Los diputados de la Asamblea Legislativa presentaron, el pasado jueves, una pieza de correspondencia para solicitar la investigación de las contrataciones que está haciendo el Gobierno a periodistas, presentadores, editores y locutores de diferentes medios de comunicación para una aparente red de medios de prensa del Estado.
“Todo apunta a que va a ser utilizado con fines electorales, y atacar opositores. Hay dos pieza de base, una que ya la está viendo la comisión de Legislación, relacionada a lo que planteó la APES (Asociación de Periodistas de El Salvador) y la mesa de periodistas; y hay otra pieza también que sentamos el año pasado, del uso de fondos públicos en las instituciones del Estado para que cuando se compre la pauta sea democrática, que llegue a todas los medios”, dijo Nidia Díaz, diputada del FMLN.
La encargada de realizar la solicitud de los parlamentarios será la comisión especial para la investigación de acoso que están sufriendo periodistas de diferentes medios de comunicación debido a su trabajo y línea editorial, y el uso de recursos públicos en contra de opositores.
Díaz sostuvo que la comisión analizará las contrataciones que está haciendo el Gobierno, para conocer la finalidad del medio, ya sea que dé a conocer las actividades del Ejecutivo o si tiene otros fines.Si el Gobierno crea un nuevo medio de comunicación, Díaz se preguntó qué va a suceder con el Canal 10, la Radio Nacional o la Radio Cuscatlán, de la Fuerza Armada.
“Ya van a volver a presentar el presupuesto, para el 2021, y ahí siempre ponen para cada ministerio un área de comunicación, y esta vez, el presidente (Nayib Bukele) puso $22 millones solo para manejar Casa Presidencial, en las secretarías, comunicaciones, y es mucho comparado con gobierno anteriores, siempre lo cuestionamos y también que se le quita a otras instituciones o a otros programas”, señaló la legisladora.
Los diputados manifiestan en la pieza de correspondencia que las prioridades del gasto que hará el Ejecutivo tienen que corresponder con las necesidades del país. Particularmente en el contexto de la crisis sanitaria que se vive por el COVID-19, piden también determinar los procesos de contratación que están realizando y que exista una ponderación en los salarios con base en las funciones a desempeñar.
La diputada Cristina Cornejo, del FMLN, explicó que revisarán la pieza en la comisión Política porque es un tema que es preocupante para la ciudadanía, porque en el marco de la pandemia el Gobierno ha manifestado que lo que más necesita son recursos, donde piden aprobar préstamos pero no serían para atender la pandemia sino para otra finalidad, intuye.
“Cuando hablamos de la contratación de periodistas que están en diferentes medios de comunicación, se van porque la oferta del salario es mayor que donde están trabajando, entonces hay que saber de qué institución y de qué unidad presupuestaria se van a realizar las contrataciones, porque si el Gobierno dice que ya no tiene dinero para poder cubrir los gastos y que no tiene dinero y está pidiendo más préstamos a la Asamblea, pero sí tiene para hacer contratación masiva de una unidad que quiere poner al servicio de la campaña electoral para fortalecer a su partido político”, cuestionó Cornejo.
Agregó que investigarán de dónde están desviando fondos, de fines distintos a lo contemplado en la Ley del Presupuesto General de la Nación, porque para hacer refuerzos entre ministerios tienen que pasar por la autorización de la Asamblea Legislativa.
“Nosotros no conocemos esa información, cuál es la prioridad del Gobierno de estas contrataciones y ver si verdaderamente responden a las necesidades del país. De dónde están sacando el dinero y cuánto va a utilizar el Gobierno para poder hacer el funcionamiento de este grupo de periodistas que se están contratando”.
Cornejo menciona que es una gran cantidad de periodistas los contratados y no personal de primera línea que podría trabajar contra la pandemia por COVID-19.Margarita Escobar, parlamentaria de ARENA, manifestó que piden se investigue la contratación y ampliación de la unidad de comunicaciones del Gobierno, quien además debe determinarla disponibilidad de asignación presupuestaria, las prioridades del gasto y los procesos de contratación.
“Además que se determine la modalidad de contratación, que exista una ponderación entre los salarios en función de la necesidad de urgencia de contratar un grupo numeroso de profesionales del periodismo”, señaló Escobar.
Rodolfo Parker, del PDC, preguntó desde cuándo la libertad de expresión comprende la utilización de recursos públicos para imponer la “verdad gubernamental” o atacar a los adversarios. Además criticó que el gobierno ve a los medios críticos “abiertamente como enemigos, por el hecho de no someterse a esa pretendida verdad. Nada qué ver con la libertad de expresión, todo con regresión democrática y rumbo autocrático hacia una tiranía”, opinó.