Un sangriento motín estalló la noche del sábado en una cárcel de Bogotá dejando 23 muertos y 90 heridos, incluidos siete guardias, en plena emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus que mantiene confinada a la capital colombiana.
Ayer, la ministra de Justicia Margarita Cabello, al dar el parte de lo ocurrido, vinculó los disturbios con un plan de fuga y rechazó las versiones que los atribuían a una protesta por la falta de condiciones para hacer frente a la pandemia en el hacinado sistema penitenciario.
“El resultado del intento de fuga en La Modelo fueron 23 privados de la libertad muertos”, dijo la funcionaria en una declaración a la prensa.
La Modelo es la segunda cárcel de Bogotá después de La Picota, donde también estallaron protestas la noche del sábado.
Según Cabello, 83 reclusos y siete funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) resultaron heridos. “No hubo fugas, se controlaron”, destacó la ministra.
Entre los presos lesionados 32 debieron ser hospitalizados y dos guardias se encuentran “en estado crítico”.
Aunque rige el aislamiento obligatorio en Bogotá, una capital de poco más de siete millones de habitantes, decenas de personas, desesperadas, se agolparon este domingo cerca del penal para preguntar por sus familiares.
“Este es el momento que no sabemos quién está vivo y quién está muerto”, señaló Yinna Gordillo a la AFP. La mujer de 23 años salió de su confinamiento para saber si su hermano estaba entre las víctimas.
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se quejó en Twitter del silencio oficial que siguió a los disturbios: “Pasaron 12 horas desde los amotinamientos en la Picota y la Modelo sin que (el Ministerio de Justicia) ni (el Instituto Penitenciario) informaran concretamente a los familiares y a la ciudadanía sobre lo sucedido”.
En un video compartido por López, se ve a funcionarios de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría -un organismo de control de la administración pública- hablando a través de megáfonos a gente angustiada.
“¡Quiero saber de mi hijo!, ¡quiero saber de mi hijo!”, exclamó Jeanneth Daza, de 46 años.
“Emergencia carcelaria”
El general Norberto Mujica, director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), informó que sus hombres retomaron el control de las cárceles.
“Logramos que hoy no estuviéramos dando un parte de más de 5.000 privados de la libertad fugados”, afirmó el oficial en una declaración conjunta con la ministra.
Según el reporte oficial, los desórdenes se extendieron a 13 cárceles en un plan coordinado.
“Se registraron varios delitos, entre ellos, tentativa de homicidio, lesiones personales, incendios y daño en bien ajeno. Adicionalmente, hubo riñas entre los mismos privados de la libertad”, precisó el ministerio de Justicia en un comunicado.
Alrededor de 123,000 presos están distribuidos en 138 cárceles del país, según cifras del Inpec. La Defensoría del Pueblo ha denunciado un grave hacinamiento, lo que en medio de la crisis por el COVID-19 supone un alto riesgo de contagio.
El jefe de la Procuraduría, Fernando Carrillo, planteó al gobierno declarar de inmediato la “emergencia carcelaria para garantizar condiciones de salud, hacer efectivos derechos y preservar el orden público”.
La Defensoría del Pueblo apoyó la propuesta, con el ánimo de facilitar excarcelaciones para mayores de 60 años y reclusos con penas de hasta 8 años.
Sin embargo, la ministra de Justicia insistió en asociar los motines a “un plan criminal de fugas” y negó que detrás de los disturbios hubiera un reclamo por “un problema sanitario”.
“Hoy no hay ni un solo contagio, ni un privado de la libertad ni cuerpo administrativo y de custodia que tenga coronavirus o que podría estar aislado por coronavirus”, manifestó Cabello.
Con 231 casos, dos de ellos letales, Colombia se prepara para entrar en cuarentena general a partir del miércoles, en un intento por contener la propagación del COVID-19. La medida alcanzará a 48 millones de personas.