Agricultura compró $9.2 millones en alimentos de empresa brasileña vinculada a escándalo de corrupción

La empresa brasileña M. Dias Branco fue investigada por su vínculo con la llamada Operación Lava Jato. Los alimentos fabricados por esta fueron incluidos en las dos entregas de víveres proporcionados por el MAG.

El Ejército ha distribuido estos paquetes con víveres entre distintos sectores de la población a nivel nacional. Foto EDH / Cortesía

Por Jorge Beltrán Luna

Ago 31, 2020- 05:50

El Gobierno salvadoreño compró varias toneladas de alimentos para incluirlos como parte del Plan de Emergencia Sanitaria (PES), fabricados por M. Dias Branco, una empresa brasileña que en los últimos cinco años ha sido vinculada a varios escándalos, entre éstos, la Operación Lava Jato, calificada por medios de comunicación brasileños como “el caso de corrupción más grande en la historia de Brasil”.

El Ministerio de Agricultura hizo la compra a la firma, también brasileña, TDX Trading Company, a la cual le pagó más de nueve millones de dólares ($9,210,250.00) por varios millones de piezas de pastas o espaguetis, según el “Informe de utilización de recursos del Fondo de protección civil, prevención y mitigación de desastres (Fopromid)”, entregado por el ministro, Pablo Anliker Infante, el pasado 24 de agosto a la Asamblea Legislativa.

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Información disponible en internet indica que TDX Trading Company es propiedad del brasileño Marcos Gnani Braun, a quien el pasado jueves se le envió por varios medios, una carta con una serie de preguntas sobre el negocio que su empresa hizo con el Ministerio de Agricultura, de la cual no hubo respuesta al cierre de este reportaje.

Antes, el 7 de agosto, El Diario de Hoy envió un correo a M. Dias Branco, mediante el cual se le solicitaba a la empresa información sobre la venta de los espaguetis y la posición oficial sobre el negocio realizado con el Gobierno salvadoreño.

El 12 de agosto se recibió respuesta de la encargada de relaciones con la prensa, de la empresa brasileña quien únicamente escribió: “Me llamo Vanessa y soy de Press à Porter, la asesoría de prensa de M. Dias Branco. Hemos recibido su contacto y le agradezco por su interés en hablar con M. Dias Branco. En este momento, M. Dias Branco no podrá colaborar con su artículo, pero cuente con nosotros en nuevas oportunidades”.

Agricultura contribuyó al crecimiento de M. Dias Branco

Si bien Braun no aparenta ser parte de M. Dias Branco, este representante de la empresa que vendió los alimentos al Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador, escribió en su cuenta de Facebook (https://www.facebook.com/consultormarcosbraun/posts/1518567591651477:0) que gracias al mayor consumo de las familias durante la pandemia, las ganancias de M. Dias Branco habían crecido en el primer trimestre del presente año.

“Con el inicio del aislamiento en marzo y el mayor consumo de las familias en sus hogares, otra empresa, nuestra, de la tierra cearense, nadando de buenas brazadas en momentos de crisis. El beneficio del fabricante de alimentos M. Días Branco creció un 140,8 % en el primer trimestre de 2020 sobre el mismo período del año pasado, pasando de R$ 56 millones a R$ 137 millones (de 10 a 25.4 millones de dólares americanos). Ebitda (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) de la compañía quedó en R$ 228,5 millones (42.37 millones de dólares americanos) en los tres primeros meses del año. Los ingresos netos de la empresa aumentaron un 24,3 % en el primer trimestre de 2020 con respecto a los tres primeros meses de 2019, total de $ 1,6 mil millones. El mercado en los segmentos de galletas y masas se mantuvo respectivamente en 33,2 % y 32,4 %”, escribió el socio propietario de TDX Trading Company.

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Para cuando Braun hizo esa publicación en su cuenta de Facebook, el Ministerio de Agricultura ya le había entregado más de cinco millones de dólares: el 7 y el 23 de abril y el 4 de mayo, realizó tres pagos por $1,674,500, según el informe de gastos que el pasado lunes entregó Anliker Infante a la Asamblea Legislativa.

