Como parte del estudio que llevan a cabo los diputados de la comisión de la Familia de la Asamblea, del proyecto de ley de Inclusión de la Persona con Discapacidad, ayer acordaron incluir dentro de su articulado multas para quienes se nieguen a brindar atención médica, matrícula escolar, créditos para la compra de bienes muebles e inmuebles y empleo a personas con capacidades especiales.
Estos rechazos han sido clasificados como faltas graves y muy graves y serían castigados con multas económicas que van entre 4 a 9 salarios mínimos, dependiendo de la gravedad de la infracción.
Es decir que la multa más baja sería de 1,200 dólares hasta la más alta de 2,700 dólares.
Los directores de centros escolares que expulsen a un alumno por su condición física también serán sancionados con multa, de acuerdo a lo determinado ayer por los diputados de la Comisión de Familia.
“Se va a provocar un cambio en la cultura salvadoreña a nivel general, porque en todos los artículos que hemos aprobado, sobre todo el capítulo de la educación inclusiva, se busca generar las condiciones y cuando estas estén dadas pues sería una multa muy grave que no se permita la matrícula a niños y adolescentes -en un centro educativo por su condición de discapacidad-”, afirmó el diputado de ARENA, David Reyes.
El cumplimiento obligatorio de la ley en estudio permitiría generar las condiciones para la inclusión del sector. Al respecto, la diputada Karina Sosa, del FMLN, opinó que el acceso a la educación “ya es un derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes aprobados por esta Asamblea y ese derecho no se discute, simplemente lo que estamos haciendo es ponerlo en esta nueva legislación con ese énfasis”.