Prófugo Funes suma sexta acusación: tregua entre maras

Mauricio Funes enfrenta cargos por agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes; delitos que habría cometido por haber ordenado negociar la reducción de los homicidios con las pandillas a cambio de beneficios económicos y carcelarios, según el requerimiento fiscal presentado al Juzgado Antimafia de Instrucción A.

El expresidente Mauricio Funes, quien es prófugo de la justicia, suma el sexto proceso judicial en su contra. Foto archivo EDH

Por David Marroquín

Jul 31, 2020- 21:30

El expresidente Mauricio Funes, quien es prófugo de la justicia, suma el sexto proceso judicial en su contra. Esta vez por delitos ligados a la tregua entre las pandillas.

El juzgado Antimafia de Instrucción A de San Salvador resolvió ayer que Funes deberá ser procesado por los delitos ligados a el pacto entre mareros en 2012, pero por el momento sin ninguna medida, ya sea detención o libertad condicional, según fuentes del Centro Judicial Isidro Menéndez.

El hecho de que la jueza no le haya otorgado medidas es porque él aún no ha sido notificado oficialmente de los dos delitos por los que será procesado.

“La (etapa de) instrucción es sin medida porque oficialmente el expresidente no ha sido notificado por los delitos que se le imputan, por lo que el juzgado notificará por edictos”, dijo Ulises Marinero, jefe de la oficina de prensa del Centro Judicial Isidro Menéndez.

Luego de que se publiquen los edictos (notificación pública), entonces la jueza programará otra audiencia especial para resolver si le emite la sexta orden de captura, tal como lo ha pedido la Fiscalía General, explicó Marinero.

Prófugo Mauricio Funes ordenó negociar con las pandillas, según testigo Noé

Funes enfrenta como nuevos cargos, los de agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes, los cuales habría cometido por haber ordenado negociar la reducción de los homicidios con las pandillas a cambio de beneficios económicos y carcelarios, según Noé, el principal testigo de la Fiscalía.

En el mismo caso es procesado el exministro de Defensa, David Munguía Payés, para quien la referida jueza le otorgó arresto domiciliar y $10,000 como garantía para otorgarle el encierro en su casa.

“Todo lo anterior lleva a concluir, que las actividades que realizaron y permitieron ambos funcionarios a partir de los rangos que ostentaban, y el poder del cual disponían a partir de su cargos como Presidente de la República de El Salvador y de Ministro de Justicia y Seguridad, definitivamente favorecieron la permanencia de dichas estructuras criminales proscritas por Ley, es más, las fortalecieron y las llevaron a realizar cambios orgánicos en sus estructuras de liderazgo a partir de su reconocimientos de núcleos de poder”, según el requerimiento fiscal.

Señala la acusación fiscal que “ninguno de los imputados, contrario a la obligación constitucional y legal que tenían, actuaron para evitar o en todo caso detener cuando se fueron concretizando, una serie de acciones que sistematizadas que quebrantaron el correcto funcionamiento de la administración penitenciaria y en materia de seguridad pública, a partir de la situación de riesgo que se había fomentado a partir del proceso ilegal que diseñaron y fomentaron”.

Como se gestó la tregua entre las pandillas
El obispo castrense Fabio Colindres, en su declaración en la Fiscalía General, relató que en una oportunidad cuando el David Munguía Payés era ministro de Defensa, él le propuso que lo dejara entrar a las cárceles, específicamente al penal de máxima seguridad en Zacatecoluca, La Paz, para hablar con los cabecillas de las pandillas y “llevarles el mensaje y predicarles”.

La propuesta surgió porque Colindres le expresó “su preocupación por el daño social que se causaba por el accionar de los grupos pandilleriles, pues para esa época estaban falleciendo un aproximado de un policía y un militar por semana”.

Fue en ese sentido de Colindres le pidió a Munguía Payés, tener un papel más activo en este tema y se ofreció hablar con los cabecillas de las pandillas porque de “ahí provenía eso”.

Sin embargo, Munguía Payés le dijo a Colindres que no tenía incidencia ni autoridad en el tema de los penales. Tras el nombramiento de Munguía Payés como ministro de Justicia y Seguridad Pública, este contactó a Colindres para volver a platicar sobre el tema de las pandillas y la posibilidad de que estos grupos criminales frenaran la violencia entre ellos.

El entonces ministro de Seguridad lo motivó a “participar en la búsqueda de una solución, asegurándole que podría darle facilidad para ejecutar un plan”.

También le ofreció la facilidad de poder ingresar a los penales y le propuso trabajar con Raúl Mijango, a quien no conocía en ese momento.

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Colindres manifestó en la Fiscalía General que “desconocía en ese momento de la historia de amistad entre el ministro y Mijango y que fue Munguía Payes quien le presentó a esta persona (Mijango)”.

