El pasado 16 de marzo, la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) promocionó su nuevo producto “Dale.sv”, un sitio electrónico de apuestas. Este negocio, que surge luego de la firma de un contrato con empresarios israelíes, se da pese a que la Lotería está demandada por la Fiscalía en los juzgados Civil y Mercantil por considerar ese acuerdo un fraude, un acto ilícito.
Al presentar la demanda, el pasado 3 de diciembre, se argumentó que la Lotería no puede dar el negocio a otros, sea entidad natural o jurídica, pública o privada, pues su misma ley orgánica (art. 3) se lo impide.
Entonces, ¿bajo qué ley se ampara Dale.sv? ¿Puede la Lotería prestar su logo y nombre a un negocio privado? ¿Está la empresa Tenlot detrás de Dale.sv? y, si es así, ¿por qué no aparece su nombre y logo? ¿Quién fiscaliza las ventas? ¿Con cuánto de las utilidades se beneficia el Estado? ¿Por qué no se licitó este contrato y por qué se seleccionó a Tenlot El Salvador? Las preguntas pueden ser muchas pero las respuestas no llegan, al menos no de momento.
VER: “Hay un ocultamiento de un contrato” en caso de la Lotería, dice exmagistrado
La Lotería le ha puesto reserva al contrato firmado con Tenlot El Salvador S.A de C.V. y esta semana, a través de su oficina de Comunicaciones, se negó a confirmar si Dale.sv corresponde al contrato firmado con los israelíes.
“Toda información tiene que ser solicitada a través de la Oficina de Acceso a la Información”, respondió Argentina Valladares, jefa de Comunicación de la LNB cuando El Diario de Hoy le consultó vía telefónica.
Ante la escasa información dada por la Lotería, abogados consultados dicen que es evidente que Dale.sv es la ejecución del contrato con los israelíes porque esa es la modalidad de juegos que se había anunciado.
Pero según los especialistas, ese contrato para la “implementación y desarrollo de nuevos productos” con Tenlot nació y se ejecuta sin el amparo de una ley.
Ya la Fiscalía demandó el 3 de diciembre pasado a la Lotería en los juzgados Civil y Mercantil por el contrato con Tenlot por considerarlo un “fraude de ley” y pidió su nulidad.
Abogados consultados dicen que a la luz de lo que ya ha establecido la Fiscalía, la ejecución de ese contrato que se está viendo con el sitio de apuestas y la opacidad con que se ha manejado ese contrato, se puede no solo advertir responsabilidades administrativas sino penales.
Actos arbitrarios, negociaciones ilícitas, peculado, incumplimiento de deberes, son algunos de los delitos penales que podrían configurarse, advierten abogados, por lo que se puede sospechar por qué no dan a conocer los términos del contrato y la falta de transparencia.
Lee también: Lotería Nacional abre sitio de apuestas pese a demanda en la Corte Suprema de Justicia
El especialista en derecho administrativo José Marinero y Wilson Sandoval, coordinador de Funde-Alac, coinciden en que la ley orgánica de la Lotería, en su artículo 3, le prohibe hacer negocios de este tipo. El artículo dice: “El negocio de la lotería es actividad exclusiva de la Lotería Nacional de Beneficencia. En consecuencia queda prohibido su ejercicio a cualquier persona natural o jurídica, de derecho público o derecho privado … ”.
Para José Marinero, dicho contrato viola la ley de la Lotería y todo lo que se derive del mismo es irregular. Mientras que Wilson Sandoval trae a cuenta una sentencia de la Sala de lo Contencioso de la Corte Suprema (146-11-98) en la que derogó de forma tácita una parte del artículo 3, le quitó esa exclusividad a la LNB y estableció que son las alcaldías lasque autorizan juegos de lotería, rifas y otros similares.
“Esa sentencia hace más complejo el tema. Es una limitante legal que tiene la Lotería de poder dar este tipo de contratos … Según la sentencia, es a los municipios que corresponde este tipo de autorizaciones o permisos … lo que dice la misma ley orgánica, la deja sin posibilidades de concesión en ese sentido... no se puede entregar el negocio”, afirma Sandoval.
