Seis hoteles de la empresa Hotesa S.A. de C.V., propiedad de José Adán Salazar Umaña, conocido como Chepe Diablo, fueron contratados por el Ministerio de Turismo (Mitur) para utilizarlos como centros de retención durante la cuarentena, a los cuales la institución les pagó el doble de lo que debía pagar.
Eso es lo que concluyó un examen especial de la Corte de Cuentas al Mitur del período del 1 de enero al 30 de junio 2020 sobre los procesos de adquisiciones y contrataciones, así como el manejo, ejecución y liquidación del presupuesto asignado para afrontar la emergencia nacional por Covid-19.
El proceso ha sido enviado a juicio de cuentas porque la institución no desvaneció los hallazgos en una primera instancia.
De acuerdo al informe de la Corte, Turismo contrató los servicios de 6 hoteles a los cuales les pagó $342,435.20 por el uso de 274 habitaciones y 267 paquetes de alojamiento cuando debía haber pagado $171, 217.60, es decir que erogó el doble por servicios que costaban la mitad de lo pagado.
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“Comprobamos que Mitur mediante órdenes de compra, contrató los servicios de hoteles para alojar a personas que guarden cuarentena no domiciliar, en la revisión de la documentación que respaldan esas órdenes, identificamos que se canceló un monto de $22.60 diarios por habitación y/o paquete, valor que contempla el servicio de alojamiento y tres tiempos de comida, sin embargo, ni en los documentos contractuales ni en las facturas de pago se indica que el servicio incluye los tres (3) tiempos de comida”, dice en el documento.
Los auditores señalan en su informe que la resolución No.7 del mismo ministerio, con fecha 14 de marzo 2020, establecía cuáles eran los criterios que debía cumplir el Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional al momento de realizar los procesos de adquisiciones y contrataciones para los bienes y servicios.
Eran 4 criterios:
a) Adquirir hasta por la cantidad de $20.00, más impuestos aplicables, paquetes de servicio que incluya alojamiento y alimentación, para personas en cuarentena.
b) Adquirir hasta la cantidad de $20.00, más impuestos aplicables, por paquetes de servicio que incluya alojamiento sin alimentación, para personas en cuarentena, siempre que la capacidad para la prestación del servicio supere 100 o más paquetes de servicio, en razón de la factibilidad y optimización administrativa, logística y operativa.
c) Adquirir hasta la cantidad de $20.00, más impuestos aplicables, por paquetes de servicio que incluya alojamiento sin alimentación, para personas en cuarentena, a aquellos suministrantes de servicios estatales, que puedan prestar el servicio de alojamiento, siempre que el servicio se contemple por habitación o paquete, cumpliendo el requisito de poder albergar más de dos personas por habitación.
d) Adquirir hasta la cantidad de $10.00, más impuestos aplicables, por paquetes de servicio que incluya alojamiento sin alimentación, para personas en cuarentena.
Sin embargo, los auditores encontraron que el Mitur pagó $22.60, pero no incluía la alimentación.
Pero además de eso, en el informe se argumenta que el Reglamento de la Ley de Creación de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres establece en su artículo 6 que: “Todas las adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios que se ejecuten con cargo a los recursos del Fondo, deberán contar con la documentación de respaldo que permita identificar la naturaleza y destino del gasto efectuado, a fin de facilitar el registro contable de las operaciones, así como su posterior liquidación y fiscalización”, lo cual a juicio de los auditores no se cumplió.
Por ello, en el informe final la Corte señala que la deficiencia fue ocasionada por el Director Administrativo, ente que solicitó los bienes y servicios, “por no establecer criterios apropiados para determinar los montos máximos a cancelar al Grupo Hotesa, S.A. DE C.V. debido a su condición jurídica al momento de la contratación”.
Debido a que Salazar Umaña está siendo procesado por presunto lavado de dinero a través de empresas como Hotesa, los hoteles de esa cadena están bajo la administración del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB), es decir un ente estatal.
Los auditores apuntan en su informe que comprobaron que “los servicios que brinda la cadena de hoteles de la empresa Hotesa S.A. de C.V., son privados” y no estatales, como alegó el Mitur en su respuesta a la Corte de Cuentas, por lo que consideran que el ministerio “desconoce la aplicación veraz de su Resolución Ministerial Nº 7 y aplica un criterio que no encaja dentro del caso”.
Por ello, el ente contralor también responsabiliza a la Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, quien fungió desde el 1 de enero al 16 de julio de 2020, por realizar la contratación aplicando el criterio de suministrante de servicios estatales, cuando el ofertante no ostentaba esa calidad; y a la Ministra de Turismo por autorizar las contrataciones bajo el mismo criterio.
El Diario de Hoy solicitó una opinión de la ministra Morena Valdez sobre el informe de la Corte de Cuentas, pero a través de la oficina de comunicaciones explicaron que no daría declaraciones sobre el tema.
“La aplicación de criterios inapropiados en la contratación de hoteles para alojamientos dio lugar a un pago en exceso por $171,217.60 el que de no recuperarse podría constituir un detrimento patrimonial”, señalan los auditores.
Estos son los hoteles contratados por el Mitur:
1. Hotel Capital (Antiguo Cuscatlán)
2. Hotel San José (Metapán)
3. Hotel Pacific Sunrise (La Libertad)
4. Hotel Bahía Dorada (Costa del Sol)
5. Hotel Las Palmeras (Sonsonate)
6. Hotel Sevilla (Usulután)