Señaló que en su primera conversación con Mijango, este le dijo que “su propósito era una función social y que por ser ex guerrillero tenía experiencia, que ahora se dedicaba a trabajar por el país”.

Monseñores no aceptaron mediar
Munguía Payés le contó que él les había hecho “la propuesta del desmontaje de la violencia” a monseñor Rosa Chávez y monseñor Rafael Urrutia, pero que éstos no habían aceptado.

A principios de 2012, la idea de una tregua entre las pandillas comenzó a concretizarse.

El entonces director del Organismo de Inteligencia de Estado (OIE), Ricardo Perdomo le ordenó al jefe del Departamento de Administración y subdirector de la OIE que buscara una vivienda que “no fuera tan expuesta, ni tan grande, y que fuera un poco discreta” porque serviría como base para dicho organismo. Al final se rentó una vivienda en el sector de San José de la Montaña, cuyo pago de arrendamiento así como los recibos de agua y luz eran cancelados con fondos de la OIE.

Pero la vivienda no fue utilizada por la OIE tal como se había dicho al principio por el entonces ministro Perdomo, sino que sirvió de oficina de Raúl Mijango y sus colaboradores, la cual posteriormente fue frecuentada por Colindres,

Munguía Payés, y pandilleros de la MS y de la 18, según el requerimiento fiscal.
A Mijango le asignaron dos agentes de la División de Protección a Personalidades Importantes (PPI) para su seguridad personal, pero que de acuerdo a la Ley de Protección de Personas sujetas a seguridad especial no era procedente ni tampoco se siguió el procedimiento establecido para dicha asignación.

Más de 2,000 combos de pollo y 508 pizzas para los pandilleros
La Fiscalía General tiene documentado el ingreso de 56 órdenes de comida rápida a los penales con pandilleros, mientras se mantuvo la tregua entre las pandillas, marzo de 2012 hasta mayo de 2013, según el requerimiento presentado al Juzgado Antimafia de Instrucción A de San Salvador.

Las 56 órdenes anteriores significaron 2,107 combos de pollo y 568 pizzas. Pero aparte hubo pedidos de más de 1,605 cajas con pollo y piezas individuales.

También hubo pedidos de comida variada como sopas de frijoles, de mariscos, de res, de gallina. Carne asada, pollo asado, pescado, y todo tipo de alimentación casera.

En el requerimiento se destaca el caso del recluso Ever Osmin Pineda Hernández, a quien una amiga le llevó un saco de pepinos, medio saco de limones, medio saco de guisquiles, medio saco de chile jalapeño, 25 repollos, dos libras de loroco, y tallos de apio.

El pedido también consistía en 40 libras de carne, 10 pollos enteros, 10 libras de hueso de res, un quintal de fríjol, un quintal de arroz, un quintal de azúcar, medio quintal de sal, cuatro quintales de harina nixtamal, dos galones de aceite, 10 botes de consomé de res, y 10 botes de consomé de pollo.

Se le sumó un saco de chile, cuatro cajas de tomate, un saco de cebolla, un saco de papas, cajas de aguacates, un saco de zanahorias, 150 plátanos, dos cajas de huevos, una bolsa de salsa dulce, una bolsa de mayonesa, y cinco botellas de vinagres.

Esto ocurrió el 2 de diciembre de 2012 y las autoridades del penal de Ciudad Barrios, San Miguel, de ese entonces no pusieron ningún reparo al ingreso de esos artículos, a pesar de que son prohibidos su ingreso por la Ley Penitenciaria.

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Tampoco se supo para que servirían esos productos.

Los privilegios continuaron para los pandilleros recluidos en distintos centros penales. Además de la comida rápida y la comida tipo casera, también les permitieron el ingreso de 36 pedidos con 302 pasteles (queiques) que se supone fueron para celebrar los cumpleaños o alguna festividad a los pandilleros. Solo el 2 de noviembre de 2012 llevaron 54 pasteles al centro penal de San Francisco Gotera, Morazán.

Además les permitieron que ingresaran 641 paquetes de cigarrillos para los pandilleros que les gustaba fumar.

La diversión para los pandilleros no podía faltar. La Fiscalía tiene registradas 41 fiestas de las que los pandilleros gozaron para celebrar fechas especiales y tener una “actividad alegre”. Estas fiestas que se realizaron entre el 20 de junio de 2012 al 10 de mayo de 2013 fueron amenizadas por cinco orquestas, diez discomóviles, un comediante y dos grupos de bailarinas. Éstas últimas hicieron un show nudista en el penal de Izalco, Sonsonate.

Todo lo anterior fue parte de las exigencias que les hicieron los cabecillas de las pandillas a los mediadores de la denominada tregua como parte de las negociaciones para mantener bajos los índices de homicidios, según la Fiscalía.

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