Al menos 29 personas murieron ayer en un confuso motín carcelario en el estado venezolano de Portuguesa (centro), que tiñó de rojo de nuevo las cárceles del país, pues en 2017 y 2018 se produjeron reyertas similares que se saldaron con 39 y 68 fallecidos, respectivamente.
Aunque las autoridades no se han pronunciado de forma oficial para informar los detalles del caso, una fuente del Ministerio Público (Fiscalía) confirmó que en el motín, que se produjo en los calabozos de la Comandancia General de la Policía en Acarigua, que forma parte del municipio Páez, murieron 29 personas y otras 19 resultaron heridas.
El enfrentamiento armado ocurrió cuando un grupo de policías intentó ingresar a los calabozos del centro policial donde se encontraban varios centenares de detenidos, algunos de ellos armados, que rechazaron la incursión de los funcionarios alegando que temían ser robados, señaló Humberto Prado, director general de la organización humanitaria Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
Durante el incidente se reportó la detonación de un artefacto explosivo.
El Observatorio, una organización no gubernamental que defiende a los reos, ha responsabilizado del hecho al Ministerio de Servicios Penitenciarios, creado en 2011 por el régimen chavista para atender los problemas del sector y encabezado por Iris Varela.
A través de la red social Twitter, el OVP ha denunciado una “masacre” en el lugar y asegura que los fallecidos eran prisioneros.
Sin embargo, tampoco ha ofrecido mayores detalles de lo que sucedió en los calabozos de la comisaría en la que había presos armados, según algunos medios, que también señalan que tras la revuelta los cuerpos policiales en el sitio han desvestido a otros reos para revisar si poseen armamento.
La Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional (Parlamento), controlada por la oposición, expresó su rechazo a los hechos violentos reportados en los calabozos de la comisaría y advirtió que lo ocurrido “es consecuencia de las malas políticas carcelarias implementadas” por el régimen.
El OVP ha denunciado el hacinamiento de los centros de reclusión de Venezuela.