Los jueces Antimafia de Sentencia, Godofredo Salazar y Cruz Vásquez Ramírez han ordenado a la Fiscalía General en tres oportunidades y en dos procesos judiciales, que investigue al expresidente Mauricio Funes, quien es prófugo; y a su exministro de Seguridad Pública, David Munguía Payés, por las negociaciones que tuvieron con las pandillas que dieron paso al pacto entre esos grupos criminales entre marzo de 2012 y mayo 2013.
Sin embargo, ninguno de los dos exfuncionarios ha sido acusado ante las instancias judiciales por la Fiscalía General, cuyos delegados han dicho de manera reiterada de que las investigaciones no terminan y que están indagando. El primer llamado de atención a la Fiscalía General lo hizo el juez Salazar en la sentencia emitida el 27 de agosto de 2017 en la que exoneró a 18 personas, entre exdirectores y empleados de Centros Penales, de las imputaciones que les hacía el ente fiscal en el caso de la tregua entre las pandillas.
En esa ocasión, el juez Salazar argumentó su decisión de librar de cargos a los 18 imputados, en que los procesados solo cumplieron órdenes de las autoridades de Seguridad Pública puesto que “las negociaciones entre el Gobierno y las pandillas no fueron a espaldas de la Presidencia comandada por Funes”.
Además sostuvo que ellos ordenaron el traslado de 30 cabecillas de pandillas del centro penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, La Paz; conocido como Zacatraz, hacia otros reclusorios de menor seguridad.
El juez ordenó que se tenía que investigar a Funes y a Munguía Payés como responsables del pacto entre las pandillas que además de reducir los homicidios, permitió que esos grupos obtuvieran privilegios carcelarios y económicos.
Mauricio Funes ha mencionado en repetidas ocasiones que su gobierno nunca negoció con pandillas y lo único que hizo fue “facilitar” el acuerdo que las maras habrían alcanzado entre sí.
Sin embargo, el llamado hecho por el juez Salazar quedó sin efecto, luego de que la Cámara Antimafia de lo Penal ordenara que se hiciera un nuevo juicio en el caso de la tregua porque hubo prueba que el funcionario no valoró en el primer juicio.
En julio pasado, el juez Cruz Vásquez, quien es juez suplente de los tribunales antimafia de sentencia de San Salvador, reiteró la petición que hiciera el juez Godofredo Salazar en agosto de 2017 al ordenar a la Fiscalía a investigar al expresidente Mauricio Funes, quien es prófugo de la justicia y se resguarda en Nicaragua; y a su exministro de Seguridad Pública, David Munguía Payés por considerarlos que eran los artífices del pacto entre las pandillas.
“Se puede inferir con certeza la participación del entonces presidente de la República, Carlos Mauricio Funes Cartagena y David Victoriano Munguía Payés, como los funcionarios creadores de la política gubernamental ejecutada, actuando como actores mediatos”, señala parte de la sentencia. Agrega que ellos emplearon al Ministerio de Defensa, Organismo Inteligencia de Estado, Ministerio de Justicia, Policía y Dirección de Centros Penales, instituciones que utilizaron recursos económicos, humanos y materiales, lo que generó que alteraran su normal funcionamiento.
“De esta forma se hace un llamado de atención vehemente a la agencia fiscal, para iniciar un proceso de investigación para deducir responsabilidades, por el gerenciamiento parcializado de la presente causa penal, que incluso resulta lindante con la conducta de omisión en la investigación”, señaló el juez.
También el juez Cruz ordenó que se investigara el financiamiento económico de las pandillas de parte de institutos políticos y la deducción de responsabilidades de los fiscales anteriores en caso de comprobarse omisión en las investigaciones.
Exhortó a los autores políticos, funcionarios públicos e integrantes de la sociedad civil a abstenerse de negociar con grupos criminales como las pandillas, “pues de ninguna forma resulta aceptable, negociar de forma encubierta con grupos delincuenciales, arrogándoles de facto condiciones de beligerancia, cediendo en sus obligaciones y alterando el normal funcionamiento de las instituciones del Estado y quebrantando las leyes.