Pastas brasileñas en las dos entregas

En las dos entregas de alimentos se ha incluido espaguetis de varias marcas pero varias de esas marcas son de un mismo fabricante: M. Dias Branco, un gigante de la industria alimenticia del país sudamericano.

LAS PREGUNTAS QUE EL MAG Y M. DIAS BRANCO NO RESPONDIERON

El Diario de Hoy trató de obtener la posición del MAG y de la empresa brasileña; pese a los esfuerzos, no hubo respuesta a las siguientes preguntas:

1. ¿Qué cantidad de alimentos fabricados por la empresa M. Dias Branco, compró el MAG en el marco de la pandemia?

2. ¿A cuánto asciende en dinero las compras efectuadas por el MAG en alimentos fabricados por la empresa M. Dias Branco?

3. ¿Además de los espaguetis, qué otros alimentos de M. Dias Branco compró el Ministerio de Agricultura y Ganadería?

4. ¿Cuál fue el mecanismo para establecer negocio (contrato de compra) de alimentos fabricados por M. Dias Branco?

Por la misma vía del correo electrónico, a inicios de agosto se intentó obtener la versión de la fabricante de algunas marcas de pastas incluidas en los paquetes distribuidos por el Gobierno. También se le solicitaba su versión sobre la mención que en este reportaje se le haría respecto de haber sido investigada por autoridades brasileñas en el caso Lava Jato y en otra investigación sobre un proceso administrativo por presunta competencia desleal. La empresa dijo que no estaba dispuesta a responder.

Espaguete Vitarella, espaguete Gostoso, espaguete Imperador y espaguete Fortaleza son algunas de las marcas que miles de salvadoreños recibieron en el paquete alimentario entregado en dos ocasiones como parte del Programa de Emergencia Sanitaria (PES), gestionado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG. Todas esas marcas tienen en su empaque la firma M. Dias Branco, como fabricante.

De acuerdo con un sondeo hecho por El Diario de Hoy, no en todos los lugares se entregó la misma marca. A habitantes de Santa Tecla, por ejemplo, a la mayoría les salió en el paquete, la marca Vitarella. En otros paquetes, Agricultura incluyó pastas compradas a una empresa mexicana.

Sin claridad de cuántas pastas compraron

El 7 de abril de 2020, el Ministerio de Agricultura hizo el primer pago de $1,674,500 dólares como pago del 50 por ciento por la compra de 3,349,000 piezas de pastas.

Y así hasta totalizar siete pagos. Sin embargo, el informe entregado a los diputados por parte de Agricultura, no detalla totalmente la cantidad de pastas compradas a TDX Trading Company.

$151.9 millones

Es el total de la compra de alimentos que hizo el MAG para la primera entrega de víveres, según la memoria de labores de ese ministerio.

Por ejemplo, en el pago entregado el 5 de junio, por $1,674,500, solo se lee: compra de 1,700 tm de espaguetis. Y en la última compra, días antes de que caducara el decreto 593 que avalaba las compras sin observar la Ley de Adquisiciones y Contrataciones Públicas, solo dice “compra de espaguetis”. Por esa última compra, Agricultura entregó $837,250.

Los problemas de la fabricante

M. Dias Branco es una empresa muy grande en el rubro alimenticio, específicamente en el sector de las pastas.

Sin embargo, las instalaciones de esa empresa fueron allanadas por la Policía Federal de Brasil, a principios de abril de 2018, luego de que una persona arrestada en el marco de la Operación Lava Jato (lavado de autos) mencionara que las empresas Grande Moinho Cearense y M. Dias Branco eran utilizadas para transferir sobornos a políticos de ese mismo país, según publicó el periódico revistaceara.com.br, el 10 de abril de 2018.

De acuerdo con la mencionada revista, “En su alegato, el cambista Alberto Youssef, arrestado en la Operación Lava Jato, confirmó transferencias en sobornos de R $ 1,2 millones al ex diputado Luiz Argôlo, a través de las empresas Grande Moinho Cearense y M Dias Branco.

$23.4 millones

Reorientó el MAG, de su presupuesto 2020, para hacer compras directas de granos básicos para el paquete de alimentos.

