El Fiscal General, Raúl Melara, informó ayer que hay una gran cantidad de investigaciones que se están realizando y que son sumamente amplias por el manejo de la pandemia por parte del Gobierno.
“Solo en época de la pandemia se abrieron más de 17 expedientes, a raíz de avisos y de denuncias que presentaron, pero esas se han ido ampliando. Esos avisos, esas denuncias primero hay que individualizar los hechos para determinar si hay delito y si los hay, quiénes son los responsables”, afirmó Melara ayer en la Asamblea cuando fue a dejar un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía.
Melara no quiso brindar mayores detalles, pero afirmó que se encuentran en proceso las indagaciones tras los allanamientos que la Fiscalía hizo en el Ministerio de Salud Pública y el reciente informe que les envió la Corte de Cuentas, sobre el impago de los salarios de septiembre de la Asamblea y el atraso de seis meses del Fondo para el Desarrollo Local de los Municipios (Fodes) a las alcaldías.
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El secretario general del sindicato de la Asamblea, Luis Ortega, denunció que hasta ayer, el gobierno aún no traslada el dinero para cancelar los salarios de los empleados y diputados de la Asamblea.
Melara confirmó que ya recibió la notificación del presidente de la Corte de Cuentas, Roberto Anzora, quien informó la semana pasada que, después de las auditorías realizadas al Ministerio de Hacienda, se percataron que dicha institución sí contaba con recursos financieros para honrar los salarios del Órgano Legislativo en septiembre, sin embargo, no se efectuó hasta más de 15 días después de la fecha estipulada para su pago.
Además, que Hacienda retuvo sin justificación los $75 millones que la Asamblea aprobó de un préstamo de $197 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para que las alcaldías pudieran enfrentar la pandemia desde sus municipios.
Anzora informó que sobre el traslado de los $75 millones de deuda para las municipalidades, hicieron a la Fiscalía una comunicación preliminar de “algún indicio de responsabilidad penal”.
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Los diputados también se han pronunciado al respecto calificando de “delito” la “retención y apropiación” de fondos del Estado que son para las alcaldías, ya que el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, insiste en que no tiene fondos porque los parlamentarios no le aprueban más préstamos y que esa es la razón por la que está priorizando los pagos.
Los legisladores han aprobado al gobierno en el marco de la pandemia cerca de $1,400 millones en préstamos y autorizaron la emisión de otros $1,000 millones para la creación de un Fideicomiso para reactivar a los micro, pequeños y medianos empresarios afectados por las cuarentenas estrictas.
“No es una facultad discrecional de un funcionario público decidir prioridades cuando la Constitución ha establecido en este caso que los recursos de las municipalidades, no solo no los puede centralizar el gobierno central, sino que, si se los apropia, si los retiene, está cometiendo delito. No es él el que está por encima de la Constitución, no es (Nayib) Bukele ni ninguno de sus empleados están por encima de la Constitución, haciendo actos de rey que se traducen en actos arbitrarios”, manifestó Rodolfo Parker, diputado del PDC.
De hecho, el FMLN interpuso ayer un recurso ante la Sala de lo Constitucional pidiendo derogar dos artículos del Fondo de Prevención y Mitigación de Desastres conocido como Fopromid, que es administrado por el Ministerio de Gobernación, para evitar el uso discrecional del dinero del Estado.
También, el secretario general del FMLN, Óscar Ortiz, colocó un aviso en la Fiscalía en contra del ministro de Hacienda, por los delitos de “actos arbitrarios, incumplimiento de deberes y malversación de fondos”.
El funcionario reaccionó ayer después de una entrevista televisiva en contra del presidente de la Corte de Cuentas: “¿Cómo es que un juez está adelantando criterio sin conocer el juicio? Me parece totalmente sacado de orden. Hoy sí se le pelaron los cables porque se le fue la mano. Ni siquiera le ha notificado al auditado”, señaló Zelaya.