Marinero apunta otro dato interesante: “No hay ninguna norma administrativa, ninguna norma dentro del ordenamiento jurídico salvadoreño que autorizaría un contrato entre la Lotería y un privado para el desarrollo de productos conjuntos y el uso de la marca, ninguno”. Lo anterior lo basa en que la empresa detrás del nuevo sitio de apuestas usa el nombre y el logo de la Lotería.
Para Marinero, la empresa está simulando que tiene una autorización del gobierno de El Salvador por vía de contrato para operar, vende productos al mundo como si fuera un negocio amparado, protegido, hay “una especie de endoso” a un ente privado.
Insiste en que el gobierno no puede dar a ninguna empresa el uso y explotación de su marca ni un contrato privado en el que además no hubo siquiera competencia y es poco transparente.
A decir del abogado constitucionalista René Hernández Valiente, el que haya “un ocultamiento del contrato”, nos ubica en “el campo de la especulación” porque no se está informando como se debe a los ciudadanos.
Oficialmente del contrato solo se sabe que se llegó a un acuerdo con empresarios israelíes por 10 años, que estos pueden ser prorrogados por otros diez; que se ha dado en préstamo el uso del nombre y prometen mejorar los ingresos de la institución.
Esa declaración vino luego de que el CEO de Tenlot, Yossi Abadi, revelara que había alcanzado “un acuerdo de 20 años” con el gobierno de Nayib Bukele para “operar la Lotería Nacional Salvadoreña, liderando una innovadora plataforma digital para las apuestas deportivas y otros juegos”.
La ruta del dinero y los posibles delitos
¿Si a decir de los especialistas, el sitio de apuestas Dale.sv no tiene base legal, qué consecuencias trae todo esto?
Al entrar al sitio Dale.sv, sin registrarse, el sitio solo ofrece el logo y nombre de la LNB y se presenta como la “casa de apuesta oficial” que respalda juegos como apuestas deportivas de ligas europeas, mexicana y de otros países; casino en vivo, deportes virtuales entre otros. La huella de Tenlot no aparece.
Ante la negativa a hacer público el contrato, Marinero considera válido preguntar cuántas apuestas vende Dale.sv, quién fiscaliza la entrada de ese dinero, quien lo administra, a dónde va la mayor cantidad de las utilidades, qué gana con este negocio el Estado a través de la Lotería.
Además de a qué precio Tenlot usa logo y marca de la institución para explotarlo económicamente.
Llama la atención de Marinero el que se esté usando recursos públicos para publicitar este negocio, que se asume es de un ente privado, prueba de ello es que en sus sitios web y cuenta de Facebook, la LNB publicita el negocio. Apunta a que es un “negocio compartido” en el que la Lotería le está dando una especie de endoso, de legitimidad, de credibilidad, un contrato que no ha pasado por las vías administrativas.
“Eso no se lo puede dar a través de un contrato que no ha tenido ni competencia, que además viola la ley de Lotería que prohíbe el desarrollo de la lotería por privados y públicos”, afirma Marinero.
Wilson Sandoval considera que en este caso se podría configurar el delito de actos arbitrarios, penado en el Código Penal (articulo 320) y posible incumplimiento de deberes (artículo 321 del Código Penal) pues en este caso los firmantes del gobierno en ese contrato “están omitiendo un acto propio de su función que es el de seguir el procedimiento de concesión ante la Asamblea Legislativa, por ejemplo”.
“La Fiscalía, quien ya dijo que el contrato es nulo y además está viendo que ya está operando, saben que están sucediendo actos de ejecución del contrato que tiene un origen ilícito, por lo tanto que vea posibles delitos cometiéndose“, sugiere Marinero.
Además de la Fiscalía, considera que la Corte de Cuentas podría activarse y a través de una auditoría especial fiscalizar el manejo del dinero producto de las transacciones que hace Dale.sv, en vista de que se usan recursos estatales.