La obligación constitucional de presentar la declaración patrimonial ha sido incumplida por 283 exfuncionarios públicos del Gobierno anterior y 51 funcionarios actuales al no declarar sus bienes ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), según lo denunció ayer el director de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, en la entrevista de Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS).
Las cifras corresponden a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) solicitados por la referida entidad hasta el 11 de septiembre pasado.
“Ahí tenemos personas del Ministerio de Defensa Nacional, que es el que tiene 62 obligados que no la han presentado, luego Relaciones Exteriores 58, Ministerio de Salud 53 y Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial 34”, dijo Escobar. Recordó que estos exfuncionarios tenían 60 días después de haber cesado en sus funciones, para presentar la declaración patrimonial.
La mayoría de estos exfuncionarios desempeñaron cargos medios como directores, subjefes; entre otros. “Lo que nosotros hemos señalado, sin querer de ninguna manera señalar ilegalidad en ninguno de estos casos, de las personas con su patrimonio, pero hay que ponerle atención porque son los que directamente administran o autorizan la erogación de fondos públicos, entonces se vuelve relevante”, dijo Escobar.
Hasta el 12 de septiembre pasado, 51 actuales funcionarios no habían cumplido con esa obligación constitucional.
“Aquí si tenemos a funcionarios de rango mayor, tenemos de Presidencia de la República, tenemos ministros, Secretarios de la Presidencia; que tampoco habían presentado su declaración a esa fecha (12 de septiembre)”, dijo Escobar.
Con relación al actual Gobierno, Escobar aseguró que 144 funcionarios presentaron su declaración patrimonial; pero 66 de ellos la presentaron de forma extemporánea (después del plazo de ley).
Aclaró que hay funcionarios que presentaron su declaración después de esa fecha.
Se suman a los exfuncionarios de Gobierno, 44 exdiputados suplentes y tres exdiputados propietarios de la legislatura 2015-2018, que tampoco han reportado su patrimonio, después de más de un año de haber cesado en sus funciones.
Esta semana, el diputado por el partido Cambio Democrático (CD), Juan José Martell, dijo que no iba a declarar sus bienes porque la Ley de Probidad es obsoleta. Sin embargo, un día después se retractó y aseguró que iba a reportar su patrimonio a la Sección de Probidad.
Por su parte, el presidente del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), José Miguel Arévalo Rengifo, instó a la Corte Suprema a acelerar la elaboración del proyecto de la nueva Ley de Probidad para que sea discutida en la Asamblea Legislativa.
“Pero observando en ese proyecto la Constitución y la jurisprudencia emanada por la propia Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional”, dijo Arévalo.