para los trabajadores gubernamentales. Entre estas están la Ley de Salarios, la de Servicio Civil, la de Garantías y Audiencias para Empleados y Funcionarios públicos y la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, explicó.

Por otra parte, están los empleados que han sido despedidos cuando Bukele anunció la anulación de diversas secretarías de la Presidencia. Entre estos hay ordenanzas y vigilantes, denunció ayer un grupo de empleados que llegó a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos a pedir que medie para que vele por sus derechos laborales (ver nota en página 4).

El procedimiento legal

“Lo novedoso es que hace despidos por redes sociales. ¿Hasta qué punto estas publicaciones se puedan considerar que tengan un efecto legal?”, se pregunta Rodezno, al tiempo que añade que una publicación en redes no tiene efecto legal, “porque directamente no será él (Bukele) quién ejecutará la terminación de una relación del funcionario con el servidor institucional”.

Ante esto, dice que debe seguirse el proceso legal que implica generar una audiencia con la Comisionada del Servicio Civil, para luego interponer una demanda y esperar que el Tribunal sentencie para que se pueda proceder a la remoción.

Añade que hay casos en los que también se establece una compensación económica y otros en los que se debe revisar su estatus, ya que hay puestos nombrados por acuerdos ejecutivos que son ratificados por el Ministerio de Hacienda bajo el amparo de Ley de Salarios.

“Si está vigente la plaza no es tan fácil decir: ustedes están fuera y no habrá repercusión legal”, afirmó en el caso concreto de la remoción del exdirector de Protección Civil, Jorge Meléndez, cuyo contrato vencía hasta diciembre de 2019.

Agregó que en ese despido se debe revisar si Meléndez había depuesto su cargo como lo tendrían que haber hecho todos los funcionarios del gobierno del FMLN.

El presidente de Acción Ciudadana, Humberto Sáenz, afirmó que si existiera una Ley de Función Pública no se dieran estos casos. Coincidió con sus colegas abogados que si no se respetan los procedimientos de ley las órdenes de destitución carecen de legalidad.

El FMLN emitió un comunicado ayer condenando “atropello y violación a los derechos” de los trabajadores y exhortaron a denunciar y pronunciarse en contra de las “arbitrariedades que son parte de la ‘medicina amarga’ que el presidente ofreció al pueblo”, reza el informe.

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