La inseguridad generada por miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) en los cantones Peña Blanca y Palo Verde, de San Julián, no es algo nuevo. Llevan más de seis años de vivir bajo el yugo de esa agrupación criminal, según relatos de lugareños que pidieron no ser identificados por temor.
El sábado pasado, tres familias abandonaron sus viviendas; salieron con lo que andaban puesto, aunque después lograron regresar para sacar lo más necesario. Patos, perros, gansos, gallinas, gatos, cultivos sin cosechar y negocios sin desmontar quedaron abandonados.
Esta semana, tres familias y miembros de grupos familiares fueron desplazados del cantón Peña Blanca por problemas relacionados a las pandillas.
El panorama de intranquilidad es tal que algunos vecinos afirman que el sábado anterior, ni la policía de San Julián quería acompañar a las familias desplazadas a regresar a sus casas a sacar algunas pertenencias más necesarias.
“Es triste saber que en este lugar uno está sometido a los mareros porque por aquí la policía no se asoma”.
Ayer, El Diario de Hoy visitó ambos lugares para constatar el éxodo varias familias por temor al grupo terrorista; muchos lugareños expresaron su frustración por el abandono en que el Estado los ha tenido por varios años en el tema de seguridad. El temor es el común denominador.
“Aquí El Chenga es la autoridad”
Muchos lugareños señalan que el presunto cabecilla de la MS-13 que mantiene subyugada a los habitantes de esa zona rural es apodado El Chenga, de la clica Armenias Locos Salvatruchas (ALS).
Según dicen, El Chenga hace sentir todo su poder a los vecinos de la zona donde controla con su clica. Pero el pasado sábado una mujer decidió poner paro al despotismo del Chenga aunque pagó caro: tuvo que abandonar su casa donde tenía una tienda y un molino de maíz.
De acuerdo con vecinos de ambos cantones, El Chenga supuestamente le había quitado un teléfono a Ronal, uno de los hijos de Rosa A. que desde hacía mucho venía sufriendo el acoso del cabecilla por el hecho de tener la tienda y el molino. Algunos vecinos aseguran que ella pagaba extorsión.
El sábado, de repente, Ronal y el Chenga discutieron y se liaron a golpes. El pandillero sometió al hijo de Rosa y lo amenazó con una pistola.
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Al ver eso, Rosa se abalanzó sobre el Chenga, le puso un cuchillo en el abdomen, y le dijo que si mataba a su hijo, le rajaría la panza, aunque también la matara a ella.
El pandillero desistió, pero Rosa con su familia y otro hijo que vivía a pocos metros, salieron huyendo del cantón Peña Blanca.
Ese mismo día, del cantón Palo Verde, Miguel A., su mujer y su hija también abandonaron a toda prisa la casa donde vivían.
Miguel era dueño del camión que servía de transporte público.
En este caso no está muy claro el porqué esa familia huyó de su casa, aunque lugareños se atreven a especular que fue por la extorsión o “renta”.
“Aquí no pueden ver que uno tiene una su vaquita, que compra un carrito porque ahí va el Chenga a exigir 200 o 300 dólares”, explicó una persona que pidió no ser identificada.
Zona bajo control de la MS-13
Tanto en Peña Blanca como en Palo Verde hay familias que han sido desintegradas porque uno o varios de sus miembros han tenido que huir por amenazas del Chenga cuando se resisten a colaborar de alguna manera con él o con el grupo delincuencial en general, afirman vecinos de ambos lugares.
Incluso, el 2 de julio de 2019, el Movimiento de los Trabajadores de la Policía advirtió del problema: “Se le hace un llamado a las autoridades de la PNC para coordinar que manden más presencia policial y militar al municipio de San Julián, departamento de Sonsonate, específicamente en cantones aledaños como Peña Blanca, Palo Verde y otros cantones que son asediados por sujetos de la pandilla MS, quienes hace como un mes asesinaron a un ex soldado. La zona se ha vuelto peligrosa, ya que no hay presencia policial ni militar. El municipio más cercano es Cuisnahuat y no alcanza a cubrir”, publicaron en su cuenta en Facebook.
El homicidio al que se referían era el de Élmer Adonay Galdámez, de 36 años, cometido el 9 de mayo en Palo Verde. Su padre, un hombre de 66 años, también fue herido de bala. Fueron atacados mientras realizaban labores agrícolas, según la Policía.
Quien mató al exsoldado fue presuntamente el Chenga, afirman lugareños, quien era acompañado por el Perezoso y el Cantinflas.
La MS-13 hace lo que quiere en esa zona rural confiada en que ni policías ni soldados entran a patrullar a ese lugar.
Y cuando llegan, aseguran lugareños, es porque ha ocurrido algún asesinato. Pero entonces, el Chenga y sus compinches se van a esconder a las “Cuevas del Cidral”, horas después de que los policías se han marchado, vuelven a tomar el control.
Soldados cuidan casas vacías
Desde el sábado anterior, la casa de Rosa A. está ocupada por un grupo de soldados del Destacamento Militar No. 6, en Sonsonate, acompañados de un policía.
Ellos están cuidando las pertenencias que no pudieron llevarse el mismo día que huyeron.
Mientras que en la casa de Miguel A., la casa está abandonada, la puerta principal está con candado.
Al siguiente día, la policía capturó al padre del Chenga y a otro joven que, aparentemente, colaboraba con los pandilleros.
A pesar de que el Gobierno salvadoreño sostiene que la baja de homicidios es resultado de su operatividad policial con el plan control territorial, en muchos lugares, las pandillas continúan controlando la vida de muchas familias y son la causa de desplazamientos forzados.
Según la organización Cristosal, organización de defensa de derechos humanos y de víctimas de la violencia, durante la cuarentena sanitaria, 18 familias fueron obligadas por las pandillas, a abandonar sus viviendas.
“Durante la cuarentena por el #COVID19, 18 familias fueron obligadas a dejar sus hogares por causas como la extorsión o amenazas. Ya existe una ley para las víctimas de desplazamiento forzado, pero hace falta destinar presupuesto y protocolos para su ejecución”, afirmó Cristosal en su cuenta de Twitter.
Una publicación de El Diario de Hoy da cuenta que en lo que va del 2020, son 32 los grupos familiares que han sido obligadas por las pandillas a abandonar sus casas.
En septiembre de 2016, en el caserío El Castaño, municipio de Caluco, Sonsonate, cercano a los cantones Palo Verde y Peña Blanca, la pandilla 18 provocó un éxodo de decenas de familias. Días después, la mayoría de familias desplazadas regresó con la ayuda de policías y militares que se quedaron en el cantón y expulsaron a los pandilleros.