La Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) denunció este lunes a la Ministra de Economía, María Luisa Hayem, y al secretario de Innovación de la Presidencia, Vladimir Roberto Handal, ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) por ocultar las liquidaciones del subsidio de $300 entregado a población afectada por la pandemia
Funde señala que los funcionarios cometieron la infracción grave establecida en el literal e) del artículo 76 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), que consiste en invocar como reservada información que no cumple con las características en la LAIP para declararla como tal.
Dicha conducta obedece a que los servidores públicos acá denunciados, en acto administrativo decidieron declarar bajo reserva, lo siguiente: “Liquidaciones de subsidio de $300 USD a beneficiarios que se vieron afectados por la emergencia decretada por la pandemia por COVID 19”, y la suscripción del contrato denominado: Contrato de Procesamiento de pagos entre las entidades procesadoras, suscrito entre la Secretaría de Innovaciones de la Presidencia de la República y el Ministerio de Economía, pues en dicho contrato se contiene la documentación relativa a la metodología, medios, insumos y mecanismos utilizados para la entrega del beneficio del subsidio de 300 USD entregado por el gobierno durante la cuarentena por COVID19”, detalla la denuncia.
Según la documentación disponible en el portal de Transparencia Activa de la institución, el 28 de marzo de 2020, Fidelina del Carmen Mendoza, en su calidad de Gerente Financiera del Minec, por delegación de la Ministra Hayem colocó ese acuerdo de reserva por un periodo de 7 años, es decir, que estará disponible hasta el 28 de marzo del 2027.
Al respecto, el coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (Alac), Wilson Sandoval, dijo a el Diario de Hoy que: “No existe fundamentación legal alguna para poder reservar esta información que obedece a dar a conocer las liquidaciones sobre los subsidios, las reservas que se plantean no basta únicamente con aludir a ciertos artículos de la LAIP sino que deben fundamentarse de tal manera que puedan ser proporcionales”.
Según el Ministerio de Economía, se debe a que responde a los literales d): “la que ponga en peligro evidente la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona”; y e): “la que contenga opiniones o recomendaciones que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, en tanto no sea adoptada la decisión definitiva”, del artículo 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).
Sin embargo, Funde-Alac considera que la causal argumentada por el Gobierno no es válida, debido a que ya fue ejecutado el proceso de entrega.
Sandoval detalló que: “No basta con reservar sobre la mención de artículo, ya la Sala de lo Constitucional ha establecido que debe motivarse cualquier resolución, es decir, que debe explicarse cómo una reserva plantea extremos que la LAIP establece para que se pueda clasificar de este tipo la información”.
Por qué no es valido el argumento de reserva
Sandoval dijo que el argumento de reserva no es válido en el sentido de que la reserva no es proporcional con la supuesta ponderación de la vida de las personas.
“La ponderación que hace es inadecuada, ya no tiene ninguna vigencia esa ponderación porque ellos alegan que podrían correr peligro la vida de las personas, y ya pasaron más de seis meses desde que se entregó ese subsidio, ya se ejecutó, y ya se entregó ” comentó Wilson.
Sandoval agregó que debido a que ya ejecutaron ese proceso, no hay lugar por dónde argumentar la reserva de información.
Y además explicó que parece ser que la metodología de entrega careció de los procesos adecuados conforme a la ley.
“Creemos que ahí se oculta información para poner de manifiesto los errores, y además, es información presupuestaria, es información relacionada al manejo de fondos públicos y la ciudadanía tiene todo el derecho de saber cómo se manejaron”, criticó.
Según el coordinador de Funde-Alac, otra razón por la que esta información cobra importancia es debido a que se desconoce cuánto se le pagó a quienes procesaron los subsidios a través de los bancos.