Mujeres y niños son principales víctimas de desplazamiento provocado por pandilleros

Los casos de mujeres y niños en 2017 fueron 543, en 2018 se registraron 788 y este año suman 254 víctimas del fenómeno.

Soldados y policías miran la huida de una familia. Víctimas confían poco en las autoridades. Foto EDH/ Lissette Lemus

Por Cecilia Fuentes/ Xiomara Alfaro/ Jorge Cabrera

Nov 22, 2019- 06:15

Lágrimas recorren el rostro angustiado y temeroso de Sofía Palacios (nombre ficticio), una mujer de 50 años, quien anhela la estabilidad que tenía hace un año. Palacios ya no tiene dónde vivir, las pandillas la obligaron a ella y a sus hijos a salirse de su vivienda, un hecho que vino posterior a la desaparición de su esposo Carlos R, de 44 años.

La pareja de Palacios trabajaba como taxista y regresaba, a más tardar, a las 3:00 a.m., cuenta su esposa. El 14 de noviembre de 2018, Carlos ya no regresó a casa.

Palacios asegura que desde entonces su vida y la de sus hijos – entre ellos un menor de seis años- cambió, y no solo por la desaparición de su esposo sino porque desde entonces ya no tienen dónde vivir.

 

Según un Informe de las Organizaciones de sociedad civil sobre casos de Desplazamiento Forzado por Violencia en El Salvador reveló que en 2018, se atendió a 1,315 víctimas, lo que representa un incremento en relación al año 2017 cuando fueron reportadas 828 personas desplazadas.

“En este año ya se anda arriba de las 1,100 personas afectadas por desplazamiento”, explicó David Ortíz, del programa de Seguridad Ciudadana y Justicia Penal de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad).

“A partir de las personas, de las víctimas que nosotros atendemos en diferentes niveles podemos afirmar que mayoritariamente la población que más es afectada por el tema del desplazamiento son las mujeres y los niños”, aseguró Ortíz.

El desplazamiento forzado se refiere a la situación de las personas que de manera obligada dejan sus hogares o huyen debido a los conflictos, las amenazas, las persecuciones y las violaciones a derechos humanos, afirmó el Banco Mundial.

Palacios vivía en una comunidad en Mejicanos donde domina la pandilla MS.

 

“Nos llamaron por teléfono cuando cumplió un mes (de desaparecido su esposo). El 14 de diciembre recibí una llamada como a eso de las 9:30 de la noche y me preguntaban ¿qué hacíamos ahí, que esperábamos para irnos? Además me dijeron que no buscáramos nada, que no íbamos a encontrar nada, esas fueron las palabras de la persona que llamó”, expresó Sofía. Desde entonces la familia no tiene un lugar estable de residencia.

Este fenómeno se ha visibilizado más en la última década y ha tomado mayor auge a raíz de la criminalidad y la violencia generalizada que afecta a los países.

Éxodos seguidos de asilo

Según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en las últimas dos décadas, alrededor de 71,500 personas, entre ellas, Palacios y sus hijos, fueron víctimas de desplazamiento forzado en El Salvador, y desde 2010 a 2018, alrededor de 46,800 salvadoreños solicitaron asilo en diversos países.

El dato proporcionado por ACNUR pone a esta problemática como uno de los fenómenos de la violencia que más afecta a los salvadoreños, sobre todo a aquellos de más bajos recursos. Y el sector más afectado son mujeres y niños.

De acuerdo al informe, 263 mujeres fueron víctimas de este fenómeno en 2017, mientras que en 2018, fueron 468. A los datos, se le suma la cantidad de niños atendidos que fueron 280 ese mismo año y más de 300 el año pasado.

Beatriz Campos, procuradora adjunta para la defensa de los derechos de la persona migrante y seguridad ciudadana, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), refuerza este análisis al señalar que la mayor parte de la población afectada, de los casos que registran son mujeres, niñez y adolescencia.

