Nueve personas capturadas bajo cargos de asociaciones ilícitas y tráfico ilegal de personas, enfrentaron este viernes, la audiencia de imposición de medidas. De éstas, solo seis fueron enviadas a prisión preventiva. Al resto, el Juzgado Especializado de Sentencia de Santa Ana, les impuso medidas alternas a la prisión preventiva.
Entres los tres que fueron favorecidos con medidas, está la abogada Evelyn Mercedes Gavarrete Molina y el exconcejal de Ilobasco, Carlos Hernández González. Ambos deberán rendir una fianza de 10 mil dólares, no salir del país, presentarse a firmar periódicamente al juzgado y no cambiar de domicilio. Mientras tanto, el subinspector de la PNC y director de la Escuela Penitenciaria, Prado Ortiz, el juez le decreto arresto domiciliar con brazalete electrónico o vigilancia policial, debido a que demostró arraigo domiciliar y laboral y la Fiscalía solo lo acusó de agrupaciones ilícitas.
Los imputados que guardarán pisión mientras se depura el proceso judicial son José Rafael Martínez Escobar, Juan Francisco Martínez Escobar, Erick Domingo Molina López, Juan Carlos Peña Escobar, Luis Alonso Brito y José Óscar García Díaz, este último miembro de la PNC.
El lunes anterior, la Fiscalía General de la República informó que todos ellos formaban una estructura criminal dedicada a llevar de manera ilegal, pesonas hacia Estados Unidos.
Como parte de la estructura criminal, la Fiscalía señaló al subinspector Édgar Vladimir Prado Ortiz, quien al momento de ser capturado se encontraba en la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) en un curso de ascenso.
Así también, Prado Ortiz funge como Director de la Escuela Penitenciaria, dependencia de la Dirección General de Centros Penales, que se encarga de formar a los custodios del sistema penitenciario de El Salvador, según el sitio Portal de Transparencia y la oficina de comunicaciones de Centros Penales.
Como parte de la red, la Fiscalía señaló a la abogada Gavarrete Molina, cuya función era la de promotor o intermediario, según el organigrama divulgado por la Fiscalía.
Con esa misma función, la Fiscalía vinculó a Hernández González, oriundo de Ilobasco, quien por varios años se desempeñó como concejal de la alcaldía de ese municipio. Su último período como parte de ese gobierno municipal fue entre el 2015-2018, de acuerdo con documentos oficiales.
Según la Fiscalía, la banda despojaba a sus víctimas de propiedades y bienes, que recibía en calidad de pagos para trasladarlos de manera ilegal hacia Estados Unidos por cantidades que oscilaban entre 5,000 y 11,000 dólares. La red operaba a nivel nacional. El día de las capturas, la Fiscalía les decomisó más de 12,000 dólares en efectivo y siete vehículos, entre estos uno con sistema de blindaje.
De acuerdo con imágenes divulgadas por la Fiscalía durante el operativo de captura de la supuesta estructura criminal, las casas de algunos implicados tenían hasta piscinas, además de vehículos de años recientes.