El nuevo ministro de Trabajo Rolando Castro les dijo a los sindicalistas con los que se reunió el jueves pasado que pedirá a los diputados desechar el estudio de cualquier proyecto de ley que tenga que ver en materia laboral, por lo que informó que pedirá “de inmediato” a la Asamblea descartar los dos proyectos de ley que han recibido para regular el servicio de la Función Pública.
“Hay iniciativas que hemos conocido sobre el proyecto de la Ley de Función Pública, unos a favor, otros semi a favor, otros en contra, yo voy a pedir que todo lo que tengan en materia laboral en la Asamblea Legislativa se retire de forma inmediata, porque no hay nadie más que pueda hablar en tema laboral que no sean ustedes sindicalistas y la construcción de la política laboral la vamos a definir con ustedes y cuando hayamos afinado todo, iremos juntos, movimiento laboral, sector productivo y este ministerio a presentar proyectos serios, responsables que lleven un soporte y una justificación técnica desde los enfoques de los autores que son la clase trabajadora”, manifestó Castro.
En la Asamblea hay en estudio dos proyectos formales de ley para la Función Pública, uno fue presentado en 2014 por la Organización Gente y Sociedad (GENS); llamado “Ley de la Función Pública”.
También hay un paquete de 44 reformas diseñadas por el Equipo Impulsor de la Ley de la Función Pública al anteproyecto de “Ley del Servicio Público” que llevó el anterior ministro de Gobernación Arístides Valencia a la Asamblea para su estudio en diciembre de 2017.
El tema cobra relevancia en el momento coyuntural que vive El Salvador, desde que el uno de junio el presidente Nayib Bukele ha venido ordenando poco a poco a través de su cuenta de Twitter remociones de casi una treintena de personas que laboraban en el gobierno con altos salarios y que los identificó como familiares de los ex funcionarios de varias instituciones estatales y de ex diputados y dirigentes del FMLN.
En el país no existe una ley que regule ese tipo de anomalías para evitar la contratación de personas al servicio público que sean sólo por “clientelismo o amiguismo político” o por ser parientes de funcionarios públicos, aunque sí el nepotismo está sancionado dentro de la Ley de Ética Gubernamental, pero son pocos los casos que concluyen en una infracción por esa falta.
Cabe recordar que poco después de que Bukele fuera electo Presidente de la República el 3 de febrero, la embajadora de los EE.UU. Jean Manes, también exhortó al nuevo mandatario en un tuit a “rodearse de personas que sepan gobernar. Y por eso es importante la Ley de Función Pública que aún no está en El Salvador”, escribió Manes.
Sin embargo, desechar por completo los dos proyectos que la Asamblea tiene en revisión y las 44 propuestas de reforma al documento del anterior gobierno no es del agrado de Claudia Umaña, presidenta de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ) y miembro del Equipo Impulsor de la reforma a la Función Pública, integrado por 16 organizaciones que han trabajado en la iniciativa, contando para ello con el aval de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“Sería un retroceso si se descarta todo lo que se ha avanzado. Nosotros recomendaríamos que pueda ser ese documento más las recomendaciones que puedan ser sujeto de discusión en la Asamblea”, manifestó Umaña.
Marcela Villatoro, diputada de ARENA y miembro de la Comisión de Trabajo que tiene la responsabilidad de estudiar ambos proyectos coincide con la postura de Umaña.
“Podemos comenzar el estudio con una propuesta que presenten como gobierno y sacar una mejor propuesta que esté dentro de las tres, lo importante es que eso salga antes de que termine el quinquenio”, expresó Villatoro.
Sofía Flores de la O, directora ejecutiva de la Fundación DTJ agregó que “sería un retroceso” a todo el trabajo técnico que han realizado las organizaciones del Equipo Impulsor. “Puede servir como un insumo pero botar todo lo que ya se avanzó sí consideramos sería un retroceso, porque se ha hecho un trabajo técnico de una visión de Estado y que sí se puede mejorar”, dijo.
Pero para el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Luis Cardenal; y para Aleks Castillo, Presidente de GENS (Gente y Sociedad), organización impulsora del primer anteproyecto que recibió la Asamblea en 2014 dicen estar abiertos a apoyar la elaboración de un nuevo documento.
Cardenal manifestó que mientras no se restablezca el Consejo Superior del Trabajo será difícil llevar a buen término leyes relacionadas al tema laboral, por lo que urgió al ministro de Trabajo recomponer esa parte que se desintegró con el anterior gobierno del FMLN.
“El compromiso que hay es que todas estas leyes que tienen que ver con el sector laboral se vean, esa (Ley de la Función Pública) es una, pero no es la única, se van a llevar a discusión a la instancia laboral correspondientes que es el Consejo Superior del Trabajo”, expresó.
Castro se reunió el viernes con representantes de la ANEP y les explicó que ellos también serán tomados en cuenta en la elaboración del proyecto de ley que regule la función pública. Además habló de una mesa para mejorar las pensiones y reactivar el consejo del salario mínimo.
Castillo, miembro de GENS, la organización que presentó el primer anteproyecto de ley de la Función Pública en 2014, exhortó al ministro de Trabajo a no desechar la opinión de las organizaciones.
Consideró que se pueden tomar los mejores elementos de las propuestas que ya están para diseñar la más idónea, puesto que la iniciativa de GENS cuenta con el visto bueno de algunos sindicatos como el de CEPA, Agepym y de la Asamblea.
Comisión ad hoc sin funcionar
En marzo del presente año se habló en la Asamblea de crear una comisión ad hoc que estudiaría los dos anteproyectos de ley de Función Pública y las reformas presentadas a la propuesta del gobierno, pero la diputada Villatoro dijo que la Comisión Política no la formalizó debido a “presiones de sindicatos la Junta Directiva (de la Asamblea) decidió dejar el tema en pausa durmiendo el sueño de los justos”, lamentó la diputada Villatoro, de ARENA.