La violencia criminal que vive el país causó que 1,324 familias salvadoreñas perdieran a uno o más de sus seres queridos durante el año pasado, según cifras consolidadas de la mesa técnica integrada por la Fiscalía General (FGR) Policía Nacional Civil (PNC) y el Instituto de Medicina Legal (IML).
La cifra anterior refleja que el promedio de 2020 alcanzó 3.6 muertes violentas por día en El Salvador . Sin embargo, en los dos primeros meses de 2021 ese promedio tuvo un leve incremento a 3.8 por día.
El informe detalla que 1,170 de las víctimas eran hombres, 130 mujeres y a 24 no se les pudo determinar su sexo debido a que sus restos estaban en avanzado estado de putrefacción.
De las muertes violentas de las mujeres, 75 casos fueron catalogados por las autoridades como feminicidios y los otros 55 se tipificaron como homicidios. Hubo cinco casos en los que las víctimas pertenecían a la comunidad LGBTI, de acuerdo al análisis de la mesa técnica.
Los analistas de las tres instituciones establecieron que 962 víctimas no pertenecían a ninguna de las pandillas criminales, mientras que 362 sí eran pandilleros. El dato anterior (962) refleja que el 72 por ciento de las víctimas de la violencia criminal no pertenecía a pandillas.
Otras de las situaciones violentas que destacan los analistas es que 89 víctimas murieron en enfrentamientos armados. En este grupo se incluyen pandilleros al enfrentarse a las fuerzas de seguridad , delincuentes que perdieron la vida en algún hecho delictivo o porque su víctima actuó en legítima defensa.
Las fuerzas de seguridad no se escaparon al embate de la violencia criminal. El informe refleja que 11 policías y seis soldados fueron asesinados, en su mayoría, por los grupos de pandillas en distintas circunstancias.
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A ese grupo se le suman 16 vigilantes privados que fueron asesinados por diversas motivaciones, pero en su mayoría por tener problemas con las pandillas que operan en la zona donde ellos ejercían la seguridad.
La violencia intrafamiliar también dejó sus secuelas en los hogares salvadoreños. En esas circunstancias fueron asesinadas 32 personas. Se desconoce si la mayoría de éstas víctimas eran mujeres o menores de edad. También no se supo si estos casos fueron parte de los feminicidios.
Los homicidas utilizaron un arma de fuego para asesinar a 923 personas; mientras que en 209 de los casos usaron arma blanca, ya sea cuchillo, puñal o machete.
En el resto de homicidios se usó otro tipo de arma, también por estrangulamiento o envenenamiento.
Los municipios del departamento de San Salvador fueron escenarios de 379 muertes violentas, seguido de Santa Ana con 132 homicidios. La Libertad fue el tercer departamento con más muertes violentas, en este caso, se reportaron 130 crímenes y luego Sonsonate que tuvo 108 homicidios. En San Miguel se cometieron 107 asesinatos, 85 en Ahuachapán, seguido de Usulután con 78.
La Unión (67 homicidios), Cuscatlán (63), La Paz (46), Morazán (45) San Vicente (32), Chalatenango (26) y Cabañas (25) son los departamentos con menos homicidios.
Llama la atención que el departamento de San Vicente después de registrar ocho homicidios en abril, en mayo y junio no tuvo ninguna muerte violenta. Tampoco registró homicidios en diciembre pasado.
Cabañas tampoco tuvo muertes violentas en noviembre. Chalatenango no registró homicidios en marzo, pero en abril se incrementó la actividad criminal que dejó nueve personas asesinadas. Tampoco registró hechos violentos en agosto.
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Aumentan homicidios en primer trimestre de este año
La mesa técnica tripartita registró 226 muertes violentas en los dos primeros meses de este año, lo que refleja un promedio de 3.8 por día.
Al desglosar los datos se tiene que 197 de las víctimas eran hombres, 28 mujeres y al resto no se le pudo determinar su sexo. De las muertes violentas de mujeres, 16 casos fueron catalogados como feminicidios por las circunstancias que acontecieron previas al crimen.
Al igual que 2020, la mayoría de las víctimas de la violencia no tenía vínculos con las pandillas, según el estudio. Eso significa que de las 226 víctimas, 151 no pertenecían a pandillas y 75 eran integrantes de esas estructuras criminales.
Dos policías, un soldado y un vigilante particular están entre las víctimas.
La agente de la Policía, Norma Carolina Figueroa Solís fue una de las víctimas de la violencia. Su crimen fue catalogado por la Fiscalía General como feminicidio del que se le acusa a su compañero de vida, Mario Enrique Pérez Chávez, quien también es policía.
El feminicidio de Figueroa Solís ocurrió en la carretera Panorámica, en Santa Cruz Analquito, Cuscatlán.
Pérez Chávez aseguró que ellos habían sido atacados a balazos por un hombre, ataque en el que su compañera de vida resultó herida. El agente la llevó al hospital de Cojutepeque para hacer creer que los habían atacado. Ella murió antes de llegar al hospital.
La mesa tripartita detalla que 12 de las víctimas murieron en algún enfrentamiento armado, ya sea con las fuerzas de seguridad o en algún hecho delictivo en el que la víctima se defendió.
También la violencia intrafamiliar causó la muerte a diez personas.
En 150 muertes violentas se utilizaron armas de fuego y 42 se cometieron con armas blancas. En el resto de muertes se cometieron con otros tipos de objetos como contundentes y por ahorcamiento.
Pero también los registros de la Policía reflejan un aumento de los homicidios de enero a la primera quincena de abril de este año. En ese período se registraron 34 homicidios más con respecto al mismo plazo de 2020 en el que contabilizaban 347 muertes violentas. En ese período de este año hubo 381 homicidios.
El informe refleja que marzo y abril han tenido aumentos significativos. Por ejemplo en marzo de este hubo 110 crímenes, mientras que en el mismo mes de 2020 se registraron 68, es decir, 42 más que el año pasado.
En la primera quincena de abril de este año se contabilizaban 45 homicidios y en abril del año pasado hubo 34, eso significa que hubo 11 muertes violentas más para este año.
Santa Ana, Sonsonate, Chalatenango, La Libertad, San Salvador, Cabañas, La Paz, y Usulután; son los departamentos que tienen saldo rojo en sus estadísticas, es decir, que registran más homicidios en el año, según la Policía.
Las autoridades de Seguridad Pública le atribuyen la disminución de los homicidios en 2020 al plan Control Territorial en vigencia desde el 20 de junio de 2019.
Sin embargo, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico Social (FUSADES) señala en el segundo informe semestral de 2020 que estudios internacionales, como el desarrollado por International Crisis Group, investigaciones periodísticas y expertos nacionales en materia de seguridad, destacan serias dudas sobre la causa de la disminución de los homicidios, vinculándolo a posibles pactos con grupos criminales contrarios a la ley, entre otros aspectos.
Además señalan que existe preocupación por el control territorial que todavía ejercen las pandillas sobre la población. Este informe de FUSADES fue publicado a finales de febrero pasado.
Destaca la reducción del 42 por ciento de los homicidios en 2020 con respecto a 2019, pero señala que sigue “siendo importante que los esfuerzos por reducir la criminalidad sean sostenibles en el tiempo, comprendidos dentro de una estrategia integral y siempre dentro del marco del respeto al Estado de derecho”.
Destaca que otro de los problemas de inseguridad que preocupa son las personas desaparecidas, la mayoría aún no ha sido encontrada.