Los exfuncionarios que no han presentado su declaración patrimonial de cese de funciones , así como los que han asumido este año un cargo público de dirección y tampoco han declarado, están en la mira de la Comisión de Ética y Probidad de la Corte Suprema o al menos de dos magistrados que la integran.
El magistrado Leonardo Ramírez Murcia, quien preside dicha comisión, declaró la semana pasada a periodistas que es “conveniente” plantear la posibilidad de cesar del cargo a quien no cumpla con la presentación de sus declaraciones patrimoniales.
“Estimo conveniente que deba considerarse la posibilidad de que una vez se le prevenga que debe presentar la declaración, se le dé el plazo y no lo haga, este tiene que traer como consecuencia que cese en el cargo que tiene”, expresó Ramírez Murcia.
Las declaraciones del magistrado vinieron luego del debate generado después de una publicación de El Diario de Hoy, en la que se reveló que solo seis de los más de 60 funcionarios del gabinete actual habían cumplido con la obligación al iniciar su cargo.
También se revelaba que, según Probidad, hasta el 29 de julio pasado, el presidente Nayib Bukele y el vicepresidente Félix Ulloa estaban dentro de esa lista de los que no habían declarado sus bienes.
El ministro Defensa Nacional, Francis René Merino Monroy, aseguró haber cumplido con ese requisito. Además de él, un viceministro y cinco funcionarios de nivel intermedio también habían cumplido a esa fecha su obligación.
De la Presidencia de la República no respondieron a El Diario de Hoy por qué no había cumplido con ese mandato de ley el presidente. Mientras que el ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, se sinceró en que por la carga laboral del plan territorial no había podido presentarla.
Acelerar la Ley de Probidad
Distintas organizaciones aglomeradas en el Consorcio por la Transparencia y el Combate a la Corrupción han venido insistiendo desde varios años en la necesidad de acelerar la nueva Ley de Probidad.
El magistrado Óscar López Jerez dice que el anteproyecto de ley de probidad está en discusión por parte de miembros de la comisión y otros actores, pero que él en su momento hará propuestas como cesar del cargo a quien no declare sus bienes, pero además que no pueda reelegirse en el cargo o correr por un cargo de elección popular.
“No solo que haya presentado simplemente su declaración de cese, sino que se le haya investigado y hasta que se le dé su resolución que se le exonera y se archive su expediente, solo con ese documento pueda correr para una reelección”, plantea López.
Para él, su propuesta descansa en que hay quienes vienen “cargando con hasta cinco cargos públicos diferentes sin que se le haya revisado sus cuentas del primera cargo, o no han presentado sus declaraciones de cese y allí siguen fungiendo y fungiendo”.
Añade que este requisito debió haberse aplicado hace mucho tiempo atrás. También apunta que hay funcionarios que siguen reeligiéndose en el puesto porque al presentar su declaración se les extiende un documento de cumplimiento parcial o total, pero esto, aclara, no lo declara exonerado.
“Ya con ese documento, el funcionario corre para donde quiera y eso no es un finiquito; eso solo demuestra que presentó su declaración de toma de posesión o de cese, pero no es un finiquito”, sentencia.