Los edificios públicos, sedes diplomáticas, funcionarios estatales y personas consideradas de “alto riesgo” son custodiados por 2,478 agentes de la División de Protección a Personalidades Importantes (PPI), según un informe de la Oficina de Acceso a la Información Pública de la Policía Nacional Civil (PNC).
Solo para cuidar a los 84 diputados la Policía debe erogar de su presupuesto $2.3 millones para pagar a 389 agentes supernumerarios.
La plantilla de la referida División está compuesta por 334 policías graduados en la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP); otros 1,025 son agentes supernumerarios con plaza interna, es decir, son encargados de cuidar edificios públicos y sedes diplomáticas. Estos son contratados por las instituciones con autorización de la Policía.
Se le suman 1,119 agentes supernumerarios que se encargan de proteger a funcionarios públicos como magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), diputados de la Asamblea Legislativa, ministros, y personas particulares que requieran de algún guardaespalda entre otros.
En el informe se desglosa que 319 agentes del PPI están destinados a proteger la vida de los funcionarios públicos. Para ello se ha destinado un inspector, un subinspector, 10 sargentos, ocho cabos, 61 agentes y cuatro motoristas.
A ellos se agregan 233 agentes supernumerarios que son contratados por los funcionarios para que los cuiden por ser de su confianza.
La división PPI tiene además 208 agentes que se dedican al cuido de los edificios públicos. En esa área cuentan con 26 policías de carrera y 182 agentes supernumerarios que brindan seguridad a la infraestructura pública.
Las embajadas y sedes diplomáticas también son custodiadas por 179 agentes de la División de Protección a Personalidades Importantes. Para estas funciones se ha destinado a 22 policías graduados de la academia policial y 157 supernumerarios.
Para que el personal supernumerario pueda realizar su labores de seguridad a los funcionarios públicos y cuido de edificios estatales, la Policía está obligada a dotarlos del equipo para el cumplimiento de la misión asignada de protección de acuerdo a las disponibilidades de la corporación policial, según la ley.
Además, la legislación relativa a la protección de personas con seguridad especial señala que el beneficiario, si no es funcionario público, pagará los servicios del personal que en calidad de supernumerario se le haya asignado, en el caso previsto en el inciso segundo del artículo 5 de la normativa.
La tarde del 18 de octubre de 2017, Edwin Serrano Rivas, de 35 años, se disponía a retirarse de los juzgados de Mejicanos, luego de haber cumplido con su jornada laboral como custodio de la referida infraestructura. Serrano Rivas era agente supernumerario de la División de Protección a Personalidades Importantes (PPI) de la Policía, asignado a ese lugar. Él fue atacado cuando se subía a su motocicleta.
Serrano Rivas fue uno de los cinco agentes del PPI asesinados por pandillas en 2017. Al año siguiente, en 2018, la cifra de supernumerarios asesinados se redujo a tres, según las cifras de la Policía.
También familiares de agentes del PPI han sido víctimas de las pandillas, como ocurrió en abril de 2018, cuando fueron asesinados cuatro familiares de un agente supernumerario en dos ataques registrados en Ciudad Delgado y Ayutuxtepeque.
Diputados pueden tener cuatro guardaespaldas
En el artículo 4 de Ley de Protección de Personas Sujetas a Seguridad Especial se establece que el funcionario público tendrá derecho a que se le asigne un máximo de cuatro agentes de la Policía o agentes supernumerarios.
Al beneficiario le asignarán el personal de seguridad, ya sea porque la Policía le proponga policías de carrera o que el funcionario designe a los que él confíe o consienta.
Si el beneficiario requiere de más agentes de seguridad, entonces deberá solicitar la autorización del director de la Policía, quien evaluará las razones de riesgo de quien lo requiere.
Después de los tres días de haber hecho la solicitud, el director policial deberá resolver si procede o no la petición y en caso de ser favorable al peticionario, entonces determinará la cantidad adicional del personal de seguridad que le será asignado en relación al riesgo de que se trate; además del tipo y número de armas que ese personal deberá de utilizar.
Tampoco no se le podrá cambiar al personal de seguridad o recontratar sin su consentimiento. Asimismo, tendrá derecho a que le sustituyan al personal de seguridad en cualquier momento, cuando exista la pérdida de confianza.
Un ejemplo de lo anterior se dio en mayo pasado cuando la Policía arrestó a dos miembros de la seguridad del diputado Guillermo Gallegos, quien los denunció por amenazas agravadas. También fue capturado un agente de la Policía acusado de haber participado en las amenazas.
La legislación relativa a la protección de personas con seguridad especial detalla que la Policía es la encargada de velar porque las medidas de protección se cumplan de acuerdo a lo establecido en la ley especial.
La Policía podrá supervisar al personal de seguridad, circunstancialmente, cuando existieren razones justificadas. Pero la supervisión se hará previa autorización del funcionario y donde ejerce sus funciones.
