Un día después de anunciar medidas para mitigar la crisis social más grave en 30 años de democracia, el gobierno del presidente chileno Sebastián Piñera no lograba contener ayer miércoles el descontento masivo y los reclamos en las calles de mejores condiciones de vida en uno de los países más prósperos de América Latina.
Pese a la vigencia del estado de sitio, con los militares y la policía antimotines en las calles, decenas de miles de personas seguían protestando en la principal plaza de la capital con una bandera chilena gigante en la que inscribieron “Chile despertó”??.
Ayer se sucedieron nuevos enfrentamientos en una jornada de movilizaciones en todo el país y de una huelga general de dos días convocada por la principal central de trabajadores en respaldo a las protestas.
Las autoridades informaron que la cifra de muertos por los disturbios de los últimos días subió a 18. Mientras tanto, surgieron denuncias por presuntos abusos de derechos humanos cometidos por agentes del Estado.
En la víspera, Piñera anunció una serie de medidas con leves mejoras a las pensiones e ingresos de los más pobres en un esfuerzo por frenar la crisis. Sin embargo, al día siguiente se reanudaron las multitudinarias movilizaciones que derivaron en violencia y caos, principalmente en el centro de Santiago.
A pocas cuadras del Palacio de La Moneda, la sede de la presidencia, la policía reprimió violentamente a centenares de personas que intentaban llegar al escenario de las manifestaciones luego de que encapuchados instalaran barricadas encendidas y los atacaran con piedras y palos.
Un fuerte olor a gas, un picor en la garganta y ojos llorosos se volvieron comunes en el centro de la capital chilena en el sexto día de protestas que comenzaron como rechazo a una subida en la tarifa del metro y luego se extendieron a otras demandas por mejores condiciones de vida y un coto a la desigualdad.
Aunque tres de las seis líneas del metro funcionaban ayer de forma parcial, el país estaba lejos de alcanzar la normalidad: muchos chilenos se quejaban por los saqueos –que parecieron amainar en los últimos días–, por los inconvenientes en el transporte y las dificultades para realizar las actividades diarias. Un estado de emergencia y toque de queda en la capital y otras provincias seguía en vigencia el miércoles.
El taxista Juan Vásquez se quejó amargamente porque dejó de funcionar la estación del subterráneo ubicada a metros de su paradero.
“Saquear es saquear, pero destruir es otra cosa, le impiden el trabajo a mucha gente”, dijo Vásquez.
Para frenar la oleada de violencia en el país de 18 millones de habitantes, Piñera se reunió la víspera con tres líderes de la oposición y horas después anunció una agenda social que, según su ministro de Hacienda, Felipe Larraín, tendrá un costo de 1,200 millones de dólares.
Entre los anuncios hay un aumento inmediato en las pensiones mínimas de 590,000 personas de 151 a 181 dólares mensuales, un incremento en los salarios mínimos de 413 a 481 dólares, la anulación de un reajuste del 9% en las tarifas de la electricidad, alzas de un 5% en los impuestos de quienes ganan más de 11,000 dólares mensuales y la extensión a todo el país de rebajas en medicinas, que están entre los más caros de la región.