Mauricio Arriaza Chicas, el director de la Policía Nacional Civil que fue destituido por la Asamblea Legislativa por graves violaciones a los derechos humanos durante la toma violenta del palacio legislativo el 9 de febrero, enfrenta este martes la audiencia inicial por el delito de incumplimiento de deberes, un delito que tiene una pena de cuatro años de cárcel.
La semana pasada, la Fiscalía General presentó la acusación contra el comisionado Arriaza Chicas y el tribunal le notificó los cargos en otra audiencia, fijando la fecha del 22 de diciembre para la audiencia inicial, por el momento el miembro de la corporación policial no ha sido detenido, algo que se definirá en la audiencia de este día.
El caso por el cual el comisionado ha sido acusado es porque no cumplió la orden de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa, que investiga el uso de préstamos durante la pandemia por COVID-19, de llevar por la fuerza al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya.
La Asamblea certificó a la Fiscalía General que el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, incumplió la notificación hecha por la Asamblea Legislativa para llevar por la fuerza al ministro Zelaya, quien se había negado en cuatro ocasiones, asistir a la Asamblea para rendir cuentas del manejo de fondos públicos durante la emergencia decretada por la pandemia de COVID-19.
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Durante la audiencia de notificación de la acusación, el comisionado Arriaza Chicas afirmó que no había cometido ninguna ilegalidad el 9 de Febrero al tomar por asalto la Asamblea Legislativa.
Arriaza Chicas añadió, en esa ocasión, “que no ha hecho nada malo”, y que la acusación deviene por “no cumplir órdenes ilegales que no están revestidas de las formalidades legales”, según dijo en breves declaraciones en el Centro Judicial Isidro Menéndez.
“Yo soy un policía respetuoso de la Constitución y con estricto respeto a los derechos humanos. No puedo decir si es legal o ilegal la acusación. Eso lo vamos a dirimir el próximo martes a las 10:00 de la mañana”, afirmó Arriaza.
La Asamblea Legislativa aprobó el jueves pasado un dictamen, de carácter obligatorio para el presidente Bukele, donde se establece la destitución del director de la PNC por graves violaciones a los derechos humanos al tomarse de manera violenta la el Palacio Legislativo.
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