Para la abogada penalista, que el presidente Nayib Bukele, por medio de un tuit prohíba el ingreso de salvadoreños que provienen de Reino Unido y Sudáfrica por la aparición de una nueva cepa de COVID-19, no es un medio para que la medida tenga vigencia legal.
“Como @nayibbukele usa Twitter como medio de notificación nacional, TODOS los ciudadanos a quienes nos tiene bloqueados estamos en el derecho de no cumplir lo que postea en Tw, porque al no publicarlo previamente en D.O. (Diario Oficial) nos asiste el Art. 146 C.P.C.M. en referencia al Art. 8 Cn.”, afirma la abogada.
“Sucede que el presidente publica situaciones de interés público en su cuenta de Twitter en su carácter de presidente y nos tiene bloqueados a varios ciudadanos. Lo cuál riñe con nuestro derecho a la información”, explica Galeas.
Añade que “así mismo la obligatoriedad del cumplimiento de la ley corresponde a su publicación y conocimiento público a través del D. O. (Art. 6 C. C). Les comparto los Arts. en referencia de la Cn, C.P.C.M y C.C.”, cita en su cuenta de Twitter.
“La Ley obliga en el territorio de la República en virtud de su solemne promulgación y después de transcurrido el tiempo necesario para que se tenga noticia de ella. Esto mismo se aplica a los reglamentos, decretos y demás disposiciones de carácter general, emanados de la autoridad legítima en el ejercicio de sus atribuciones. La publicación deberá hacerse en el periódico oficial, y la fecha de promulgación será, para los efectos legales de ella la fecha de dicho periódico”, artículo 6 del Código Civil que señala la abogada en el proceso de promulgación de una ley.
“Y en ese sentido no estamos obligados a cumplirlo primero porque no es ley, no ha sido publicada en el Diario Oficial, y un tweet no es medio legal de notificación”, detalló la abogada.
El domingo, Bukele por medio de un tuit prohibió el ingreso de vuelos que provengan de del Reino Unido y Sudáfrica por la aparición de una nueva cepa del COVID-19.
La prohibición incluye a personas que hayan estado en esos países en los últimos 30 días. Sin embargo, la medida va en contra de la Constitución de la República, pues en el artículo 5 dice que “no se podrá expatriar a ningún salvadoreño, ni prohibírsele la entrada en el territorio de la República, ni negársele pasaporte para su regreso u otros documentos de identificación”.