Lágrimas recorren el rostro angustiado y temeroso de Sofía Palacios (nombre ficticio), una mujer de 50 años, quien anhela la estabilidad que tenía hace un año. Palacios ya no tiene dónde vivir, las pandillas la obligaron a ella y a sus hijos a salirse de su vivienda, un hecho que vino posterior a la desaparición de su esposo Carlos R, de 44 años.
La pareja de Palacios trabajaba como taxista y regresaba, a más tardar, a las 3:00 a.m., cuenta su esposa. El 14 de noviembre de 2018, Carlos ya no regresó a casa.
Palacios asegura que desde entonces su vida y la de sus hijos – entre ellos un menor de seis años- cambió, y no solo por la desaparición de su esposo sino porque desde entonces ya no tienen dónde vivir.
Según un Informe de las Organizaciones de sociedad civil sobre casos de Desplazamiento Forzado por Violencia en El Salvador reveló que en 2018, se atendió a 1,315 víctimas, lo que representa un incremento en relación al año 2017 cuando fueron reportadas 828 personas desplazadas.
“En este año ya se anda arriba de las 1,100 personas afectadas por desplazamiento”, explicó David Ortíz, del programa de Seguridad Ciudadana y Justicia Penal de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad).
“A partir de las personas, de las víctimas que nosotros atendemos en diferentes niveles podemos afirmar que mayoritariamente la población que más es afectada por el tema del desplazamiento son las mujeres y los niños”, aseguró Ortíz.
El desplazamiento forzado se refiere a la situación de las personas que de manera obligada dejan sus hogares o huyen debido a los conflictos, las amenazas, las persecuciones y las violaciones a derechos humanos, afirmó el Banco Mundial.
Palacios vivía en una comunidad en Mejicanos donde domina la pandilla MS.
“Nos llamaron por teléfono cuando cumplió un mes (de desaparecido su esposo). El 14 de diciembre recibí una llamada como a eso de las 9:30 de la noche y me preguntaban ¿qué hacíamos ahí, que esperábamos para irnos? Además me dijeron que no buscáramos nada, que no íbamos a encontrar nada, esas fueron las palabras de la persona que llamó”, expresó Sofía. Desde entonces la familia no tiene un lugar estable de residencia.
Este fenómeno se ha visibilizado más en la última década y ha tomado mayor auge a raíz de la criminalidad y la violencia generalizada que afecta a los países.
Éxodos seguidos de asilo
Según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en las últimas dos décadas, alrededor de 71,500 personas, entre ellas, Palacios y sus hijos, fueron víctimas de desplazamiento forzado en El Salvador, y desde 2010 a 2018, alrededor de 46,800 salvadoreños solicitaron asilo en diversos países.
El dato proporcionado por ACNUR pone a esta problemática como uno de los fenómenos de la violencia que más afecta a los salvadoreños, sobre todo a aquellos de más bajos recursos. Y el sector más afectado son mujeres y niños.
De acuerdo al informe, 263 mujeres fueron víctimas de este fenómeno en 2017, mientras que en 2018, fueron 468. A los datos, se le suma la cantidad de niños atendidos que fueron 280 ese mismo año y más de 300 el año pasado.
Beatriz Campos, procuradora adjunta para la defensa de los derechos de la persona migrante y seguridad ciudadana, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), refuerza este análisis al señalar que la mayor parte de la población afectada, de los casos que registran son mujeres, niñez y adolescencia.
En lo que va de este año, la PDDH registró más de 400 casos de desplazamiento forzado (dato hasta septiembre), de estos el 61.8% está representado por mujeres, niños, niñas y adolescentes.
“Yo no tengo donde vivir, vivo una semana en un lugar y la siguiente en otro. Mis hijos y yo, los tres estamos a la deriva, sobrevivimos porque Dios es grande”, manifestó Sofía.
Según el Informe Mundial sobre Desplazamiento Interno (GRID 2018) publicado por el Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés), El Salvador está entre los 10 países más afectados por desplazamientos internos atribuidos a conflictos en el mundo.
Desplazamiento forzado
Entre las causas que llevan a las familias a abandonar sus lugares de residencia están en primer lugar las amenazas, las cuales tienen como principal agente ejecutor las pandillas.
“Me catalogo como una persona normal, no ando delinquiendo, pero en mi casa dominaba una pandilla y donde mi hija otra, para mi es natural llegar a una colonia y otra pero después de esto no puedo”, explicó Palacios.
La PDDH refleja que en 2019, de un total de 132 grupos familiares desplazados, 44 fueron causados por la pandilla MS, 34 por la pandilla 18; en 38 hechos la causal fue registrada sólo como pandillas. El grupo delincuencial La Máquina también aparece como perpetrador en un caso.
Las estadísticas colocan como segunda causa de desplazamiento forzado la desaparición de un familiar, como el caso de Palacios. Otra de las causas es por el asesinato de un familiar. El abuso de autoridad, el intento de homicidio y la agresión física elevan los números de personas desplazadas en el país.
Varios informes identifican a las familias pobres como las principales víctimas de este fenómeno, lo que no significa que no existan casos entre familias de mayores recursos económicos. Cristosal señala en su informe “Señales de una crisis” que estos se desplazan por sus propios medios y no buscan ayuda de organizaciones o instituciones estatales lo que los hace menos visibles.
Los líderes comunitarios, defensores de derechos humanos, comunidad Sosig también son violentados en sus derechos y obligados a irse de sus viviendas por las tareas que desempeñan o por la actividad a la que se dedican.
“La zona central, como La Libertad y San Salvador, son los departamentos que más generan desplazamiento forzado, se registran más casos. Hasta septiembre ya sobrepasamos el número de personas afectadas por desplazamiento del 2018”, señala Ortíz.