La Operación Lava Jato es considerada por autoridades brasileñas la más grande operación en la historia de Brasil que consiguió desbaratar una gigantesca red de corrupción urdida entre grandes empresarios, políticos y funcionarios brasileños que pagaban o recibían sobornos a cambio de obtener jugosos contratos con el Estado.

La red de corrupción salpicó a toda América Latina, incluyendo a El Salvador. Según el periódico Folha de Sao Paulo, la empresa constructora Odebrecht aportó 1.5 millones de dólares para la campaña electoral de Mauricio Funes Cartagena, quien fue presidente salvadoreño en el período 2009-2014.

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El periódico brasileño informó que el dinero proveniente de la Constructora Odebrecht llegó por mediación de Vanda Pignato, entonces esposa de Funes Cartagena. Pignato habría intercedido ante el Partido de los Trabajadores, de Brasil, para conseguir el financiamiento. La exprimera dama negó, en su momento, tales señalamientos.

Sin embargo, según Folha do Sao Paulo, los señalamientos hacia políticos salvadoreños los hizo el mismo CEO (director ejecutivo) de la Constructora Odebrecht, Marcelo Odebrecht, quien cumple 10 años de arresto domiciliar en su país.

El caso fue iniciado en 2013 y en 2016, Odebrecht había aceptado que pagó sobornos por un monto de 788 millones de dólares en 12 países de Latinoamérica.

Soborno a políticos y prácticas oligopólicas

De acuerdo con la Revista Ceará, en su publicación del 10 de abril del 2018, en el marco de la Operación Lava Jato, la Policía Federal de Brasil también investigaba si M. Dias Branco había entregado sobornos al senador Eunício Oliveira.

Pero poco más de dos años antes de ser investigada por la Operación Lava Jato, ese grupo empresarial había sido sometido en una investigación realizada por el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) de Brasil(http://www.cade.gov.br/noticias/cade-instaura-processo-para-investigar-suposto-cartel-da-farinha-de-trigo) por prácticas anticompetitivas.

“La Superintendencia General del Consejo Administrativo de Defensa Económica – Cade instituyó, este lunes (25/01), un proceso administrativo para investigar la presunta práctica de cartel en el mercado de producción y distribución de harina de trigo en las regiones Norte y Nordeste de Brasil”, reza un boletín del CADE publicado el 25 de enero de 2016.

En el siguiente párrafo mencionaba las empresas o grupos empresariales sometidos al proceso administrativa. La lista lo encabezaba Moinho Dias Branco y le seguían más de 12 empresas.

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“La investigación del caso fue suspendida hasta finales de 2015 debido a una decisión judicial que prohibió al Cade analizar los documentos incautados en la sede de Moinho Dias Branco, en Fortaleza, Ceará. La investigación se retomó ante la existencia de fuertes indicios de conducta colusoria hallados en documentos incautados en las demás localidades objeto del operativo de allanamiento e incautación, sobre los cuales ya no está pendiente la decisión judicial suspensiva”, indica el boletín.

¿QUÉ ES LA OPERACIÓN LAVA JATO?

Esta operación, que inició en 2014, puso en la cárcel a dos expresidentes brasileños: Michel Temer y Luiz Inacio Lula da Silva, así como a cuatro funcionarios más, entre ellos un expresdiente de la Cámara de Diputados y un extgobernador de Rio de Janeiro. Salpicó también a Perú, donde el expresidente de ese país, Ollanta Humala, y su esposa Nadine Heredia, fueron encarcelados de forma preventiva durante meses.

En resumen, la Policía del país sudamericano detectó que la petrolera brasileña Petrobras licitaba grandes obras y, para favorecer la contratación de ciertas empresas, pedía sobornos que rondaban el 3% del presupuesto.

Las investigaciones llevaron a la Policía a Alberto Youssef, un lavador de dinero, y a Roberto Costa, un exfuncionario de la estatal Petrobras. Youssef, según varios diarios brasileños, involucró a la empresa M. Dias Branco, misma que ha vendido productos a la administración Bukele.

Otra de las empresas ligadas con Petrobras fue la Constructora Odebrecht, que según diario O’Globo financió la campaña electoral del expresidente Mauricio Funes, quien vive en Nicaragua, país al que huyó para sustraerse de un proceso judicial por supuesta malversación de $351 millones.

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