El 7 de febrero pasado, el juez Salazar volvió a insistirle a la Fiscalía para que investigue, no solo a Funes ya Munguía Payés, sino que también incluyó al expresidente Salvador Sánchez Cerén, dirigentes políticos, religiosos y a diez municipalidades, que habrían negociado con las pandillas.
“Deberán de individualizar las responsabilidades en las que hayan podido incurrir los ciudadanos Carlos Mauricio Funes Cartagena y Salvador Sánchez Cerén; en su calidad de presidentes de la República. Arístides Valencia, Benito Lara y David Munguía Payés como ministros e integrantes del consejo de ministros”.
Además, demandó que se investigue a Jorge Velado, Ernesto Muyshondt, Ernesto Ángulo, Norman Quijano, los integrantes de la red de pastores, y a las municipalidades de Sonsonate, Ilopango, La Libertad, San Salvador, Cuscatancingo, Santa Tecla, Usulután, San Marcos, Soyapango y Apopa; vinculadas por el testigo Noé en el juicio de la operación Cuscatlán.
Cuestionan pasividad de Fiscalía en investigar negociaciones de políticos con pandillas.
El juez Salazar volvió a ordenarle al Ministerio Público fiscal de que investigue las negociaciones que han sostenido las pandillas terroristas con distintos actores de la sociedad salvadoreña.
“Se insiste en el llamado de atención a la agencia fiscal, de asumir con responsabilidad el encomiendo legal de investigar en forma inmediata los eventos denunciados en este sentencia, referidos a la indagación, de la participación de funcionarios, actores políticos, personas civiles, incluso a los mismos titulares de la entidad fiscal por eventuales omisiones al deber de investigar, utilizando toda la información con la que cuentan de antemano y en forma suficiente, para judicializar los casos que deriven”, señaló el juzgador.
Cuestiona los esfuerzos dispersos realizados por Fiscalía al abrir distintos procesos con relación a las negociaciones de políticos y pandillas, al considerar que “la dispersión, bien por falta de cuidado o en forma deliberada, constituye un riesgo para el adecuado y efectivo gerenciamiento de un aspecto de tanta trascendencia para los intereses de la justicia, propiciando la ocurrencia de yerros por dobles imputaciones”. A lo anterior se suman “la utilización de insumos probatorios en forma selectivizada, omisiones en la investigación, favorecimiento de la impunidad al poner sobre aviso a eventuales involucrados en la comisión de hechos delictivos”.
A su juicio, resulta inexplicable las razones que tuvo la Fiscalía para abrir distintos procesos cuando se trataba de la misma temática de las supuestas negociaciones de las pandillas con funcionarios de gobierno, políticos, miembros de la sociedad civil con la venia de religiosos.
Señaló el juzgador que el ente fiscal tenía conocimiento de la existencia de conversaciones, acuerdos y negociaciones de las pandillas con funcionarios públicos, políticos, religiosos, organizaciones no Gubernamentales y otras personas vinculadas al quehacer social del país y aún así no investigaron.
Investigaciones de finanzas de maras expusieron negociaciones de políticos con pandillas.
Las diferentes investigaciones de la Fiscalía General para golpear las finanzas ilícitas de las pandillas llevaron a descubrir las supuestas negociaciones que mantuvieron funcionarios de Gobierno, políticos y otros actores de la sociedad salvadoreña con las pandillas, grupos calificados por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como terroristas.
Desde el proceso de la denominada tregua entre pandillas, en el que se procesaron a 18 personas , se pudo determinar las negociaciones que alcanzaron el gobierno de turno, en la gestión de Mauricio Funes, y las pandillas para que los integrantes de estos grupos recibieran privilegios carcelarios y económicos.
Estas negociaciones se han conocido a través de procesos judiciales como la tregua entre mareros, caso Tecana, operación Cuscatlán y Jaque. En esta última se descubrió las reuniones que tuvieron del ministro de Gobernación, Mario Durán; y el director de Tejido Social, Carlos Marroquín, con cabecillas de pandillas para tratar -según Fiscalía- que les permitieran impulsar proyectos en las zonas con presencia de pandillas.