La reiterada costumbre del Órgano Ejecutivo de presentar con poco tiempo a la Asamblea Legislativa el detalle de solicitudes para que apruebe o ratifique préstamos podría ser una maniobra electoral del Gobierno para que, en caso de que no se le autoricen, pueda responsabilizar a los legisladores de ello, sostiene el coordinador del Área de Macroeconomía y Desarrollo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), Rommel Rodríguez.
A su juicio, el Ejecutivo debería presentar al Congreso, con suficiente anticipación, un presupuesto bien detallado para que los diputados tengan un tiempo prudencial para discutirlo y aprobarlo.
“Si no, caemos en la dinámica política electoral de que las cosas se llevan a último tiempo y después se recurre al insulto para decir que los diputados no están anuentes, porque simple y sencillamente se le quiere hacer daño al país”, señala Rodríguez.
El profesional recordó que los diputados tienen la facultad constitucional de aprobar el presupuesto, pero también de hacerle observaciones.
La noche del viernes, en una carrera contra el tiempo, el Ministerio de Hacienda intentó en vano que el Legislativo le ratificara un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $250 millones.
Ese dinero le serviría al Órgano Ejecutivo atender la pandemia del COVID-19 y llenar huecos fiscales. La urgencia para que los legisladores lo avalaran era porque ese día se vencía el plazo otorgado por el organismo internacional, de lo contrario el financiamiento se perdería y podría ser aprovechado por otro país.
Tras varias horas de discusión, los diputados no lograron un acuerdo con el titular de Hacienda, Alejandro Zelaya, para ratificar el préstamo. El funcionario no aceptó que se reformara el decreto 608 para trasladar $5 millones a la alcaldía de San Salvador para que la comuna pueda combatir al COVID-19, ya que es el municipio con más casos positivo. Asimismo hubo críticas sobre el destino del dinero, que a juicio de la oposición tenía irregularidades como gastos duplicados o le otorgaba más fondos a carteras que no han demostrado transparencia, como Agricultura.
El fin de semana, el ministro y algunos diputados de la Comisión de Hacienda, a excepción del FMLN y el PDC, lograron acuerdos con el Gobierno y el presidente de la Asamblea convocó el domingo a una sesión plenaria en la que fueron aprobados los $250 millones.
A la economista Tatiana Marroquín le preocupa que el país siga adquiriendo deuda y no se tenga claridad en cómo se pagará ni el uso que se le dará al dinero.
“Cuando se ve la forma como está distribuido, salen preguntas porque no sabemos si es dinero que ya se gastó en la emergencia, porque el Ministerio de Hacienda reportaba más de $500 millones gastados en la emergencia. No sabemos si este préstamo es para compensar esos $500 millones o compensar lo que ya se gastó Agricultura, que no se sabe bien de dónde se gastó ese dinero”, cuestiona Marroquín. Ella también señala que no hay claridad sobre la política pública y política fiscal para enfrentar los compromisos adquiridos.