Nueve inmuebles, seis vehículos y cuatro productos financieros; que en total suman $1.3 millones les fueron congelados por la Fiscalía General a dos exfuncionarios del expresidente prófugo, Mauricio Funes para someterlos a un proceso de extinción de dominio con el propósito de que pasen al Estado.
El ente fiscal informó que cuatro propiedades, tres vehículos y cuatro cuentas bancarias le fueron decomisados de manera temporal al exsecretario de Comunicaciones, David Marciano Rivas. Los bienes intervenidos a Rivas tienen un valor de $800,000, según Fiscalía.
Las propiedades que le fueron intervenidas a Marciano Rivas se localizan en las residenciales Vía del Mar y Miramar; así como en Nuevo Cuscatlán.
Al exdirector Ejecutivo de la Presidencia de la República, Manuel Arturo Ayala Orellana le congelaron cinco inmuebles y tres autos por un valor de $500,000. Estas propiedades se encuentran en residencial Los Sueños, colonia Miralvalle y en Mejicanos, según fuentes fiscales.
El jefe de la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía, Alexis Ayala, explicó que los dos exfuncionarios adquirieron esos bienes cuando fungieron como tales en el período presidencial 2009-2014, “momentos en los que estas personas aprovecharon para incrementar indebidamente su patrimonio”.
Ayala explicó que se les notificaran a los exempleados sobre el decomiso de sus bienes inmuebles para darles la oportunidad de demostrar a través de sus abogados de que los adquirieron de manera legal y sino es así pasarán al Estado por haber sido comprados con dinero lícito.
Las investigaciones fiscales apuntan a que las evidencias en poder del ente fiscal demuestran que Rivas y Ayala adquirieron esos bienes con fondos públicos provenientes de los $351 millones que le atribuyen al prófugo Funes, haber sustraído de las arcas de la Presidencia.
Entre los inmuebles congelados hay residencias, dos lotes en un complejo de playa en La Libertad, seis vehículos y cuentas bancarias.
Marciano Rivas es acusado de haber lavado $1,070,000; mientras que Ayala Orellana es procesado como reo ausente por peculado y por lavado de dinero en más de $600,000.
Bienes intervenidos pasarán a custodia del Conab
Los bienes inmuebles incautados pasarán a custodia de manera temporal del Consejo Nacional de Administración de Bienes (Conab), mientras la Fiscalía General promueve el proceso de extinción de dominio en el juzgado especializado con miras de despojar a los dos exfuncionarios de esos bienes inmuebles y que pasen al Estado, porque supuestamente los compraron con fondos públicos.
Marciano Rivas se entregó en junio de 2018 al Juzgado Quinto de Paz y luego fue enviado a las bartolinas de la División de Tránsito Terrestre de la Policía. En agosto de ese mismo año, el exsecretario de Comunicaciones fue trasladado al sector 9 del Centro Penal La Esperanza conocido como Mariona, donde está recluido. Mientras que Ayala Orellana es prófugo.
Rivas y Ayala son acusados de lavar más de $1.7 millones
David Marciano Rivas, devengó un salario mensual de $2,080 como secretario de Comunicaciones en el período del uno de junio de 2009 al 31 de diciembre de 2014. La mayor parte se desempeño en la gestión del expresidente prófugo Mauricio Funes.
Los ingresos que recibió legalmente Marciano Rivas, los cuales declaró ante el Ministerio de Hacienda entre el 1 de junio de 2009 al 31 de diciembre de 2014, fueron en total $181,796, dinero que obtuvo de salarios, intereses y de la sociedad Energías Eléctricas.
Sin embargo, los depósitos que le realizaron en distintas cuentas bancarias en el referido período alcanzaron los $447,148.
A la cantidad anterior se le sumaron los cheques emitidos a su nombre y los que fueron cobrados en efectivo por un monto de $780,840.80.
Estos cheques fueron emitidos a su nombre provenientes de las cuentas de Francisco Rodríguez Arteaga (condenado en el caso Saca), bajo el concepto de gastos operativos de la Presidencia de la República, lo que suma en total $1,251,989.64.
Pero a esa cantidad se le deberá de quitar los ingresos declarados que son $181,796.06, lo cual arroja un monto de 1,070,193.58, cantidad que fue considerada por la Fiscalía General como ingresos no justificados y los cuales habría lavado de los fondos públicos.
El ente fiscal señala que Marciano Rivas pudo haber lavado el dinero a través de dos cuentas bancarias que están a su nombre, en las cuales realizó movimientos de fondos que no pudo justificar su procedencia legal.
También a través de la apertura de tres depósitos a plazo en una agencia bancaria en 2012 y que le generó intereses hasta por valor $52,653.17.
El primer depósito a plazo que abierto el 3 de octubre de 2012 por $225,000. El segundo fue por la cantidad de $100,000, el cual fue formalizado el 20 de noviembre de 2015 y el tercero por $160,000 fue abierto el 29 de enero de 2016.
También a través de tres tarjetas de crédito que le generó movimientos hasta por $63,903.21, según la Fiscalía.
El único préstamo bancario que realizó Marciano Rivas en el período de 2009-2014 fue de $70,000 con el que compró una vivienda situada en la tercera etapa del condominio Miramar, Las Dispensas, en San José Villanueva, La Libertad. La cuota del préstamo era de $578.44, cuya cuota se canceló durante el primer año.
Desde agosto de 2014, los abonos al préstamo se incrementaron llegando a cancelar hasta más $3,000.00 en un solo mes; comportamiento que se mantuvo hasta agosto de 2015. A partir de septiembre de ese año, los abonos oscilaron entre $700 y $900 mensuales.
Cuando Marciano Rivas se “entregó voluntariamente” al Juzgado Quinto de Paz que lo reclamaba, afirmó: “me he puesto a disposición de las autoridades judiciales para colaborar en todo lo que esté a mi alcance, a fin de que este caso sea esclarecido y el pueblo salvadoreño conozca la verdad”.
Exdirector ejecutivo de Capres habría lavado $641,201
Manuel Arturo Ayala Orellana es acusado de haber lavado $641,201, ya que los ingresos devengados como empleado de la Presidencia de la República y otros ingresos obtenidos no eran suficientes para justificar las operaciones bancarias que manejó en cuentas bancarias.
Tampoco se justificaba el efectivo que utilizaba para amortizar los saldos de tarjetas de créditos y depósitos en cuentas bancarias.
Como director ejecutivo de la Presidencia de la República, Ayala Orellana tenía firma autorizada en las cuentas corrientes que estaban a nombre de Francisco Rodríguez Arteaga y Pablo Gómez; quienes también son acusados de integrar una red de corrupción de 32 personas, entre éstas el expresidente prófugo Funes, que les habría permitido sustraer $351 millones de las arcas del Estado y luego lavarlos en distintos rubros.
Las propiedades pasan al control del Estado por medio de la Ley de Extinción de Dominio, bajo la administración del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB).