La propuesta gubernamental para reformar la Constitución y crear un Tribunal Constitucional separado de la Corte Suprema de Justicia es innecesaria, de acuerdo a abogados consultados, porque ya existe la Sala de lo Constitucional con facultades suficientes para interpretar la Carta Magna.
“Desde un punto de vista funcional, crear un tribunal constitucional fuera de la Corte Suprema de Justicia no tiene ningún efecto. El alcance de la justicia constitucional que ejerce un tribunal constitucional no varía si está dentro o fuera de una Corte Suprema de Justicia”, opinó el abogado Daniel Olmedo.
De igual forma opina el abogado de Cristosal, Jonathan Sisco, para quien esta reforma es innecesaria.
“No es necesario porque ya existe un tribunal especializado facultado para tramitar y conocer los cinco procesos constitucionales establecidos en la Constitución, es la Sala que es un verdadero Tribunal Constitucional, lo importante no es la denominación, lo esencial son las funciones asignadas”, declaró.
El riesgo de la propuesta es la forma cómo integrar ese tribunal. Actualmente, la Sala de lo Constitucional, y en general todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, son electos por la Asamblea Legislativa de ternas que envían La Federación de Abogados (FEDAES) y el Consejo Nacional de la Judicatura, es decir tiene un doble filtro.
En la propuesta de Ulloa, no obstante, los miembros de este Tribunal Constitucional serán electos de un listado que envíe un Colegio de Abogados y Notarios.
La idea, de acuerdo al constitucionalista Enrique Anaya, no es viable porque carece de filtros suficientes para elegir a los idóneos.
Anaya afirmó que la idea de crear un colegio de abogados para que sean estos los que propongan a los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia es un “populismo barato y vulgar”.
Según dijo, la experiencia de otros países cercanos como es el caso de Guatemala ha demostrado que el mecanismo ha sido “manipulado” y ha servido para elegir a “delincuentes”. Por ejemplo, en Guatemala, en las dos últimas elecciones de magistrados nombraron a dos personas que están mencionadas en la Lista Engel de Estados Unidos con vínculos a casos de corrupción.
Igual opinión tiene el abogado de Cristosal, para quien la elección del Tribunal sin filtros deja a muchos conflictos de interés coexistiendo.
“Si se aprueba el anteproyecto el proceso de elección de magistrados no va garantizar que se elija los mejores. El gremio de abogados, con este nuevo proceso, va a hacer una lista con los candidatos más populares del gremio, los que puedan obtener financiamiento para su campaña, por ejemplo. Los que hagan las mejores fiestas, los que tenga vínculos materiales con el partido Nuevas Ideas, etc”, reseñó.
Es más, Sisco ilustró un actual ejemplo de conflicto de interés que podría ocurrir en el futuro si la enmienda se aprueba como está.
“Un miembro de la comisión ad hoc también es magistrado suplente del Tribunal Supremo Electoral y es directivo del Círculo de Abogados de El Salvador, él es uno de los promotores de las reformas constitucionales ahí hay un conflicto de interés porque está promoviendo que el Colegio de Abogados y Notarios sea el que realice la elección de abogados pero él es directivo del CASS entonces podría él formar parte del Colegio de Abogados en el futuro, ahí hay un conflicto ético, de intereses”, consideró.
Para Sisco es además preocupante el hecho de que al crear el Tribunal Constitucional también se propone crear una Sala de lo Electoral, la cual sería la última instancia en esa materia y dejaría esta área exenta del control de una Sala de lo Constitucional.
“En el anteproyecto de reformas se le quitan facultades a la Sala, desaparece el proceso de pérdida de los derechos de ciudadanía. Y crean una zona exenta de control constitucional ya que en materia electoral la última instancia será la Sala de lo Electoral, esto va en contra de la esencia misma del control de constitucionalidad. En un estado de derecho no se admite la posibilidad de que exista zonas exentas de control constitucional. Todo acto estatal que transgreda los preceptos establecidos en la Constitución debe ser conocido por el tribunal constitucional que en nuestro caso se llama Sala de lo Constitucional”, resumió.
Por tanto, a juicio de Olmedo, la actual Sala de lo Constitucional funciona de manera correcta y la reforma para el Tribunal Constitucional sería innecesaria.
“Nuestra jurisprudencia constitucional ya ha dejado bastante claro que, aunque nuestro tribunal constitucional está orgánicamente dentro de una Corte Suprema de Justicia, esto no supone un límite para controlar a la misma Corte Suprema, otras salas o a cualquier entidad del Órgano Judicial”, concluyó.
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