La Asociación de Universidades Privadas de El Salvador (Auprides) señaló ayer que es necesario que el Ministerio de Educación (MINED) propicie de forma urgente y bajo consenso el nombramiento de los nuevos miembros de la Comisión de Acreditación de la Calidad de Instituciones de Educación Superior (CdA).
La CdA, adscrito al MINED, está encargada de velar por la mejora continua de ese nivel educativo que incluye universidad, escuelas e institutos especializados. Su creación se dio en el marco de la creación de la Ley de Educación Superior.
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El llamado de la Auprides surge luego de que los miembros de la CdA electos en 2014, para un periodo de cuatro años y que venció en 2018, renunciaron en forma colectiva el 10 de febrero de 2020, fecha en que lo notificaron al ministerio, así como a rectores y directores de los centros de enseñanza superior.
Los profesionales que dejaron sus cargos son el Máster Carlos Guillermo Ramos, quien fungía como presidente; el doctor Mario Zetino Duarte, vicepresidente; Máster Camila Oquelí, Secretaria; doctor Rafael Guidos Béjar y Doctor Carlos Rudamas.
El ingeniero Mario Ruiz, presidente de la Auprides, afirmó que también se debe incrementar los requisitos de selección de los comisionados de la CdA, además, incrementar el presupuesto a este organismo debido a que las asignaciones que ha tenido no han permitido que amplíen su trabajo.
En carta que Ramos, el ahora expresidente de la CdA, envió a las autoridades educativas y a los rectores dejó claro que su periodo se cumplió en 2018, pero también expuso las razones del porque se extendieron dos años.
“Sin embargo, en cumplimiento con nuestro compromiso adquirido con las instituciones de Educación Superior continuamos desempeñando nuestras funciones para garantizar el funcionamiento de la Comisión y conforme al Reglamento Especial de Acreditación que estipula que, mientras no sean nombrados nuevos comisionados o los anteriores sean ratificados, los titulares continuarán en sus cargos”, detalló.
De acuerdo con lo expresado por Ramos, la decisión colegiada de interponer la renuncia se dio “con el objetivo de favorecer, de la mejor manera, la transición al nombramiento de una nueva Comisión de Acreditación, acorde a los lineamientos y proyectos de trabajo del actual despacho del Ministerio de Educación, a cuya Ministra notificamos nuestra decisión”.
El ingeniero Ruiz, quien también es miembro del Consejo de Educación Superior, externó que si bien los comisionados siguieron dos años en sus cargos “como la Comisión no tenía presupuesto no estaba haciendo nada, sino que existiendo; (ellos) hacían cosas esporádicas, pero no había un trabajo consistente, permanente, era un trabajo más voluntariado porque su periodo ya había terminado”.
Según comentó, en el Consejo de Educación Superior ya se había abordado la situación de la CdA, que incluso han establecido el nuevo perfil que deben de tener los miembros, se ha planteado que se le dé un presupuesto significativo para operar y que aunque dependa del ministerio sea realmente autónomo.
Estimó que el presupuesto de la CdA rondaba entre los $70,000 y $80,000 una suma muy por debajo de lo que se requiere, considerando que tiene que contratar pares evaluadores que vayan a las instituciones, pagar locales para sesionar, tener instalaciones y personal.
Ruiz confía en que el MINED mantenga la actitud positiva que ha mostrado en cuanto a nombrar una nueva Comisión de Acreditación en consenso con el Consejo de Educación Superior, y sobre todo que lo haga pronto dado que todos los procesos que esta lleva están suspendidos, esto implica que no se están atendiendo la acreditación de nuevos centros, tampoco los procesos de reacreditación.
El especialista educativo, Óscar Picardo Joao, sostuvo que la CdA es una de las herramientas de la reforma educativa de 1995 – 1997, que creó tres nuevos subsistemas: el de información, el de evaluación y el subsistema de acreditación, este último pasó a ser la Comisión de Acreditación.
“La CdA o Comisión de Acreditación ha sido un elemento clave en el mejoramiento de la calidad de la Educación Superior, por el rigor metodológico, por los criterios que se exigían, por la exigencia, y prueba de ello es que después de casi 20 años, de las 41 institutos de Educación Superior que tenemos solo 13 están acreditadas”, detalló.
Picardo Joao subrayó que la primera CdA fue conformada por académicos de primer nivel y en ese momento se garantizó la absoluta independencia, eso implica que casi ningún miembro de la CdA tenía vínculos con universidades salvadoreñas.
Sostuvo que la CdA tuvo sus años dorados pero que con el paso del tiempo se fue debilitando en mucho por la falta de financiamiento, pues eso dificultaba su labor, tampoco les ha permitido avanzar hacia la acreditación de programas de estudio de carreras.
“Yo espero que nombren una nueva CdA que sobre todo garantice la independencia de las instituciones de Educación Superior, que no esté contaminada, que se haga el proceso conforme a la ley, y que pasemos a la etapa de acreditación de programas que eso es muy importante, que tenga un presupuesto más robusto”, puntualizó.