En lo que va de este año, la PDDH registró más de 400 casos de desplazamiento forzado (dato hasta septiembre), de estos el 61.8% está representado por mujeres, niños, niñas y adolescentes.

“Yo no tengo donde vivir, vivo una semana en un lugar y la siguiente en otro. Mis hijos y yo, los tres estamos a la deriva, sobrevivimos porque Dios es grande”, manifestó Sofía.

Según el Informe Mundial sobre Desplazamiento Interno (GRID 2018) publicado por el Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés), El Salvador está entre los 10 países más afectados por desplazamientos internos atribuidos a conflictos en el mundo.

Desplazamiento forzado

“No sé para donde irme. Ya no puedo llegar donde mi hija porque los muchachos (pandilleros) están preguntando quién es uno de mis hijos y por qué está llegando ahí”

víctima,

Entre las causas que llevan a las familias a abandonar sus lugares de residencia están en primer lugar las amenazas, las cuales tienen como principal agente ejecutor las pandillas.

“Me catalogo como una persona normal, no ando delinquiendo, pero en mi casa dominaba una pandilla y donde mi hija otra, para mi es natural llegar a una colonia y otra pero después de esto no puedo”, explicó Palacios.

La PDDH refleja que en 2019, de un total de 132 grupos familiares desplazados, 44 fueron causados por la pandilla MS, 34 por la pandilla 18; en 38 hechos la causal fue registrada sólo como pandillas. El grupo delincuencial La Máquina también aparece como perpetrador en un caso.

Las estadísticas colocan como segunda causa de desplazamiento forzado la desaparición de un familiar, como el caso de Palacios. Otra de las causas es por el asesinato de un familiar. El abuso de autoridad, el intento de homicidio y la agresión física elevan los números de personas desplazadas en el país.

Varios informes identifican a las familias pobres como las principales víctimas de este fenómeno, lo que no significa que no existan casos entre familias de mayores recursos económicos. Cristosal señala en su informe “Señales de una crisis” que estos se desplazan por sus propios medios y no buscan ayuda de organizaciones o instituciones estatales lo que los hace menos visibles.

Los líderes comunitarios, defensores de derechos humanos, comunidad Sosig también son violentados en sus derechos y obligados a irse de sus viviendas por las tareas que desempeñan o por la actividad a la que se dedican.

“La zona central, como La Libertad y San Salvador, son los departamentos que más generan desplazamiento forzado, se registran más casos. Hasta septiembre ya sobrepasamos el número de personas afectadas por desplazamiento del 2018”, señala Ortíz.

Foto EDH/ Lissette Lemus

Un reconocimiento tardío

Pese a que el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de la anterior administración reconoció que existía el desplazamiento forzado en El Salvador y que este fenómeno mostraba un crecimiento anual con tendencia al alza (dato señalado en el informe Caracterización de la movilidad interna a causa de la violencia en El Salvador 2018), no fue hasta octubre de este año que el Gobierno salvadoreño reconoció de manera oficial esta problemática tras adherirse al Marco Integral Regional de Protección y Soluciones (MIRPS), una iniciativa regional que busca atender de manera integral el tema.

Pese al reconocimiento de esta problemática, El Salvador aún no cuenta con una ley de atención a víctimas de desplazamiento forzado. Desde hace tres años la Asamblea Legislativa tiene en estudio un anteproyecto presentado por Cristosal y otras organizaciones, que de acuerdo a Celia Medrano, directora de Programas de Cristosal, busca dar una atención integral a las víctimas.

Para ACNUR, el impacto que tiene el desplazamiento en la sociedad es grave y a esto se le suma los retos económicos que afectan a las familias que les toca huir. Las familias no solo se ven afectadas en dejar su hogar sino que también deben costear una nueva vivienda, gestionar la acogida con un familiar o en el caso extremo migrar hacia otro país.

