La sentencia de la Sala de lo Constitucional no dice que los hechores de crímenes de guerra o de graves violaciones a los derechos humanos cometidos en el conflicto armado deban ser exonerados de la cárcel con solo el arrepentimiento y solicitud de perdón del victimario, explicó ayer Manuel Escalante subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (Idhuca).
La posición de Escalante, quien forma parte de las organizaciones aglutinadas en la Mesa contra la Impunidad, se debe a que el proyecto de ley de Reconciliación que los diputados pretenden aprobar mañana jueves en el pleno, contempla que si el victimario que sea encontrado culpable de un delito de lesa humanidad admite su culpa y pide perdón, se le aplicará una sanción de utilidad pública que podría ser de hasta siete años según lo considere el juez, según explicó la jefa de fracción del FMLN Nidia Díaz y el diputado oficialista Damián Alegría.
De lo que no podrá salvarse el hechor de un crimen de guerra es del resarcimiento civil a la víctima, agregaron ambos diputados de izquierda, para lo cual el proyecto de ley contempla la asignación de un fondo que sería incluido en el Presupuesto General de la Nación.
Este tema cobró relevancia ayer mientras los diputados de la subcomisión especial que analiza el anteproyecto de ley de Reconciliación escuchaban los planteamientos de los representantes de las 30 organizaciones aglutinadas en la Mesa contra la Impunidad.
“Una cosa es arrepentimiento que es un poco personal, eso puede servir como un atenuante para tener una reducción de la pena, pero la pena de prisión no se elimina. Una cosa es transformar la pena que es lo que están planteando de prisión a utilidad pública y otra cosa es la pena de prisión reducirla en su función de perdón o de constricción”, argumentó Escalante.
Explicó que los diputados han confundido la “dosificación” de la pena que establece la sentencia de la Sala de lo Constitucional cuando derogó la Ley de Amnistía en 2016 con la exoneración de la pena de prisión.
Roberto Angulo, diputado del PCN y presidente de la sub comisión especial que analiza el proyecto de Ley de Reconciliación con los insumos aportados por la comisión ad hoc de la Asamblea, explicó a los representantes de la Mesa contra la Impunidad que todas sus observaciones están contempladas en el documento que ha sido elaborado y que seguirá siendo discutido este día en la sub comisión legislativa.
Las organizaciones reclaman que hay poca información sobre el proyecto de ley que la Asamblea estudia. Alegría informó que el documento tiene 40 artículos.