Desde el 12 de septiembre de 2018, la familia de Eusebio Raúl Palacios Arévalo no ha tenido paz. Su muerte no ha sido esclarecida y la presunta responsable, hija de un policía, dice que lo arrastró pero no lo atropelló; y por la deficiente acusación de la Fiscalía, a decir del juez, la imputada está, por hoy, libre de culpa.
Siete meses han pasado desde que Karen Yohana Alvarado Amaya, de 22 años, habría atropellado a Eusebio en el Reparto Santa Alegría, de Ciudad Delgado, y arrastró varios metros el cuerpo enganchado a la parte trasera del microbús.
Desde aquel fatídico día, la familia ha intentado hacer justicia a Eusebio, el patriarca jubilado que sirvió 49 de sus 90 años en el Instituto Nacional de Estadística y Censos; tuvo un largo matrimonio de 64 años con María Teresa Zavala y con ella procreó seis hijos.
El día en que murió atropellado hacía su caminata, que durante cuatro décadas arrancaba a las 6:00 a.m.; apoyado en su bastón y a paso pausado recorría una manzana alrededor de su casa. Le ayudaba a enfrentar la artritis y a mantenerse activo, dicen sus parientes.
Nunca tuvo percance alguno, añaden, y siempre regresaba a casa con una bolsa de pan en la mano y listo para desayunar con su esposa.
Sobre cómo fue atropellado todavía es una incógnita. Joaquín Palacios Zavala, el hijo que acudió a la escena del accidente una hora después, dice que la conductora miente porque la escena que grabó en vídeo y fotografió la contradicen.
Joaquín muestra los documentos judiciales que dan fe del esfuerzo de la familia para que se establezca esa verdad de los hechos y que un tribunal dé la sentencia más justa, pero dice que eso no lo han encontrado en el sistema de justicia. Es más, dice que ese sistema está “deshumanizado” y no piensa en la víctima.
Joaquín no duda en apuntar sus críticas a la Fiscalía y a la Inspectoría General de la Policía, adscrita al Ministerio de Justicia y Seguridad. A ambas instituciones acudió en busca de justicia. A la primera llegó el 18 de septiembre, seis días después de la muerte de Eusebio, y en representación de su madre y hermanos, a pedir que investigara lo ocurrido.
A la Inspectoría fue el 26 de octubre y pidió que investigue al padre de Karen, un oficial de la Policía que, dice, intentó favorecer a su hija ofreciéndole dinero para que el caso no pasara a más, frente al cadáver de su progenitor.
Según Joaquín, en la Inspectoría la persona que lo atendió le dijo que esa actuación del policía violaba la ética, que era una falta grave y le abrió un expediente. Mientras la Fiscalía llevó el caso a un tribunal.
El caso de Eusebio llegó primero al Juzgado Tercero de Paz, de Ciudad Delgado y luego al Juzgado Primero de Tránsito de San Salvador. Las noticias han sido malas para la familia, pues a juzgar por lo registrado en el actas de la audiencia, la Fiscalía no hizo bien su trabajo.
Juez regaña al fiscal
En una resolución del Juzgado Primero de Tránsito de San Salvador del 26 de febrero pasado tras la audiencia inicial celebrada seis días antes, se declaró inadmisible el dictamen de acusación presentado por el representante fiscal “en virtud de no haber presentado una relación clara, precisa, circunstanciada y específica del hecho atribuido” y en el que dice se advirtió que “disponía del plazo de la prescripción del delito para tal efecto”.
La Fiscalía cumplió con ese requerimiento, pero en el documento, el juez deja constancia que el fiscal presentó la relación circunstanciada de los hechos “de manera dispersa y desordenada, no construye lo que debería ser una verdadera teoría del caso o Teoría Fáctica”.
El juez concluye que lo presentado “presenta nuevamente deficiencias en su estructura, por lo que debe ser replanteada conforme a los criterios antes mencionados, so pena de no hacerlo se puede caer nuevamente en la deficiencia que conllevó a la declaración de inadmisibilidad de la acusación…”.
Además le recuerda que Fiscalía debe “practicar las diligencias y actuaciones que se le encomiendan por ser el ente responsable de la investigación y habiéndose encomendado por este Juzgado actos necesarios para la investigación del hecho delictivo, considera procedente advertir el representante fiscal, que la falta de prueba corre bajo su responsabilidad…”.
Esto refuerza la crítica que Joaquín hace al fiscal. De hecho dice que desde un principio le propuso que indagara a qué hora llamó y a quiénes primero la responsable del accidente, o a los vecinos que llamaron al 911 alertando del accidente porque ellos pueden contar lo que vieron. O que se investigue si la joven está autorizada para manejar un microbús escolar, ya que este no tenía en ningún lado distintivo del Viceministerio de Transporte (VMT).
El fiscal siempre me decía: ‘sí, es cierto”, dice Joaquín, pero que nunca lo consideró y que el juez le hizo ver eso mismo en la audiencia.
Lo único que sí dice Joaquín que expuso el fiscal es que no está autorizado como transporte escolar.
Sobreseimiento provisional
En el acta de la audiencia preliminar celebrada el 22 de marzo de 2019, la defensa de la imputada expone que si bien no se niega que el microbús que conducía su defendida arrastró a la víctima, “no hay elementos de prueba sobre el atropello de la víctima”, ya que de acuerdo a la inspección policial el vehículo “no presenta golpes en la parte trasera.
También plantea que, según la autopsia, las lesiones que presentaba Eusebio no reflejan que hubo atropello de la víctima ni fracturas en las piernas y tampoco qué le ocasionó el golpe. Dijo además que, debido a la edad de la víctima, se pudo haberse caído, que no se explica cómo estaba en el lugar, y que de haberlo atropellado, la madre de la conductora y los escolares le habrían avisado.
Vecinos dijeron a la familia haber escuchado aquella mañana que jovencitos gritaban: “Seño, seño, lleva a un señor abajo”.
Pero, la defensa sostuvo que “no hay evidencia o indicio que establezca que el microbús impactó a la víctima” o de “qué es lo que ocasionó el atropello de la víctima”.
La imputada dice ante el juez que “lamenta lo ocurrido a la víctima, pero que ella no lo atropelló y cuando retrocedió”. Además ofreció a dos testigos de descargo.
En su intervención ante el juez, Joaquín Palacios le pide que se haga una reconstrucción de los hechos para que se establezca qué es lo que vieron los estudiantes.
En su argumentación, el juez dice que “al representante del Ministerio Público Fiscal le faltó diligencia, ya que hay elementos dentro de los cuales puede extraerse más información, como lo es la cronología de eventos del Sistema de Emergencia (911)”, debido a que hubo llamadas telefónicas de personas a las que pudo contactar y entrevistar “para determinar si alguno pudo haber presenciado los hechos…”.
Incluso le dice el juez al fiscal que pudo haber surgido información del agente policial que llegó primero a la escena respecto a si hubo testigos presenciales.
A raíz de esto, el juez sobresee provisionalmente a la imputada, deja abierta la puerta para que la Fiscalía pueda presentar “nuevos elementos que tornen viable la reapertura del proceso” y le manda a que haga lo que no hizo: buscar testigos presenciales. En tanto, dejó suspendido el pronunciamiento sobre la responsabilidad civil.
Joaquín dice que esperan que la Fiscalía actúe con más diligencia y el caso siga hasta hallar la verdad.
