A solo un día de que la Asamblea Legislativa realizara la elección de nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), diversas organizaciones de sociedad civil han puesto en tela de juicio la idoneidad de los nombramientos y se empieza a vislumbrar la posibilidad de que se presenten recursos de inconstitucionalidad en contra de los funcionarios de la autoridad electoral.
Según la ley y jurisprudencia constitucional, los magistrados de esta institución deben tener moralidad y competencia notoria, además de carecer de vínculos con partidos políticos. Asimismo, el procedimiento de deliberaciones dentro de la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia debe tener la mayor publicidad, a fin de certificar y documentar por qué las personas electas son las indicadas para presidir una de las instituciones más claves en la democracia del país.
A juicio de juristas y expertos en la materia, los vicios se observan tanto en el procedimiento como en el resultado de este. Por un lado, hay magistrados con vínculos partidarios o incluso con expedientes legales abiertos en su contra; y por otro, hay poca claridad de por qué la Asamblea eligió a las personas que eligió.
Así lo afirmó Ramón Villalta, director ejecutivo de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD), quien afirmó que la elección tiene “visos de inconstitucionalidad” por la inobservancia de los preceptos constitucionales arriba descritos.
Villalta adelantó que en vista de esta situación han hablado con diversas organizaciones para interponer una demanda ante la Sala de lo Constitucional. Las organizaciones, dijo, esperarán la publicación del decreto para certificar la falta de idoneidad del proceso y procederán a la demanda.
Por su parte, Eduardo Escobar de Acción Ciudadana (AC) criticó que “los partidos se saltaron su rol” de vigilar que la elección cumpla lo que exige la ley. Asimismo, considera que el riesgo de la nueva conformación de magistrados es que el ciudadano piense que están al servicio de proteger los partidos y no la pureza del proceso electoral. Esto, advirtió, no aporta a devolver la confianza en el sistema de partidos, las instancias electorales y los blindajes contra un fraude electoral.
Por su parte, el presidente del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), José Miguel Arévalo, anunció que algunos miembros de esta institución están valorando presentar o acompañar alguna demanda contra el nombramiento, “ya que consideramos que existe el suficiente fundamento para declarar la inconstitucionalidad”.
Más allá del procedimiento
A juicio de los juristas consultados, ni la CSJ ni la Asamblea Legislativa supieron fundamentar por qué las personas nombradas son las más idóneas. Pero los reparos a la elección del pasado martes no se limitan ahí.
Asimismo, hay reparos particulares a algunos de los funcionarios electos por falta de idoneidad y vínculos partidarios. El más claro parece ser el magistrado propuesto por ARENA, Guillermo Wellman, quien ha sido diputado suplente por este partido, además de ser asesor de la fracción legislativa tricolor y haber participado en procesos recientes de internas para aspirar a una candidatura a diputación.
Además, según un reporte de Revista Factum, la magistrada presidenta, Dora Martínez de Barahona, es esposa de Santos Ulises Barahona, uno de los miembros fundadores del partido GANA, mismo que la nominó.
Sobre los magistrados de parte de la Corte Suprema de Justicia, Rubén Atilio Meléndez y Noel Orellana, también pesa una sombra, pues la máxima instancia judicial no razonó su nombramiento. Asimismo, Orellana tiene expedientes legales abiertos por presunta falsedad ideológica, prevaricato y supresión de documentos.
Finalmente, la magistrada suplente Sonia Clementina Liévano ha tenido cercanía con el empresario Adolfo “Fito” Salume, máximo dirigente del partido Democracia Salvadoreña. Reportes periodísticos dieron cuenta hace unos años de su participación en al menos seis sociedades offshore con Salume. Siendo este el líder de un partido, su independencia puede quedar en entredicho.
Pese a estas deficiencias, Escobar de Acción Ciudadana advirtió que es más recomendable presentar recursos impugnando el procedimiento completo y “más allá de solo personas”.
Más allá del procedimiento, posibles reparos de nuevos magistrados:
Dora Esmeralda Martínez, Presidenta del TSE.
Propuesta por GANA
Posible reparo:
Según un reportaje de Revista Factum, es esposa de Santos Ulises Barahona, miembro fundador y financista de GANA, partido que la nominó.
Luis Guillermo Wellman, magistrado propietario.
Propuesto por ARENA
Posible reparo:
Ha sido diputado suplente, síndico y asesor legislativo de ARENA. Fue precandidato a diputación tricolor en 2018, lo que requería ser militante.
Noel Antonio Orellana, magistrado propietario.
Propuesto por la CSJ
Posible reparo:
Además de un procedimiento incompleto, tiene expedientes penales abiertos por presunta falsedad, prevaricato y destrucción de documentos.
Rubén Atilio Meléndez, magistrado propietario.
Propuesto por la CSJ
Posible reparo:
Su nombramiento ha sido puesto en tela de juicio pues la Corte Suprema no justificó por qué su terna final de candidatos era la más idónea.
Sonia Clementina Liévano de Lemus, magistrada suplente
Propuesta por la CSJ
Posible reparo:
La hasta ahora magistrada ha sido socia en al menos seis sociedades offshore con “Fito” Salume, secretario del partido Democracia Salvadoreña.