De acuerdo al Sistema de Monitoreo sobre el desplazamiento forzado en el triángulo norte de Centroamérica, de enero a diciembre de 2018, representantes de las familias afectadas detallaron la fluctuación de su ingreso familiar a partir de los hechos que originaron el desplazamiento interno.

Palacios ya es una señora de 50 años, “al ya no estar un pilar fundamental en la familia (su esposo desaparecido) es doloroso. Yo tengo un puesto en el mercado donde me estoy realizando, por mi edad es difícil que tenga un trabajo fijo y pues ahorita estoy así”, dijo la mujer.

El informe detalló que, durante el 2018, se registraron a 1,946 personas con necesidad de desplazarse internamente. De ellas, 1,724 fueron registradas en El Salvador.

 

Los datos recabados muestran que el 74.5% de las personas indicaron que sus ingresos bajaron a partir de haber huido de las maras. El 22.7% relataron que se mantuvo y sólo el 2.8% que su ingreso se incrementó.

Otra de las afectaciones para estas familias, es la pérdida de la actividad económica que realizaban; para el caso 56.3% perdieron su trabajo a causa de los hechos de violencia.

“Quisiera encontrar un trabajo, pero a esta edad ya no lo dan y por eso opté por irme a poner en el mercado. Siento que sería más factible tener un trabajo fijo porque un determinado día voy a tener cierta cantidad de dinero y podría pagar un cuarto, una casa, pero en el mercado hay días que se vende y otros no. Hay días malos y otros peores”, dice Palacios.

El desplazamiento forzado no solo afecta a los adultos y su situación laboral. Sino que gran cantidad de niños, niñas, adolescentes y jóvenes son afectados en el ámbito educativo.

El 41.39% de personas, según el informe, estudiaban al momento de los hechos, de los cuales, el 55.1% se vieron obligados a dejar sus estudios.

Palacios sueña con que su hijo de 6 años pueda retomar sus estudios el otro año, pero es notable la angustia al no saber si tendrá las condiciones para poder matricularlo, “en una escuela pública”, subraya porque “no tenemos el dinero para algo más”.

La situación a Palacios la ha llevado a buscar asilo y en estos momentos se encuentra esperando una respuesta de la institución que la está asesorando.

“El país está desbordado. Yo estoy pidiendo asilo, lastimosamente soy una estadística más, todo es un proceso, un protocolo, hay que esperar y mientras uno acá en el país viviendo, sufriendo circunstancias que están pasando”, lamentó Palacios.

En 2017, Cristosal señaló que no solo las pandillas son los causantes del desplazamiento forzado en El Salvador, sino que también figuran la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada, una variante que se repite hasta 2019.
La PDDH también ve con preocupación la criminalización de la juventud en las comunidades donde residen miembros de pandillas, esto hace que los jóvenes se sientan acosados. “Se tienen muchas denuncias donde la PNC hace capturas” de manera arbitraria, dice Beatriz Campos. Para esta funcionaria, esta condición los obliga a irse de su lugar de residencia por miedo.

Al igual que la PDDH varios organismos internacionales y locales hablan de un grupo de salvadoreños víctimas de la violencia generalizada que están en riesgo de desplazamiento forzado, es decir, personas que por alguna razón aún no han abandonado sus casas, un indicador que sigue ubicando a esta problemática con tendencia a la alza.

 

*Esta investigación se realizó en el marco del Taller de Periodismo con enfoque de Derechos Humanos y Género

Te recomendamos

Movistar FOTOS: Las curiosas figuras de barro del centro de San Salvador que salvadoreños incluyen a su Nacimiento
Movistar LO MÁS VISTO: ¿Qué fue de Mary Austin, el gran amor de Freddie Mercury?
Movistar Yris Palmer, la empresaria salvadoreña que ofreció horchata a su amiga Kylie Jenner

Utilizamos cookies y otras tecnologias para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web.

Política de privacidad